Carlos Peña Badillo, alcalde de la capital, mencionó que el proyecto de peatonalización en la avenida Hidalgo se elaboró desde administraciones pasadas y se está valorando en conjunto con Gobierno del Estado, aunque no se tiene planeado llevarlo a cabo en corto plazo.
“Es un proyecto que por mucho tiempo se ha venido manejando y que no se ha consolidado; ha existido, existe y lo hemos valorado como una posibilidad. Se ha platicado con Gobierno del Estado, quien tampoco lo ha descartado, pero no quiere decir que esto se esté pensando implementar en un mes o en 8 días o en este año; es un proyecto vigente y que se analiza; pueda llevarse a la realidad o no, más allá de nuestra administración”, dijo Peña.
Comentó que un esquema de este tipo debe socializarse, pues hay que tomar en cuenta que en el Centro Histórico existen sectores como el comercio, el de hoteleros, entre otros; sin embargo, puso como ejemplo que en otras ciudades se han dado situaciones en las que se demuestra que se puede convivir en una zona peatonal.
Peña Badillo indicó que trabajos de este tipo debe contar con la aprobación de la ciudadanía y que es algo a lo que se puede aspirar tomando en cuenta el Centro Histórico con el que cuentan los zacatecanos.
“Este proyecto es parte integral de lo que se considera en el Plan de Manejo del Centro Histórico, y es un tema que se ha tocado en las mesas de certificación del centro; no se descarta, pero tampoco es un hecho de que vaya a iniciar en lo inmediato, es algo que está sobre la mesa y para que sea un hecho habrá que agotar la socialización correspondiente y que sea en beneficio de todos los zacatecanos”, apunto el alcalde.
Respecto al desalojo del bar La Chopería, el cual se encontraba en uno de los locales del Mercado González Ortega, explicó que el negocio debió renovar su contrato de arrendamiento a finales de año pasado.
Sin embargo, la empresa que tenía el contrato, y que es una persona moral, no tuvo interés en renovarlo ni seguir con el negocio, pues se argumentó que se tenían otros proyectos a futuro.
Fue por eso que se notificó que tenían como plazo 3 meses para desalojar el inmueble, y a la fecha no se tiene un contrato que permita operar este negocio, por lo que el ayuntamiento debe recuperar el espacio.
Aclaró que se usó la fuerza pública porque no se tuvo respuesta de los interesados para seguir con el arrendamiento y en el desalojo se contó con la presencia de un notario público para que diera fe de lo que se decomisó.
“Nuestro contrato fue con una persona moral, no física, pero si una persona física cree que fue perjudicado está en la libertad de actuar en consecuencia, como lo haremos nosotros con quienes buscaron impedir incluso de forma grosera esta diligencia que se hizo de forma legal”, dijo Peña.
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