Este lunes, Jenny González Arenas, candidata a rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para asistir a la audiencia inicial a la que fue citada por presunta administración fraudulenta; el juez cedió una ampliación de 144 horas, por lo que el proceso continuará hasta el sábado.
Asimismo, la Fiscalía solicitó una medida cautelar misma que fue cedida, para que la imputada no ejerza recursos del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ) ni de la Fundación para Mejorar la Vida de los Docentes.
Cabe recordar que la imputación obedece a la compra de un inmueble al ISSSTE, que tuvo un costo de más de 30 millones de pesos, para lo cual el sindicato solicitó un préstamo a la Fundación.
Cabe recordar que la imputación obedece a la compra de un inmueble al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que tuvo un costo de más de 30 millones de pesos, para lo cual el sindicato solicitó un préstamo a la Fundación.
En principio, la defensa legal de la candidata solicitó que la audiencia se pospusiera hasta dentro de 10 días debido a que no había tenido acceso al expediente, pero el juez le notificó que el 23 de abril pudo haber accedido a la carpeta de investigación y, por lo contrario, recurrió a prácticas dilatorias. Por tal motivo, solo llamó a receso y a la reanudación por la tarde.
Finalmente, el juez admitió la petición de ampliación de 144 horas, de manera que la audiencia seguirá su curso el próximo sábado a las 10 horas, lo que generó algarabía entre decenas de docentes que acudieron a apoyar a González Arenas.
A su salida, González Arenas informó que, en efecto, se autorizó un aplazamiento de 144 horas y en consecuencia la audiencia seguirá el sábado, además de que el juez ordenó una medida restrictiva respecto al manejo de los recursos.
“Tenemos la mejor disposición y la confianza de que todo va a salir bien. Tenemos la certeza de que no se ha actuado mal ni en perjuicio de nadie, al contrario, en beneficio tanto del sindicato como de la Fundación”, expresó.
Declaró que no conocía la carpeta de investigación y no había sido notificada de nada, pero los policías de investigación le notificaron que la demanda fue administración fraudulenta y que se interpuso por 19 personas.
Sin embargo, aseguró que siempre se ha conducido con transparencia y por tal motivo acudió a la audiencia; no obstante, la manera en que se filtró a los medios de comunicación sobre la audiencia muestra que no hubo formalidad en el proceso.
