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jueves, 28 marzo, 2024
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■ Comentarios Libres Urgente reforma al poder judicial

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Por: SOCORRO MARTÍNEZ ORTIZ •

La pugna que se generó la semana anterior en el TEPJF por el control de esa máxima autoridad electoral, cuando cinco integrantes de la Sala Superior destituyeron a su presidente el magistrado José Luis Vargas, imponiendo en su lugar al también magistrado Reyes Rodríguez, ha evidenciado la gran descomposición en que se encuentra inmerso el poder, que debiera ser garante de la confianza democrática en nuestro país.

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Particularmente en estos días, no se justifica la actitud de los magistrados primero, porque siendo ellos quienes tienen la facultad de dirimir las controversias sometidas a su consideración por partidos y ciudadanos, dejan en tela de duda el grado de objetividad e imparcialidad en que sustentarán sus resoluciones, anteponiendo intereses personales a los de la propia institución. Segundo, porque se encuentran pendientes de resolver impugnaciones derivadas del proceso electoral intermedio 2020-2021, cuya jornada se llevó a cabo en junio pasado. El tiempo apremia, porque el 1 de septiembre próximo el Congreso de la Unión, iniciará su primer periodo de sesiones ordinarias con la Cámara de Diputados “ya renovada”.

Hecho como el mencionado obliga a los siguientes comentarios, toda vez que no sólo en ese órgano se aprecian problemas de tal naturaleza, sino que existen otros, en los que además, no son pocos sus integrantes que carecen de buena reputación, como tampoco siempre, se encuentran en ellos, personas distinguidas por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, mucho menos han servido con eficiencia , capacidad y probidad en la impartición de justicia.

Me refiero a la Suprema Corte de Justicia der la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal y demás… Es decir, al Poder Judicial en su conjunto, tanto federal como local, en donde permea la corrupción, el nepotismo, enriquecimiento ilícito y todo tipo de prevendas. Estos funcionarios se fijan ingresos como sueldo y todo tipo de prestaciones laborales por encima de los establecidos legalmente.

Hace unas semanas en el mes de abril, la SCJN se vio involucrada un escándalo ya que el presidente AMLO, presentó iniciativa de ley aprobada por el Congreso y publicada en el DOF, mediante la cual, el artículo décimo tercero de la reforma judicial., extendió dos años el mandato del titular de la SCJN, con el argumento de que serviría para impulsar una profunda reforma del poder judicial. Con tal reforma, el ministro Arturo Zaldívar terminaría su mandato el 31 de diciembre de 2024 en lugar del 31 de diciembre de 2022, como realmente corresponde.

No obstante, esta ley despertó todo tipo de críticas por su inconstitucionalidad y generó malestar en el estamento de justicia. AMLO públicamente la defendió bajo el argumento de que llevaba como finalidad una reforma al interior del poder judicial. A pesar de ello el ministro Zaldívar públicamente dio a conocer su decisión de concluir su mandato para la fecha que fue nombrado, el 31 de diciembre de 2022.

Aunque AMLO ha mostrado preferencia por el titular de la SCJN, ha cuestionado pública y severamente al poder Judicial, lanzando todo tipo de descalificaciones e insultos, llamando hipócritas y falsarios a jueces, magistrados y ministros: diciendo incluso que todo dentro del poder judicial “está podrido”,

Y es que ciertamente, de los tres poderes de la Unión el Judicial es el más opaco, toda vez que la ciudadanía no conoce a ningún ministro, magistrado o juez. Tampoco se da cuenta de sus facultades ni la manera en que las ejercen. Esa falta de compromiso de los integrantes del poder judicial frente a la sociedad, es lo que les permite “escudarse”, “tomar distancia” “ponen barrera” para actuar muchas veces “a modo” y no siempre imparten justicia ciñiéndose de manera estricta al mandato de la ley.

Por todo lo anterior, es urgente una verdadera reforma, existen los instrumentos constitucionales y legales para lograrlo. De ninguna manera se debe esperar a que sea el Consejo de la Judicatura Federal quien asuma su papel más activo en la vigilancia de la conducta de los ministros, magistrados y jueces, porque no se trata de moralizar y purificar al poder Judicial.

Se trata de una reforma que proponga el nuevo nombramiento de ministros, con objeto de restablecer la autonomía del Judicial y despojar de esa facultad al Ejecutivo.

Debe iniciar ya la reforma. La Constitución faculta para presentar iniciativas al presidente de la República; a los diputados y senadores al Congreso de la Unión; a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, sí como a los ciudadanos en términos de ley.

Por la naturaleza de la función que desempeña, es difícil imaginar que los integrantes del poder Judicial fuesen ser electos popularmente, ya que estarían sometidos a los partidos políticos que los postule.

Un punto de vista personal, sería que el nombramiento de ministros fuese mediante la evaluación conjunta y anónima de un equipo de académicos, que no conozca a los sustentantes y a la vez, que éstos tampoco conozcan a los académicos. Esto garantiza objetividad en el resultado.

Sólo insultar, arremeter, quejarse en contra de este poder, sólo fortalece su descomposición. ■

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