El “segundo piso de la 4T” debe estar muy claro para opinar asertivamente de él y defenderlo. A quienes nos ha tocado vivir este tramo de la vida pública de México tenemos la oportunidad de comparar, asimilar, reflexionar y proponer con conocimiento directo de causa. Las nuevas generaciones sabrán, solo como parte de la historia, del México previo a la Cuarta Transformación.
La oposición derechista ha hecho críticas infundadas al gobierno de la 4T por no tener mayores resultados en la aprehensión y encarcelamiento de políticos corrutos, de importantes elementos del crimen organizado y, en general, de un mayor impacto en materia de seguridad. No aclaran, pero sí ocultan, que la elección del 2018 sólo cambió la correlación de fuerzas en el Poder Legislativo y definió a un nuevo Poder Ejecutivo presidido por Andrés Manuel López Obrador, pero no tocó las estructuras del Poder Judicial, porque éste no se integra por elección popular, ni mantiene relaciones profesionales con la diversidad social. Para ese poder, la resolución pacífica, electoral, legal y democrática del 2018 sólo pasó como una lluvia mientras jueces, magistrados y ministros estuvieron en protección y en encierro. Se trata de una transformación todavía inconclusa, pero en proceso.
Esos falsos e hipócritas “críticos” del proceso de transformación, pretenden encubrir que el grueso de la administración y procuración de la justicia es responsabilidad del Poder Judicial. Ocultan que funciona mal porque está desfasado. Funciona para garantizar privilegios de “justicia” según el modelo de sociedad que ya estamos mandando a la historia. Gracias a esas deficiencias judiciales muchos de esos fervientes “críticos” están libres. Como Javier Lozano, Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, Alejandro (“Alito”) Moreno, Xochilt Gálvez, Ricardo Salinas Pliego, Claudio X. González, Amparo Casar, Carlos Loret de Mola, entre muchos otros evidentes delincuentes de cuello blanco que no han perdido su honorabilidad porque hay un aparato judicial que los mantiene como ciudadanos ejemplares.
Para la mayoría del pueblo mexicano no ha pasado desapercibido que ese poder sigue respondiendo a los intereses del modelo de desigualdades sociales que construyó la oligarquía económica rancia y depredadora, tanto la mexicana como la extranjera, misma que ha tenido a su disposición a una clase política burocrática, parasitaria, corrupta y antipatriota que electoralmente se le conoció como PRIANRD. El pago ha consistido en percepción económica elevadas, prestaciones institucionales no contempladas y hasta prohibidas por la ley, vida aburguesada, escandalosos privilegios e impunidad de cuello blanco.
He estado frente a ministros y magistrados federales, puedo dar fe de que, por lo general, su personalidad es fría, discriminatoria, racista, clasista, deseducada, majadera, altanera, prepotente y ególatra. Seguro no son así con Salinas Pliego, Alonso Ancira, Germán Larrea o a los magnates de empresa transnacional. Seguro que con ellos pueden charlar largo, tendido, a carcajada. Unos y otros son hombres de negocios. Para el prototipo del funcionario del Poder Judicial la práctica “profesional” de la justicia es una mercancía y no un derecho. Igual que para el abogado común. “Quién paga manda”, aunque sea culpable hay que buscar su exoneración, su impunidad.
Insisten en su narrativa ideológica de que, toda esa estructura de relaciones sociales que se encarnan en el Poder Judicial debe mantenerse en independencia y en función de “contrapeso”. Sus dichos, hechos y justificaciones que esporádicamente dan, principalmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejan constancia de que forman un todo orgánico con las altas jerarquías políticas, del crimen organizado y de la gran empresa nacional y extranjera que dieron forma al México de las injusticias y las desigualdades sociales que estamos dejando. Esa misma perspectiva lógica, comprobable también por su praxis judicial, personaliza al ente judicial como una real, aunque burda, fracción opositora de la transformación. Papel semejante se replica en otros aparatos institucionales por transformarse o desaparecer, como el INE, INAI, CJF y el Tribunal Electoral.
En el México actual, por derecho obvio y por el nivel de conciencia social manifiesto, hay la exigencia de un gobierno (entendiendo los tres poderes) que represente sus intereses definidos democráticamente y elevados como Estado de Derecho. Ocupa de sus tres poderes, e igual a los tres niveles de gobierno, a un aparato público que colabore entre sus partes para dar respuesta a los rumbos soberanamente decididos y a los muchos problemas sociales que deben ser resueltos.
En actualidad, el Poder Judicial no es un organismo autónomo, independiente, apartidista y colaborador con los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Ha interpuesto intereses de clase, incluso los de partido opositor (la reunión promovida por Norma Piña con Alito Moreno y el Tribunal Electoral es un ejemplo), por encima de sus objetivos sustantivos. Ha llegado el momento de más cambios y quitarle ese poder al crimen organizado y al de cuello blanco.
