El movimiento Ciudadanía Participativa dio a conocer un documento en el que el Gobierno del Estado de Zacatecas formaliza, mediante un convenio de terminación anticipada por mutuo consentimiento, la cancelación del controvertido Proyecto Integral Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec, el cual había sido objeto de múltiples juicios de amparo y provocado diversas movilizaciones ciudadanas.
El acuerdo fue suscrito por el titular de la Secretaría de Obras Públicas, José Luis de la Peña Alonso; el Subsecretario de Comunicaciones, Ulises Abraham García Báez; en representación del gobierno estatal. Por parte del consorcio contratista, conformado por Calzada Construcciones S.A. de C.V. y Construcciones y Dragados del Sureste S.A. de C.V., firmó su apoderado legal, el ingeniero Raúl Reza Navarrete.
Según se detalla el contrato original fue celebrado el 24 de enero de 2024, por un monto de 3,652 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 807 días naturales, es decir, hasta abril de 2026. Sin embargo, múltiples suspensiones definitivas dictadas en al menos siete juicios de amparo interpuestos por ciudadanos impidieron la continuación de la obra. Las autoridades argumentaron que esto imposibilitaba jurídica y materialmente fijar una fecha para reanudar los trabajos. Como se describe literalmente en el acuerdo:
“A. Suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo número 544/2025; notificada mediante oficio del Juzgado Tercero de Distrito;
B. Suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo número 588/2025, notificada mediante oficio del Juzgado Tercero de Distrito;
C. Suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo número 616/2025, notificada mediante oficio del Juzgado Tercero de Distrito;
D. Suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo número 927/2025, notificada mediante oficio del Juzgado Segundo de Distrito;
E. Suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo número 715/2025, notificada mediante oficio del Juzgado Tercero de Distrito;
F. Suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo número 1117/2025, notificada mediante oficio del Juzgado Segundo de Distrito;
G. Suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo número 870/2025, notificada mediante oficio del Juzgado Tercero de Distrito.
Las circunstancias fácticas derivadas de dichas suspensiones han imposibilitado, tanto material como jurídicamente, la continuación y conclusión de los trabajos durante el ejercicio fiscal 2026 como se habían pactado en el contrato de origen, encuadrando por consecuencia en el supuesto legal previsto en el artículo 141 fracción II de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas”.
Por ello en las cláusulas del convenio se aclara que el Gobierno del Estado tomará posesión inmediata de los trabajos realizados, levantando el acta correspondiente conforme al artículo 119 del Reglamento citado. Las partes establecerán mesas de trabajo para conciliar las actividades pendientes conforme al marco legal aplicable. El contratista se compromete a presentar, durante esta etapa, su solicitud de gastos no recuperables con la documentación comprobatoria correspondiente, misma que será analizada por el Gobierno del Estado para determinar su procedencia legal.
Una vez conciliados los trabajos, actividades y conceptos reconocibles, se elaborará el finiquito que establezca los saldos a favor de cada parte, en tanto continúan los efectos legales y administrativos derivados de los juicios de amparo. La vigencia de este convenio estará sujeta a los términos que establece la ley y no implica la renuncia de derechos por ninguna de las partes. El documento fue suscrito el 13 de junio de 2025 por representantes de ambas partes, incluyendo autoridades de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Zacatecas y directivos del consorcio contratista.
Ante esto, en un dialogo con el medio, Darío del Real Campo, representante legal de Ciudadanía Participativa, explicó que, pese a que el Gobierno del Estado había anunciado públicamente la cancelación del proyecto del segundo piso, “seguía defendiéndose el gobierno del estado aún y cuando habían hecho la rueda de prensa con el secretario de gobierno anunciando la cancelación”. Esto generó desconfianza entre la ciudadanía, que sospechaba que el gobierno buscaba ganar tiempo hasta que llegaran nuevos jueces que pudieran favorecer su causa. “Por algún momento pensamos que efectivamente estaban esperando que llegaran los nuevos jueces porque seguían defendiéndose y seguían metiendo recursos”, expresó.
Frente a esta situación, exigieron una confirmación oficial: “Exigimos que se aclarara si el gobierno del estado había cancelado la obra de manera oficial y que nos enseñaran algún documento”. Finalmente, recibieron la notificación formal de que el Gobierno del Estado entregó un convenio de terminación. Del Real Campo señaló que “ya oficialmente sí se le pone punto final a este tema del segundo piso y listo”.
También mencionó que Ciudadanía Participativa había iniciado un incidente de incumplimiento de suspensión definitiva, ya que el gobierno no acataba una orden de una jueza federal para retirar maquinaria y materiales: “No lo hacían, no lo hacían y eso acarreaba sanciones administrativas, económicas y hasta penales”. En este sentido, consideró que el actuar de las autoridades se debió a la presión jurídica: “Nosotros queremos entender que los hayamos obligado a que terminaran la obra de esta manera, porque pues ya iban a enfrentar otro tipo de sanciones”.
Así, con este documento, se cierra oficialmente uno de los capítulos más polémicos en materia de obra pública reciente en Zacatecas.
