Nueva York. Decenas de expertos en derechos humanos internacionales y el centro Robert F. Kennedy Human Rights instaron al gobierno de Enrique Peña Nieto redoblar sus esfuerzos y asumir un mayor compromiso en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos forzadamente en septiembre de 2014.
En una carta abierta dirigida al presidente Peña Nieto, los expertos señalan que la investigación oficial ha generado “serias preocupaciones”, al indicar que las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “desvirtúan las conclusiones de la Oficina del Procurador General de la República sobre el motivo o los métodos de los crímenes”, afirmó el Centro Robert F. Kennedy.
La misiva expresa “nuestra profunda preocupación” sobre la desaparición de los normalistas y se envía para “instar al gobierno a disponer el mayor esfuerzo y compromiso para determinar el paradero y proporcionar verdad y justicia a las víctimas, sus familiares y al pueblo de México en este atroz acontecimiento”.
Los firmantes elogian el informe del GIEI y apoyan la petición de los familiares para extender el tiempo necesario de su mandato “teniendo en cuenta que la obligación del gobierno es aclarar lo sucedido a los estudiantes desparecidos y descubrir dónde se encuentran, una tarea en la cual la participación e investigación del GIEI resulta crucial”.
Hipótesis oficiales, “científicamente imposibles”
Señalan en su carta al presidente mexicano que el GIEI descubrió múltiples errores en la investigación, “incluyendo el mal manejo de evidencia y la omisión de testimonios”. Subrayan que los hallazgos de este grupo “no coinciden con las conclusiones” de la PGR sobre el motivo o métodos de lo sucedido, y determinó que varias de las hipótesis oficiales eran “científicamente imposibles”. La carta enumera varios de estos errores y contradicciones y resalta que el informe de la GIEI “encontró que tanto policías estatales y federales, como miembros del Ejército mexicano, tuvieron conocimiento y estaban presentes en varias escenas del crimen caracterizadas por el brutal uso de la fuerza, sus largas horas de duración y la coordinación del ataque hacia los estudiantes, sin interceder para proteger la vida de sus conciudadanos”.
Al destacar que la PGR analiza el informe, los expertos piden “implementar todas las recomendaciones” del GIEI. Entre estas, continuar con la búsqueda de los estudiantes, ya que “mientras los estudiantes permanezcan desparecidos, el caso debe ser considerado como una investigación abierta de desapariciones forzadas”; reorientar las líneas de investigación y asignar una nueva unidad de investigación; permitir al GIEI entrevistar a todas las autoridades, incluyendo el Ejército mexicano y la policía federal; garantizar la atención adecuada a las víctimas; y resolver el problema de desapariciones forzadas en México.
“A más de un año de sus desapariciones, el paradero de los estudiantes sigue sin conocerse, pese a la declaración prematura de la Procuraduría General de la República de que la ‘verdad histórica’ sobre el caso ya se había resuelto. Para el inmenso pesar y desesperanza de las familias de los estudiantes, sus seres queridos aún no regresan a casa”, escriben los expertos.
Concluyen que “continuaremos monitoreando el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y los informes que indican el elevado número de desapariciones forzadas en México”.
Entre los más de 50 firmantes se encuentran profesores de derecho de varias universidades estadunidenses, europeas y latinoamericanas, directivos de organizaciones de derechos humanos de varios países, incluyendo a Frank La Rue, director de Robert F. Kennedy Human Rights-Europa, Mark Ellis, director de la Asociación Internacional de Abogados, Karim Lahidji, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Helen Mack de la Fundación Myrna Mack, Aryeh Neier, presidente emérito de Open Society Foundations, Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, Joy Olson, directora de la Oficina para América Latina en Washington, Santiago Cantón y Kerry Kennedy del Robert F. Kennedy Human Rights.
Congreso de EU, pendiente
Cuatro integrantes del GIEI se presentarán en un foro informativo para legisladores y sus equipos en el Congreso de Estados Unidos el próximo 21 de octubre. El foro patrocinado por la oficina del representante federal Alan Lowenthal (integrante del Comité de Asuntos Extranjeros de la cámara baja), la Oficina para América Latina en Washington (WOLA) y el Instituto México del Woodrow Wilson Center será para brindar información sobre el trabajo y el informe de los expertos sobre el caso de Ayotzinapa, la investigación del caso y sus implicaciones para la cooperación estadunidense con México.
