En los estudios sobre la oportunidad de los jóvenes a ingresar a los estudios universitarios nos encontramos que al dividir a la sociedad por grupos de ingreso (deciles), 70 por ciento de los estudiantes provienen de familias de ingresos medios-altos para arriba. Es decir, sólo 3 de cada 10 vienen de estratos de ingresos medios y bajos. En un análisis riguroso los alumnos que pertenecen a los deciles bajos, es sólo 1 de 10. Por tanto, está claro que hay una composición social absolutamente inequitativa: los pobres están excluidos de las universidades. Además, los poquísimos que logran entrar, llevan consigo estigmas que los ponen en clara desventaja, así lo señalan los estudios sobre capital cultural de dichos estudiantes: los de origen pobre vienen de familias con padres sin escolaridad y carencias culturales determinantes; los de origen rico, ingresan con un capital familiar que los pone por delante de sus compañeros. Así, la única manera de equilibrar la situación es creando medidas de compensación o discriminación positiva, sin embargo eso no ocurre u ocurre lo contrario.
El perfil “popular” de la UAZ prácticamente ha desaparecido. Y un indicador de esta afirmación es la política de cuotas. El Consejo Universitario, máxima autoridad universitaria, mandata cuotas bajas y accesibles, pero las escuelas gobernadas como feudos, cobran lo que los directores dictan: no hay normalidad alguna en dichos cobros, todas las escuelas lo hacen al margen de la ley. Y además, a nadie se rinde cuentas sobre las mismas. Sumemos: los exámenes estandarizados, que se pagan a una empresa privada, se cobran además de las cuotas específicas de las unidades académicas. Los montos son de tal magnitud que una familia de ingresos bajos está imposibilitada para cubrirlos. Por tanto, se convierten en un mecanismo de exclusión social a la educación superior. Una forma extraña de privatización dentro de una institución pública. El argumento de los directores feudales para hacer dichos cobros, es que no tienen otra manera de cubrir sus necesidades operativas. Y en lugar de trabajar por construir algún mecanismo de gestión de mayores recursos, simplemente suben los costos del ingreso a sus unidades académicas. No se recuerda la última reunión donde los directores elaboren un plan conjunto de gestión extraordinaria de recursos. Esto último es relevante, porque de hacerlo se darían cuenta que para realizar dicha gestión, requerirían el estudio de Trayectorias Estudiantiles, el cual no existe. Existen bolsas extraordinarias para gastos de operación, pero se requiere la justificación de los estudios de Trayectorias mencionados. En suma, NO han elaborado los instrumentos esenciales de planeación para hacer gestión de recursos extraordinarios, así que su descoordinación e inacción la suplen con las cuotas, que además, gastan de manera arbitraria y opaca.
