El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) crea siete espacios que pretenden prevenir, detectar y sancionar la corrupción al interior de los órganos del Estado: la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno – Contraloría, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), el Consejo de la Judicatura Federal, y el Comité de Participación Ciudadana. Todos juntos pretender trabajar en mutuo apoyo y dependencia para lograr el efecto sistémico que se quiere. Con la promulgación de este sistema, ahora sigue la conformación del mismo esfuerzo en los estados. Y ya hay algunos intentos, los cuales no son bondadosos, sino por el contrario, tienen el objetivo de proteger al gobernador en turno; tal es el caso del fiscal a modo en Veracruz (que afortunadamente se logró evitar), y la fiscalía con cero autonomía de Sonora: al titular de esa Fiscalía no tendrá autonomía técnica, de presupuesto, ni gestión, ni presupuestaria para actuar de manera independiente. Así no se puede.
En el caso de Zacatecas, en marzo pasado, el actual gobernador electo propuso un esquema para el Sistema Estatal Anticorrupción, que rediseñara el marco institucional del gobierno y se hicieran posibles los supuestos del sistema nacional en la entidad: transparencia, fiscalización y control de los recursos. Y para esas funciones propuso cinco instancias, entra las que está la nueva Fiscalía Anticorrupción. La clave es la manera de existir de esta fiscalía: ¿tendrá verdadera autonomía o estará sujeta al Ejecutivo de alguna manera? ¿Cómo se nombrará a su titular (el fiscal)?, ¿Será propuesto por el gobernador o darán lugar a mecanismos más creativos que generen confianza? Recordamos que en las promesas del entonces candidato fue dotar de autonomía no sólo a la fiscalía de la que hablamos, sino a toda la Procuraduría General de Justicia y crear nuevos tipos penales para el caso específico de los delitos por corrupción.
Uno de los elementos que llamó la atención desde entonces fue la propuesta del órgano homólogo estatal al Comité de Participación Ciudadana del SNA: Comité Estatal de Participación Ciudadana, cuyos miembros serían elegidos por consulta pública. El papel de la sociedad civil es absolutamente clave en el sistema para exigir el cumplimiento de los procedimientos, de informes y dotar de confianza al propio sistema. Para eso se requiere que la sociedad esté más integrada en redes del tema. Es decir, que los ciudadanos propuestos en ese comité tengan la obligación de construir una red con las organizaciones de la sociedad civil y la academia para hacer circular información, peticiones y exigencias al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Otra propuesta notoria es la del Consejo Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, el cual sin duda es una buena idea, sólo debemos preguntar si su lugar está en el SEA, o en otro marco. Esteremos atentos sobre la manera en que se desarrolla el tema en Zacatecas, porque en otros estados se pone de manifiesto que de las intenciones de campaña a las cámaras legislativas se caen las propuestas.
