- Este martes se vota la Cuenta Pública 2015 del Gobierno del Estado en la 62 Legislatura
- La semana pasada se suspendió la discusión del informe de la ASE por falta de quórum
Desde funcionarios de primer nivel de la actual administración hasta diputados, el alcalde de Guadalupe y el presidente del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) son señalados por presuntas irregularidades en la aplicación de recursos públicos que ejerció el gobierno de Zacatecas durante el año 2015.
Esto se advierte en la cuenta pública de ese año, cuyos resolutivos fueron leídos la semana pasada en la 62 Legislatura local, y la cual será discutida y votada este martes, después de que el jueves de la semana pasada se suspendiera la sesión ordinaria en el congreso por la ausencia de diputados en el pleno, provocando así que no hubiera el número mínimo para poder proceder con los trabajos legislativos.
Adolfo Bonilla Gómez, actual secretario del Campo y quien fue uno de los titulares de la Secretaría de Economía en la administración pasada, es quien encabeza la lista de servidores públicos en funciones con un mayor monto de observaciones resarcitorias, ascendiendo éstas a un total de 21 millones 889 mil 9.95 pesos.
Entre las observaciones que se le hacen a Bonilla Gómez se encuentra el haber pagado 635 mil 241.52 pesos por el concepto de energía eléctrica a la empresa Nagakura Engineering Works México S.A. de C.V.
Sin embargo la mayoría de este dinero, 20 millones 918 mil 368.43 pesos corresponde a recursos de los que la Auditoría Superior del Estado (ASE) señala que no se conoce su procedencia y que, según se expuso por parte de las autoridades, fueron destinados a proyectos del Fideicomiso de Impuesto Sobre Nómina.
Estos cerca de 21 millones de pesos también tienen como responsable al actual presidente del Patronato de la Fenaza, Federico Borrego Iturbe, ya que también fungió como secretario de Economía en el gobierno de Miguel Alonso Reyes.
Dentro de estos recursos se incluyen además varios directores de esta secretaría que continúan ejerciendo en los mismos cargos como Rosaura Lorenza Ulloa Delgado, Laura Alejandra Ruelas y Marco Aurelio Retes.
Estos recursos millonarios que involucran a varios servidores públicos en funciones tienen que ver con erogaciones hechas “sin soporte documental, con documentación comprobatoria incompleta, sin justificación del gasto, sin comprobante fiscal o con aclaraciones pendientes”.
José Francisco Ibargüengoytia Borrego, actual secretario de Infraestructura y quien fungió en el mismo puesto en la administración pasada, también aparece señalado por la ASE como responsable, directo o subsidiario, de una serie de irregularidades que ascienden a 20 millones 416 mil 730.56 pesos.
Entre las observaciones que se le atribuyen se encuentra el haber pagado por conceptos que no fueron ejecutados en diversas obras como el estacionamiento de la Unidad Deportiva Benito Juárez y el Centro Cultural Toma de Zacatecas.
Mientras tanto, el actual diputado local, Samuel Reveles Carrillo, es señalado como responsable de un monto resarcitorio de 4 millones 682 mil 741.69 pesos, en los que se incluyen casi 2 millones pagados a una empresa “fachada” y por los que la auditoría considera necesario presentar una denuncia de hechos.
También el legislador José María González Nava es el responsable de irregularidades por la cantidad de un millón 720 mil pesos durante 2015, cuando era el secretario de Desarrollo Social y el alcalde de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, aparece señalado con acciones resarcitorias por 313 mil pesos en ese año, cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría del Campo.
