Si bien es cierto nadie creyó la solicitud de una orden de aprehensión solicitada por el procurador electoral contra el dirigente de un partido presuntamente ecologista, infractor sistemático de la legalidad, nombrado sorpresivamente subsecretario para la prevención del delito, fuese debida al funcionamiento ordinario de la maquinaria legal, activada por una o varias denuncias interpuestas por alguna instancia ante la autoridad competente, sino la especulación más socorrida apuntó un ajuste de cuentas desde la cúpula del poder, a un aliado cuyos escándalos continuos y onerosas facturas habían tornado sumamente incómodo; lo que difícilmente posibilitaba una explicación de naturaleza distinta, habida cuenta la nula confianza que el desempeño institucional inspira en los observadores de la vida pública de este guadalupano país.
La secuela sin embargo desmiente, según parece, total o parcialmente lo anterior, ya que tras un hermético silencio inicial encumbrados personajes de la nomenclatura política como los senadores Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, movidos acaso por algo más que la solidaridad debida a un coparticipe de cierto tipo de fama, salieron a despotricar contra un fiscal que no resulta, según los rigurosos estándares propios de estos legisladores, tan impecable y diamantino como su investidura requiere, pues un análisis puntilloso de sus antecedentes arrojó como resultado que omitió asentar en su currículum haber sido asesor jurídico, en el mismo senado en que los inquisidores se desempeñan, de la fracción correspondiente a un partido distinto, aunque no tanto, del que a ellos abandera.
El siguiente episodio de este reality show fue el que introductoriamente protagonizaron conocidos comunicadores de paga, mismos que se rasgaron las vestiduras por el “engaño” del fiscal Peña como preámbulo de la negativa de una juez para obsequiar la solicitud del escándalo, pues encontró “insuficientes” las pruebas presentadas, y la reaparición triunfal del “agraviado”, quien entre vítores y palmas de sus colegas anunció urbi et orbi se disponía a restaurar su “honor” personal y familiar mediante sendas demandas penal y civil contra el fiscal susodicho.
Creo que un análisis imparcial de este affaire conduce fatalmente a la conclusión de que SI hubo engaño por parte del fiscal supradicho, si bien no por la omisión que se le reprocha, sino por hacer creer a sus reclutadores se proponía ser una mero amanuense cuando lo que pretendía en realidad era convertirse en un verdadero fiscal. ■
