Colectivas feministas y acompañantes de las víctimas de la represión del 8 de marzo de 2024 denunciaron este domingo que el Gobierno del Estado no ha garantizado medidas reales de justicia y no repetición, limitándose a un cumplimiento parcial de la recomendación 272/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En conferencia de prensa a las afueras del Palacio de Gobierno y la Catedral, en la entrada del Callejón de la Tortura, denunciaron una capacitación policial insuficiente, la imposición unilateral de un protocolo para manifestaciones y una disculpa pública sin víctimas ni audiencia.
Criticaron que la capacitación a los cuerpos policiacos se ha limitado a solo 20 horas y a 120 elementos, cuando la fuerza de seguridad del estado supera los 3 mil efectivos. “Seguiremos exigiendo, no un proceso de capacitación con el que nos inconformamos desde el momento que lo conocimos, sino procesos de formación en donde a cada elemento haga suyo el tema de derechos humanos”, expresó María Luisa Sosa de la Torre.
Las activistas insistieron en que estos procesos formativos abarcan también la comprensión de la iconoclasia como un derecho constitucional y la capacidad de distinguir lo que constituye un acto de tortura.
Sobre el Protocolo para la Atención de Manifestaciones, denunciaron que el Gobierno del Estado lo impuso sin consensuarlo con colectivas feministas, a pesar de que estas participaron en mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Explicaron que, si bien algunas observaciones de defensoras de derechos humanos fueron incluidas, la versión final fue aprobada de manera unilateral, lo que le resta legitimidad y credibilidad al documento. Además, recordaron que la primera versión del protocolo permitía el uso desmedido de la fuerza si los policías “se sentían intimidados”, lo que dejaba un amplio margen de interpretación y represalias contra manifestantes. “Ese protocolo se derogó, pero seguimos exigiendo ese análisis”, expuso Sosa de la Torre.
En cuanto a las disculpas públicas, emitidas en videos institucionales por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, y el alcalde de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, las activistas las consideraron insuficientes y sin apego a estándares internacionales. “Las víctimas deben tener voz en este tipo de disculpas públicas, porque el objetivo es dejar memoria histórica justo de los agravios que recibieron y hacer una disculpa real, sentida”, explicó Mara Muñoz Galván.
El Movimiento Feminista de Zacatecas enfatizó que una disculpa pública no puede ser solo una formalidad protocolaria, sino un acto de reconocimiento político y social de la represión y sus consecuencias.
Puntualizaron que la exigencia es la transformación de las instituciones responsables de la represión, en favor de los derechos humanos de las mujeres y de todas las y los zacatecanos.
Asimismo, señalaron que la recomendación de la CNDH omitió reconocer los hechos del Callejón de las Campanas como tortura, a pesar de que hay pruebas contundentes que acreditan estos crímenes. Además, resaltaron que dos de las víctimas sufrieron actos de tortura particularmente brutales, que no han sido reconocidos por las autoridades.
Las feministas denunciaron la simulación en el cumplimiento de la Alerta de Género por Feminicidio, ya que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) incorporó la Medida Correctiva 33 tras los hechos del 8M, pero el gobierno estatal ha intentado darla por cumplida sin garantizar realmente la reparación del daño ni el acceso a la justicia.
Subrayaron que organismos de la ONU han emitido un apercibimiento al gobierno mexicano para exigirle que rinda cuentas por la represión del 8M 2024.
Finalmente, reiteraron que seguirán con la vigilancia del cumplimiento de la recomendación, la exigencia de justicia y la reparación integral del daño con los más altos estándares internacionales. “Nos mantenemos firmes en la exigencia de un proceso de capacitación adecuado, de la construcción de protocolos de seguridad con una perspectiva de derechos humanos y de la garantía de que la memoria de estos hechos no será borrada ni minimizada. Seguiremos vigilantes y exigiremos justicia hasta que la reparación del daño sea integral y efectiva”, concluyeron las activistas.
