Brasilia. Un día después de las multitudinarias protestas contra el gobierno, la presidenta brasileña Dilma Rousseff prometió hoy escuchar con “humildad” las demandas populares y se manifestó abierta al diálogo con todos los sectores, incluso los de oposición.
“Estamos dispuestos a dialogar con todos, en una actitud de humildad, dispuestos a escuchar lo que digan”, aseveró en una conferencia de prensa la mandataria, quien inició hace menos de tres meses su segundo mandato, conquistado en las urnas de octubre del año pasado.
Según Rousseff, las protestas de este domingo, que según la policía reunieron a 1.7 millones de personas en todo el país, son una muestra de la solidez de la democracia brasileña recuperada hace exactas tres décadas, cuando terminaron los 21 años de dictadura militar.
La presidenta, quien integró una organización guerrillera de combate a la dictadura y fue presa y torturada, aseveró que, al ver las protestas de este domingo, sintió que “valió la pena luchar por la libertad, valió la pena luchar por la democracia”.
La misma actitud de “humildad” fue asumida por los principales asesores de Rousseff, que se reunieron hoy con la mandataria para evaluar las protestas de la víspera.
“Cuando vemos este tipo de clamor en las calles, es porque algo está mal”, expresó el vicepresidente Michel Temer, tras participar hoy en la reunión con la presidenta, a la que acudieron además nueve ministros de Estado.
Temer señaló que el tema central del encuentro fue analizar “qué puede hacer el gobierno para atender el clamor de las calles”.
Un tono similar adoptaron hoy los ministros de Justicia, José Eduardo Cardozo, y de Minas y Energía, Eduardo Braga, en una rueda de prensa –la segunda en menos de 24 horas– realizada en Brasilia para comentar las manifestaciones de protesta contra la corrupción y la política económica del gobierno.
Braga afirmó que el desequilibrio de las cuentas públicas que alimenta hoy el aumento de la inflación y frena el crecimiento de la economía resulta de las políticas contracíclicas que adoptó el gobierno para proteger a los brasileños más pobres de los efectos de la crisis financiera internacional de 2008.
“El gobierno utilizó hasta el límite de la responsabilidad su capacidad de conceder subsidios y exenciones de impuestos para enfrentar el desafío (de la crisis) manteniendo los programas sociales”, sostuvo.
El ministro afirmó que ahora son necesarios ajustes y aumentos en los precios de tarifas públicas para “asegurar los fundamentos de la economía y hacer que el país vuelva a crecer con intensidad”.
