Renunciando a una de las obligaciones para las que fue electo el ayuntamiento de Guadalupe está buscando privatizar el servicio de alumbrado público, aunque usa cuanto eufemismo puede para evitar usar esa palabra que tanto resquemor causa justamente por las atroces consecuencias que hemos visto.
La semana pasada, la 62 Legislatura autorizó al cabildo de ese municipio lanzar la convocatoria para la licitación pública en la que se elija la empresa que se haga cargo del alumbrado público durante los próximos diez años.
El dictamen que autorizaba esto contó con 19 votos favorables, incluidos los de las fracciones del Revolucionario Institucionael (PRI), el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (NA), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). En contra votaron los diputados del Movimiento Regeneración Nacional, Geovanna Bañuelos del Partido del Trabajo e Iris Aguirre de Encuentro Social. Destacó la ausencia de Osvaldo Ávila Tizcareño, diputado priísta con arraigo en Guadalupe, y la abstención de Samuel Reveles del PT.
Este paso, el de Congreso del estado, es el último de los necesarios para que el ayuntamiento pueda emitir la convocatoria, luego de que el cabildo lo autorizara con una prisa inusitada el 16 de septiembre, al día siguiente de tomar posesión.
Cabe destacar que en esa misma sesión en la que debutó el cabildo –sin haber tenido tiempo de estudiar detenidamente las propuestas- además de aprobarse la creación del Fideicomiso para la modernización del alumbrado público del municipio, también se autorizó la Reestructuración Financiera del Empréstito del Municipio de Guadalupe; del empréstito a corto plazo por un monto de treinta millones de pesos para ser aplicado en obra pública; y también la solicitud a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas de adelanto de participaciones para cargas impositivas correspondientes al mes de diciembre de 2016.
En el caso específico del Fideicomiso para la modernización del alumbrado público del municipio, se propone que entre las obligaciones de la empresa ganadora de la concesión del servicio se incluya la renovación de la infraestructura de iluminación del sistema, el pago de la energía eléctrica mensualmente y/o suministro de la energía eléctrica, el mantenimiento de los componentes del sistema de alumbrado durante el periodo del contrato, y el circuito del sistema e instalación de medidores cuando se considere “financieramente conveniente”.
Esto significaría que de los 2 millones 654 mil pesos que mensualmente se dedican al pago del alumbrado público, se reduciría el gasto a 2 millones 388 mil pesos, con un ahorro de 10% equivalente a 265 mil 422 pesos mensualmente.
Entre ese ahorro, no estarían los salarios del personal que actualmente trabaja en el ayuntamiento en ese tema, pues de acuerdo a la información entregada por el municipio al Congreso del estado: “la Administración Municipal tendrá la opción de asignar al personal de alumbrado público para que apoye los trabajos de instalación y mantenimiento de las luminarias y en su caso, sean asignados a otras áreas de la Administración, que permitan fortalecerlos servicios públicos.” Es decir, con nuestros impuestos seguirán pagándose los salarios de los empleados del Municipio que podrían prestar sus servicios a una empresa particular.
De acuerdo a lo que informa la prensa, el ayuntamiento de Guadalupe que arrastra una deuda de 177 millones de pesos, erogaría entre 350 y 370 millones de pesos para la empresa que gane la licitación y se comprometa a cambiar las 15 mil 806 lámparas del alumbrado público por leds que ahorren energía eléctrica e iluminen más.
No queda claro si en el acuerdo se establecerá también qué se hará con las mil 500 lámparas de led que supuestamente cambió Roberto Luévano en su trienio y que tienen una antigüedad menor a dos años.
Los zacatecanos no hemos tenido buenas experiencias en este terreno. Hace años, en Zacatecas se levantaron fuertes sospechas de corrupción por un escándalo de renta de luminarias. En otro ejemplo, el esquema de PPS (Proyectos por Prestación de Servicios) que se usó para la construcción de Ciudad Gobierno generó un desbalance económico de tal magnitud, que sirvió de pretexto al sexenio pasado para aumentar la deuda del estado.
No obstante la justificada desconfianza que hace sospechar que estamos ante un jugoso negocio, se nos argumentará que el municipio no tiene ingresos para hacer el cambio por sí mismo. Se descarta que se use como en otras ocasiones se ha hecho financiamiento de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente o que se gestione en la Secretaría de Energía algún recurso para ello. Mucho menos se habla de la posibilidad de buscar a una organización ecológica que trabaje en el tema.
Con la renuncia del ayuntamiento a cumplir con una de sus obligaciones se condena a la actual y otras tres administraciones a erogar recursos para la empresa privada que gane la licitación, pues el convenio es de carácter irrevocable. Se obliga también a los guadalupenses a confiar en que una empresa privada dará un eficiente servicio de alumbrado público sin que haya elecciones de por medio que permita castigarla o premiarla por hacer su trabajo.
Lo más preocupante, es que con este paso privatizador se abre la puerta a que se sigan los pasos de Guadalupe en otros municipios, y también en otros servicios, como el agua potable. Parece difícil que la ciudadanía se conforme con ser simple testigo de esto. ■
