Durante una conferencia de prensa liderada por miembros y candidatos de la coalición «Fuerza y Corazón por México» (PAN PRI PRD), Natalia Daniela del Muro Quiñones detalló la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) tras ser destituida de manera injustificada como contralora de Guadalupe, atribuyendo esta acción a un acoso laboral continuo. La denuncia fue respaldada por el candidato Roberto Luévano y otros miembros de la coalición, quienes argumentaron que representa un evidente abuso de poder por parte de la administración de Morena, incluyendo al actual presidente municipal y candidato José Saldívar.
Del Muro Quiñones declaró que la razón principal de hacerlo público fue la necesidad de fijar su postura respecto a lo que ella califica como una destitución arbitraria del Cabildo del municipio de Guadalupe, en la que se vio involucrada sin que se respetaran sus derechos de audiencia y debido proceso.
Denunció que la destitución fue llevada a cabo sin darle la oportunidad de defenderse de las acusaciones formuladas en su contra por el secretario de Gobierno municipal, Tereso Hernández Escareño. Incluso, afirmó que se llegó al extremo de cambiar las cerraduras de las oficinas del Órgano Interno de Control sin un aviso previo. Pese a esto, manifestó que su destitución no le tomó por sorpresa, ya que previamente había sido objeto de acoso laboral y personal por parte del grupo político que controla el Ayuntamiento.
Señaló que las dificultades que enfrentó se debieron a su ejercicio de facultades como titular del Órgano Interno de Control municipal, mencionando acciones como el retiro de recursos materiales y humanos, combustible y la negativa a recibir oficios, así como responder a solicitudes de información.
Destacó acciones específicas, como la instrucción del tesorero para negar el servicio de carga de combustible al Órgano Interno de Control y la orden de la presidencia para no recibir documentación emitida por este órgano. Además, denunció la violación de competencias por parte de la presidencia al dejar sin efecto un documento sobre el cambio de titularidad del área investigadora; e incluso se llegó a enviar personal policial con la intención de intimidar al personal.
Además, argumentó que estas acciones constituyen violencia política de género, al limitar arbitrariamente el uso de recursos inherentes a su cargo por ser mujer, según lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres con una Vida Libre de Violencia. Del Muro Quiñones expresó preocupación por su seguridad y la de su familia, atribuyendo a los funcionarios municipales la responsabilidad de cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir.
Verónica Alamillo Ortiz, presidenta estatal del PAN, expresó su solidaridad hacia la ex contralora y denunció el hostigamiento y uso del aparato gubernamental en Guadalupe. Criticó la actuación de los gobiernos de Morena, resaltando que están desesperados por no perder en las elecciones. Además, mencionó el papel del órgano interno de control en la vigilancia de recursos públicos y acusó al gobierno municipal de actuar de manera indebida para evitar la transparencia. Asimismo, llamó a la ciudadanía a no permitir estas prácticas y respaldó a los candidatos de su coalición.
Por su parte, Carlos Peña presidente estatal del PRI, reafirmó el respaldo de su partido y denunció la vulneración de la ley y la administración pública. Criticó la arbitrariedad de las acciones del gobierno municipal y llamó a la ciudadanía a no tolerar este tipo de comportamientos. Por lo que expresó su compromiso con el estado de Zacatecas y el rechazo a las prácticas autoritarias de Morena.
El diputado José Juan Mendoza Maldonado expuso su conocimiento sobre la red de corrupción arraigada en Guadalupe, señalando la figura de un líder político prófugo como su principal instigador. Criticó la destitución de la contralora como un intento de encubrir la corrupción sistemática en la región, cuestionando el modelo de designación de la contraloría que, según él, facilita la cooptación política.
Además, instó a la detención del expresidente municipal como el responsable de esta supuesta red corrupta, denunciando la falta de rendición de cuentas por parte de la Fiscalía y la presencia de temor y corrupción en el municipio.
Finalmente, Roberto Luevano, candidato a la presidencia de Guadalupe, expresó su preocupación por el uso indiscriminado de recursos públicos en el proceso electoral. Destacó la importancia de respetar las instituciones y la ley, y solicitó una revisión y auditoría de las acciones realizadas.
Consideró que la destitución de la excontralora demuestra un acto de corrupción grave en contra del pueblo de Guadalupe, por ende, criticó la falta de imparcialidad en la presente contienda y exigió que se respete la transparencia y la legalidad.
Además, señaló el miedo del gobierno actual a perder en las elecciones y llamó a la sociedad a estar informada sobre lo que está sucediendo, afirmando que los responsables de tales acciones injustificadas están en mano de la actual administración de Guadalupe, sobre todo el actual alcalde, José Saldívar; como un intento desesperado de asegurar su reelección.
Condenó pues la práctica de acciones ilegales y corruptas por parte del gobierno y afirmó su compromiso con el respeto a las instituciones y la justicia.
