La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha dado a conocer una denuncia por enriquecimiento ilícito contra un ex servidor público de alto rango denominado “Miguel N”, cuyo caso ha sido objeto de una investigación exhaustiva a partir de sus declaraciones patrimoniales. Ernesto González Romo, titular de la SFP, explicó que el hallazgo resulta relevante y preocupante debido al impacto social que conlleva.
A través de un video difundido en redes sociales, Ernesto González Romo informó que la Secretaría de la Función Pública recibió una denuncia sustentada en indicios que motivaron una revisión minuciosa de las declaraciones patrimoniales de un ex funcionario, quien ocupó un cargo público entre 2010 y 2016.
Al iniciar la investigación, el equipo de la SFP no tenía grandes expectativas de hallar irregularidades, ya que, como explicó González Romo, los políticos profesionales suelen ser muy cuidadosos con sus declaraciones y, además, los actos de corrupción a alto nivel generalmente se realizan mediante transacciones en efectivo, lo que dificulta su rastreo.
Sin embargo, la evolución patrimonial registrada en las declaraciones del denunciado mostró un patrón inexplicable. Durante el primer año registrado, el funcionario declaró un patrimonio total de 4 millones 258 mil pesos, sin fondos en cuentas bancarias ni efectivo. Para el año siguiente, esa cifra en efectivo y bancos se disparó hasta 7 millones 227 mil pesos, a pesar de que sus ingresos anuales rondaban un millón 300 mil pesos. Este incremento desproporcionado sin una fuente clara de ingresos llama la atención de las autoridades.
La investigación revela que, para el cierre de su periodo en 2016, el patrimonio declarado había aumentado a más de 21 millones 400 mil pesos, incluyendo múltiples propiedades y significativas sumas en efectivo y cuentas bancarias. “Si descontamos lo que ganó y tomamos en cuenta sus gastos, aún así hay variaciones por más de 17 millones de pesos que son absolutamente inexplicables”, afirmó González Romo.
El titular señaló que, aunque debe resguardar el debido proceso y evitar revelar datos sensibles, considera importante compartir estos hallazgos con la opinión pública para generar presión social sobre la Fiscalía Anticorrupción del Estado, institución encargada de investigar y judicializar el caso.
Lamentablemente, la carpeta de investigación por este asunto lleva abierta más de tres mil días sin avances visibles, lo que implica años de impunidad. Ante esto, la Secretaría de la Función Pública entregó la información recabada para que la Fiscalía General de Justicia del Estado retome el expediente y dé seguimiento efectivo al caso.
“Es una carpeta que tiene elementos suficientes, nosotros estamos presentando información suficiente, sin embargo, es una carpeta que tiene más de tres mil días de impunidad. Entonces, quise compartir esta información con ustedes porque me parece que es relevante, me parece que es trascendente” resaltó.
González Romo hizo un llamado respetuoso pero firme a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie y actúe en este asunto, así como a la ciudadanía para que exija justicia y transparencia en casos de corrupción de altos funcionarios públicos.
