— Es una estrategia de presión para que abandonemos nuestros hogares: delegado
— No somos voceros ni defensores de la empresa, absolutamente, afirma el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo
— Asevera que hay riesgo de derrumbes; el peligro es latente desde hace meses, pero se ha recrudecido por las lluvias abundantes
— Tenemos sospechas por los “repentinos” llamados de supuestos riesgos de que colapse la tierra, advirtieron los colonos
El secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, urgió a las 18 familias que aún permanecen en Salaverna, Mazapil, para que abandonen el lugar debido al riesgo de derrumbes por la temporada de lluvias.
El peligro es latente desde hace meses, sin embargo de un tiempo a la fecha se ha recrudecido por las lluvias abundantes que generan humedad y reblandecimiento de las tierras, aseguró el funcionario, quien negó que la mención del tema en este momento se trate de un asunto político o de una nueva forma para presionar a los pobladores a fin de que salgan del lugar.
El grupo de pobladores permanece en el lugar en espera de que la empresa Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim, ofrezca mejores condiciones para que los habitantes abandonen sus casas y propiedades, a fin de que inicie la explotación del lugar donde se pretende operar una mina a cielo abierto.
En ocasiones anteriores, los pobladores de Salaverna, en voz del delegado de la comunidad, Roberto de la Rosa, expusieron sus sospechas por los “repentinos” llamados de supuestos riesgos de derrumbes, al considerar que se trata de una estrategia de presión a fin de que abandonen sus hogares y la empresa comience con la explotación.
Al respecto Escobedo Villegas insistió en que el tema no corresponde a intereses políticos o económicos, sino a la urgencia de Gobierno estatal por preservar la seguridad y la vida de las familias que aún permanecen en el lugar, y que no se había tratado con anterioridad debido al proceso electoral.
“No estamos aquí con ningún otra intención que hacer esta advertencia. No somos voceros ni defensores de la empresa, absolutamente. Lo que queremos es las mejores condiciones de los zacatecanos”, dijo Escobedo, por lo que se negó a hablar sobre la negociación entre la empresa y los pobladores, aunque reiteró su disposición a intervenir como mediador.
Recordó que desde noviembre pasado realizan visitas a la comunidad para fungir como intermediarios con los pobladores a fin de hacerles saber los riesgos a que se enfrentan si deciden permanecer.
Aseguró que el exhorto no es un tema nuevo, pues desde agosto pasado la Secretaría de Economía realizó un estudio que dio como resultado el señalamiento de los riesgos que corren los pobladores y que coincide con un análisis elaborado por la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a petición de la Iglesia Católica.
Protección Civil niega
explosiones en la comunidad
El secretario general de Gobierno estuvo acompañado por el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Benjamín de León Mojarro, así como por autoridades de Protección Civil Estatal y Municipal, quienes coincidieron en la urgencia de que se desaloje el lugar.
De León Mojarro informó que de acuerdo con la última supervisión en el lugar, realizada el pasado 21 de junio, el agua del arroyo Eligio, que pasa por la zona, se filtra al interior de una sección de la mina que está abandonada y aunque no representa riesgo para los trabajadores, sí requiere ser bombeada para que continúen las labores en la parte activa.
Los funcionarios negaron que los hundimientos sean resultado de las actividades de la empresa minera, como los pobladores de Salaverna han denunciado, sino que se trata de consecuencias por las condiciones estructurales de la geología, pues aseguraron que no existe registro de explosiones en el lugar, además de que la dinamita es una herramienta que ya no se usa desde hace 30 años.
Finalmente, Escobedo Villegas reiteró alertar a los habitantes sobre el riesgo de hundimiento sea una estrategia más de hostigamiento y ofreció la participación de Gobierno estatal para alcanzar una “propuesta integral”, es decir, generar condiciones de dignidad para los habitantes, ya sea en Nuevo Salaverna o en otro lugar, con la garantía de que abandonar sus hogares no significaría ceder ante la minera.
