Por motivos políticos la Dra. Jenny González Arenas, a la sazón secretaria general del SPAUAZ, y algunos de sus seguidores, e.g. Juan Antonio Pérez o el Dr. Antonio Guzmán Fernández, tiene la tendencia a interpretar de manera sui generis la realidad. ¿Cuáles son esos motivos políticos y cuáles las lecturas divergentes de la circunstancia universitaria? La conducción autoritaria del SPAUAZ, para poder instrumentarlo como elemento decisivo en la lucha por la rectoría es el principal objetivo político. Imaginar la existencia de “toda una estructura desde el Estado que busca lo que tuvo en administraciones anteriores: un rector subordinado y una universidad sin autonomía” (Proceso, 12/05/25) o que “Jenny es una amenaza para el agotado sistema de grupos políticos que ha dominado la dinámica universitaria en las últimas cuatro décadas” (Pórtico, 9/06/25) son las “interpretaciones” ofrecidas como parte de una narrativa que busca posicionar un producto político: la candidatura de la actual secretaria general del SPAUAZ. A lo que el Dr. Guzmán Fernández añade, en entrevista en InfoTV9Zac (6/06/25) con Paco Carlos Infante la presencia de “grupos porriles pagados”. Como se ve se tiene una estructura muy bien enlazada: se tiene una institución y sus fondos que se manejan de manera discrecional y un discurso en el que cualquier critica se debe leer como “traición” o “provocación de un grupo porril pagado desde rectoría”. Lamentablemente no pueden demostrar, de manera documental, que existe tal pagó a los grupos que postulan o la supuesta “conspiración” desde gobierno del Estado para impedir que Jenny González llegue a la rectoría. Guzmán Fernández aceptó, o imaginó, que llamó al secretario general interino, Armando Flores de la Torre, para sugerirle que interviniera en los procesos de la Comisión Electoral. Si lo hizo, como presume el ex rector Fernández, fue una violación de la autonomía de la comisión. No presenta pruebas de sus dichos, por cierto. ¿Qué sí se puede documentar? Que la secretaria general del SPAUAZ, dra. Jenny González Arenas violó los derechos de una gran cantidad de agremiados y que un grupo, al que por motivos claramente políticos se nombra “porril”, impidió y logró se reestablecieran esos derechos. Juan Antonio Pérez afirma, en Pórtico (9/06/25) que “Los procesos legales, administrativos, penales y laborales están perdidos desde antes de ser iniciados, pero nunca creyeron que podían ganar”. Esto es falso. Veamos por qué. Se demandó por la integración del padrón electoral para decidir respecto a la reforma estatutaria. Se ganó, pues se demostró que el criterio utilizado por la Dra. Gonzáles Arenas estaba mal y conculcaba derechos. Las diferentes tomas del polideportivo quedan plenamente justificadas con ese resultado. ¿Con qué elementos señala el docente Pérez que se perdió? No se sabe. Otro ejemplo. La dra. González Arenas decidió que el Dr. Alberto Vélez Rodríguez no debía ser delegado porque era funcionario. O eso adujo en una reunión en la unidad de Ingeniería. Así que ordenó que no se le reconociera. Se demandó y se logró la reinstalación. ¿Qué hizo la Dra. González? Desacato la sentencia y se amparó para no pagar las multas. Puso un amparo y alegó que en lo que se resolvía el Dr. Vélez no sería reconocido como delegado. Actitud muy interesante, pues cuando ella ganó la demanda por la comisión mixta, y se interpuso un amparo, no suspendió las sesiones de la comisión. Doble rasero, incoherencia pragmática. Hay más demandas laborales: una por información y otra para que se convoque a la Asamblea General y se elija nuevo representante sindical, pues la Dra. González ya no lo es de acuerdo a estatuto. Y otra más de naturaleza penal por administración fraudulenta, equiparable a fraude. Como se puede ver sí se han ganado demandas, una se perdió y otras más están en curso. ¿Es un acto “porril” demandar a la autoridad? No, es la legitima defensa en contra de actos que se presumen arbitrarios. ¿Son acoso? Tampoco, pues se resuelven por la vía legal, con plazos y lugares establecidos por la autoridad y mediante el uso de argumentos. Decir que son “acoso” constituye una forma de victimizarse cuando las auténticas victimas del acto arbitrario son quienes demandan. ¿Fueron interpuestas por la rectoría? Pues deberían demostrarlo, porque demandaron los mismos agremiados en uso de sus derechos constitucionales contra actos arbitrarios de los dirigentes. De nuevo, es una manera de fingirse víctima del rector cuando lo que hay es un conflicto sindical iniciado por medios poco prudentes de dirigir el sindicato. Lo que hay es, de acuerdo a los documentos, es un conflicto sindical resultado de los actos arbitrarios de una dirigente mal asesorada, que no estudia de modo adecuado la norma o que prefiere subordinar su gestión a los objetivos políticos de su grupo. No hay “crisis” del sistema de grupos, hay crisis en uno de esos grupos, el que perdió por lanzar una mala candidata. Ni siquiera con el rector preso pudieron ganar, así que decir que la dirigente sindical era popular es una ilusión. Lo que el nuevo rector debe ponderar es si vale la pena negociar con un grupo que sólo conoce el chantaje y que nada tiene que ofrecer, excepto su desmedida ambición
¿Por qué Jenny González es un peligro?
