En la semana que corre, tuvimos noticias relacionadas con la materia anticorrupción en el mundo. Y no son buenas noticias. La primera noticia trata sobre los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, un estudio que goza de prestigio y que ha sido siempre un referente en la materia. Según la propia organización “Los niveles globales de corrupción siguen siendo extremadamente elevados, y los esfuerzos por mitigarlos claudican”, lo anterior ya que los datos obtenidos revelan que, en general, el mundo se ha estancado, sin avances sustanciales en la lucha contra la corrupción, tal como lo demuestra el hecho de que más de dos terceras partes de los países evaluados no superaron los 50 puntos, de 100 que significarían el mejor resultado posible. Hablamos del 85% de la población mundial.
Resulta particularmente preocupante los datos que el índice citado arroja sobre la región latinoamericana. En ésta los mejores resultados los tienen Chile y Uruguay. El primero supera incluso a naciones europeas como España, Portugal e Italia. Sin embargo, México no reporta mejoría, sino por contrario. Entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ocupamos el último lugar, y en la lista de las veinte economías más grandes del mundo, solo nos encontramos por encima de Rusia. Además, junto a otros 46 países, este es el peor resultado que se ha obtenido en el histórico de dicho estudio. Para Transparencia Mexicana, el capítulo de Transparencia Internacional en nuestro país, deben considerarse cinco claves para entender el resultado de México: el primero es la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de las reformas en materia de transparencia, anticorrupción y al Poder Judicial; otro punto es la impunidad de casos de corrupción que se han hecho públicos con alto impacto mediático, como lo son los de Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la Estafa Maestra y los relacionados con Segalmex; además, los bajos niveles de sanción administrativa por responsabilidades identificadas por los órganos de fiscalización; también los casos de corrupción a nivel subnacional relacionados con el crimen organizado; y finalmente, las empresas identificadas como “fantasma” o que son controladas por el crimen organizado que han logrado colarse a contratos con diferentes gobiernos. Todo lo anterior implica un reto mayúsculo, que deberá ser atendido en un contexto de transformación institucional aún incierto en sus resultados e impactos.
La segunda nota preocupante en la agenda pública internacional es la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de suspender la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que, en términos generales, prohíbe transacciones calificadas como actos de corrupción a funcionarios públicos de otros países con el objetivo de obtener ventajas en negocios, vulnerando condiciones de seguridad jurídica y del Estado de derecho, que, limitadas o inexistentes en dichos países, se perseguían a través de la justicia angloamericana. Además, instruyó a su Fiscal General para que los procedimientos penales seguidos como consecuencia de la aplicación de dicha norma sean congelados, lo que implica, necesaria e inherentemente, impunidad. Dicha determinación es un duro golpe a un instrumento cuyas ventajas, tanto a nivel jurídico como económico, iba más allá de las fronteras del vecino norte y significa también un preocupante desafío para las democracias y la amenaza de instalación de cleptocracias, en su lugar.
Dichas noticias, que como ya lo señalamos, no son buenas en el ámbito del combate a la corrupción, implican una advertencia respecto a los retos que los Estados y las sociedades tienen en momentos complejos de la vida pública, así como elementos de análisis que deben considerarse a la hora de promover y aprobar reformas institucionales, diseñar e implementar políticas públicas y, particularmente, los retos que tiene el Estado como ente regulador de la economía y los actores del mercado.
@CarlosETorres_
