Alejandra María Padilla Pantoja y Margarita Ramos Mier, miembros de la Red de Investigación Feminismos y Desarrollo, abordaron un comunicado emitido por la red respecto a la construcción del Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Sexual BUAZ.
El comunicado, firmado también por el Grupo de Acompañamiento a las Mujeres Universitarias, tiene como objetivo visibilizar el trabajo colectivo de las organizaciones feministas dentro de la universidad y poner en evidencia las deficiencias en la implementación de este protocolo por parte de las autoridades universitarias.
Ramos explicó que el propósito fundamental del comunicado es visibilizar el trabajo colectivo realizado por diversas organizaciones feministas dentro de la universidad. Asegura que, aunque el secretario general de la universidad, Ángel Román Gutiérrez, ha mencionado avances en la construcción del protocolo, el trabajo que ha estado realizando este grupo multidisciplinario desde hace años ha sido minimizado.
Padilla subrayó que la intención de las organizaciones feministas no es frenar los avances en la creación del protocolo, sino asegurar que el proceso se mantenga inclusivo, democrático y participativo. “Nosotras buscamos que el trabajo continúe, pero con la participación activa de todos los sectores, en especial el estudiantil y el docente”, comentó.
Ramos relató que, desde el 5 de noviembre, el comité redactor comenzó a trabajar en la redacción del protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual en la universidad. Un proceso con antecedentes relevantes que es importante destacar.
El 26 de abril de 2024, la consejera universitaria recibió un citatorio para una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, en la que se discutiría la aprobación de un proyecto de protocolo sobre este tema. Al revisar el documento, la consejera detectó varias deficiencias y decidió compartirlo con la Red y la Asamblea Estudiantil. Con su apoyo, se conformó un grupo multidisciplinario, que incluyó activistas feministas y otras organizaciones dentro de la universidad. Tras emitir diversas observaciones, el grupo concluyó que el primer proyecto era inviable.
El protocolo inicial presentaba fallas como su enfoque limitado al «hostigamiento y acoso», excluyendo otras formas de violencia sexual, lo que resultaba preocupante. Además, un dictamen elaborado por una abogada feminista indicó que el protocolo no era viable desde el punto de vista legal, ya que proponía la confrontación directa entre la víctima y el victimario, lo cual era contraproducente.
Ante esto, se planteó la necesidad de democratizar el proceso de redacción del protocolo. El proyecto estaba siendo gestionado por la oficina del abogado general, y las decisiones recaían principalmente en el rector.
Como resultado de estas discusiones, el 10 de septiembre, se aprobó la propuesta de abrir el proceso para permitir la participación activa de los tres sectores de la universidad en la construcción del protocolo.
En este contexto, surgieron nuevas observaciones. Por ejemplo, la convocatoria del 10 de septiembre podría excluir a ciertos sectores de la universidad. También se destacó que el nombre de la convocatoria seguía limitándose al «acoso y hostigamiento», sin incluir otras formas graves de violencia sexual, como la violación a la intimidad o la violación equiparada.
A partir de estas recomendaciones, se comenzó a trabajar estrechamente con la Coordinación de Equidad de Género, para mejorar el proyecto de convocatoria. Después de varias propuestas y ajustes, la convocatoria final fue presentada al Consejo Universitario el 2 de octubre y aprobada formalmente. Fue entonces cuando se abrieron mesas de trabajo del 23 al 25 de octubre, en las que se discutieron y presentaron propuestas más completas, basadas en la experiencia acumulada dentro de la universidad.
Finalmente, el comité redactor, que comenzó su trabajo el 5 de noviembre, está compuesto por representantes institucionales como la Secretaría General, la Coordinación de Equidad de Género y la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como miembros de la comunidad universitaria que participarán activamente en el seguimiento y la mejora del protocolo.
Tanto Padilla como Ramos señalaron, que algunas compañeras ya llevaban un trabajo previo, que podría considerarse como «informal», fuera de este proceso, pero impulsando la necesidad de contar con un protocolo. Aclararon que, aunque el secretario afirmó que es la presidencia colegiada quien emite la convocatoria, la realidad es que la presidencia lo hace porque ellas mismas habían solicitado previamente que se realizara.
Asimismo, expresaron su preocupación ante tal omisión, señalando que la BUAZ es una de las pocas universidades a nivel nacional que aún no cuenta con este tipo de protocolos, lo cual se ha convertido en un requerimiento para acceder a ciertos beneficios, como becas.
Finalmente, en su llamado a la comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes, pidieron mantenerse pendientes de la evolución del protocolo, conocer los avances de la universidad y las herramientas disponibles para su defensa, así como los límites que deben respetar.
