En conferencia de prensa del colectivo Ciudadanía Participativa, se destacó la relevancia del amparo 1117/2025 que ordena el retiro inmediato de maquinaria del viaducto elevado por carecer de estudios y permisos, y se urgió al gobierno estatal a cancelar el contrato con la constructora.
Se anunció un foro ciudadano sobre la elección de jueces para fomentar una participación informada. También se denunció una grave intromisión del gobierno en el proceso electoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, lo que pone en riesgo su autonomía, y se exigió al gobernador David Monreal que retire su intervención tanto en la universidad como en el Poder Judicial.
El abogado Darío Del Real Campo tomó la palabra para referirse al juicio de amparo 1117/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de Zacatecas. Explicó que la suspensión definitiva recientemente concedida posee características distintivas muy relevantes.
Según indicó, dicha resolución ya aborda temas fundamentales como el interés superior de la vida, la utilidad pública, y la ponderación de derechos entre el derecho a la ciudad y el derecho a la movilidad. Lo más importante, añadió, es que la suspensión ordena que se retire la maquinaria y los materiales de construcción debido a las afectaciones que están generando a la ciudadanía.
Informó también que ese mismo día habían revisado el expediente por la mañana y que las autoridades responsables ya fueron notificadas, por lo cual esperaban que ese mismo día, o al día siguiente, se iniciara la desocupación del área de construcción.
Del Real Campo expresó que era necesario conocer si el Gobierno del estado tenía algún plan para cubrir los hoyos presentes en el área intervenida, así como saber si existe un plan emergente para que el gobierno cancele el contrato con la empresa constructora.
Recordó que dicho contrato da origen a un consejo consultivo, presidido por el secretario de Obras Públicas, y consideró pertinente que ese consejo se reuniera para analizar la viabilidad de rescindir el contrato ante las afectaciones al erario público y a la ciudadanía de Zacatecas.
Del Real Campo también pidió a la ciudadanía seguir promoviendo amparos, al considerar que esa es la única vía formal de defensa ante cualquier intento de manipulación jurídica por parte de autoridades o nuevos jueces.
Reafirmó su confianza en la justicia federal, asegurando que hasta ahora los jueces han protegido a la ciudadanía y agradeció la valentía de los juzgadores, jueces y secretarios de estudio y cuenta que han participado en los procesos de amparo.
Posteriormente se anunció la próxima realización de un foro ciudadano enfocado en el proceso de elección de jueces, con el objetivo de fomentar una participación informada de la población. El foro servirá como un espacio para que la ciudadanía conozca a los aspirantes, sus trayectorias, opiniones y posturas ante temas relevantes como el proyecto del segundo piso.
Se puntualizó que el evento se llevará a cabo el próximo 22 de mayo en la Casa de la Cultura, con una convocatoria abierta para que los jueces que lo deseen puedan asistir.
Por su parte, el académico Rodolfo García Zamora expuso una reflexión profunda sobre dos aspectos clave: la situación crítica de la universidad y el uso de recursos públicos en Zacatecas.
En primer lugar, se destacó la importancia del amparo que ratificó la inviabilidad técnica y legal del proyecto del viaducto elevado, y se planteó que los 3,500 millones de pesos destinados a esa obra podrían utilizarse en prioridades urgentes del estado. En ese sentido, se hizo un llamado al Congreso del Estado a abrir un foro público para discutir el destino de esos recursos y evitar su desvío.
Sin embargo, también se denunció una grave crisis institucional en la universidad. A solo 24 horas del inicio del proceso electoral para renovar la rectoría, la Fiscalía estatal liberó una orden de aprehensión contra el rector en funciones, basada en una denuncia personal que ya tenía meses. Simultáneamente, se difundió otra denuncia contra la candidata rival por la compra de un inmueble, en un intento por desacreditar su candidatura.
La coincidencia temporal de estas acciones generó gran preocupación, ya que ambas denuncias fueron utilizadas para deslegitimar el proceso electoral universitario, aparte de que eran denuncias que, dijo, los universitarios ya conocían.
“El propósito es invalidar la candidatura de la doctora Jenny González Arenas que jurídicamente no tiene ninguna impugnación porque la compra de inmueble se hizo de acuerdo a la normatividad federal, pero se aprovecha para dejar como candidato único al candidato oficial del ex rector Rubén Ibarra y que es el candidato de David Monreal. Y esto representa una violentación del proceso electoral” agregó.
Se advirtió sobre el riesgo de que esta intervención política derive en la imposición de una junta de gobierno, como ha ocurrido en otras universidades del país, eliminando procesos democráticos internos y debilitando la autonomía universitaria.
“Todo a partir de esta instrumentalización en la Fiscalía estatal, que no es la primera ocasión en que el gobernador David Monreal instrumentaliza la Fiscalía para salir adelante con problemas penales de tipo personal y con problemas penales de funcionarios como el ex alcalde de Guadalupe que pertenece a su grupo político” afirmó.
Asimismo, se denunció que el Gobierno estatal ha ignorado las capacidades de los más de 500 investigadores de la universidad, desperdiciando su potencial para resolver los problemas estructurales del estado.
