En el primer día del Seminario de Problemas Públicos de Zacatecas, dentro de la segunda mesa se analizó la violencia desde tres enfoques: la inseguridad fue criticada por abordarse con estrategias militares y policiacas que no atienden sus causas estructurales, como el control territorial del crimen y la captura de gobiernos locales; se expuso la grave situación de violencia contra las infancias y la falta de políticas públicas efectivas para proteger sus derechos; y se planteó la macrocriminalidad como un fenómeno complejo y transnacional que opera mediante redes entre crimen organizado, sectores económicos y actores gubernamentales, superando la capacidad del Estado para enfrentarlo.
En su conferencia “Diagnóstico de la violencia y delincuencia en Zacatecas”, Marco Antonio Torres Inguanzo expuso una crítica profunda sobre la forma en que el Estado mexicano ha abordado el problema de la inseguridad desde 2006. En lugar de centrarse en datos cuantitativos, planteó una revisión lógica del problema, señalando que una mala definición puede llevar a políticas ineficaces durante décadas.
Según Torres, el gobierno ha sostenido la idea de que la inseguridad se debe a la debilidad de las instituciones de seguridad pública, lo que ha orientado las soluciones hacia la capacitación, equipamiento y control de confianza de policías. Aunque estos programas generaron resultados internos, como mejores indicadores en esos rubros, no produjeron impactos reales en la disminución de la violencia, evidenciando una desconexión entre las acciones y los efectos reales en la sociedad.
En lugar de corregir esta falla, el enfoque se radicalizó en 2018 con una mayor militarización, lo que Torres describe como una contradicción performativa: mientras el discurso prometía cambio, en la práctica se reforzaron las viejas estrategias. Para él, el verdadero problema incluye tres factores: el control territorial por grupos delictivos, la captura de gobiernos locales y el reclutamiento de jóvenes al crimen organizado. Estos elementos, al no estar contemplados en la definición oficial del problema, tampoco forman parte de los objetivos de política pública, lo que impide enfrentar la raíz de la violencia.
Torres propone una estrategia alternativa centrada en el control social del territorio, la gobernanza participativa en los municipios y una intervención estructural con juventudes, que supere modelos dispersos como el Pronapred. Insiste en que estas estrategias deben basarse en modelos de intervención flexibles y coherentes, con coordinación interinstitucional. Finalmente, subrayó que la academia debe asumir un rol activo, no solo crítico, sino propositivo, aportando soluciones validadas que respondan a la complejidad del fenómeno delictivo.
Por su parte y en su ponencia “Diagnóstico de las violencias en las infancias en Zacatecas”, Cristela Isabel Trejo Ortiz presentó una crítica y propuesta metodológica orientada a evidenciar el incumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado. Destacó que, a pesar de que México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, persisten graves rezagos e incluso retrocesos. Trejo denunció que el enfoque institucional sigue siendo adultocéntrico y asistencialista, lo cual impide ver a las infancias como sujetos plenos de derechos. Frente a ello, propuso adaptar la metodología de transversalización (usada para la perspectiva de género en políticas públicas) ahora enfocada específicamente en la infancia, con el fin de lograr un cambio estructural.
En su análisis, resaltó que Zacatecas carece de una política pública robusta para la infancia. Aunque existen marcos normativos como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Integral de Protección (Sipinna), su implementación ha sido limitada, sin presupuesto ni coordinación real. A nivel local, los sistemas municipales siguen subordinados al DIF y operan sin capacidades ni autonomía, lo que demuestra un incumplimiento de las recomendaciones internacionales en la materia.
Trejo subrayó que la violencia contra la infancia está naturalizada y subregistrada. Utilizó el homicidio doloso como principal indicador para dimensionar esta problemática, y reveló que Zacatecas supera el doble del promedio nacional en infanticidios. Además, alertó sobre la escasa judicialización de delitos como violencia familiar, sexual o corrupción de menores, lo que genera impunidad y deja a las víctimas sin protección.
Para ella, la pobreza estructural y las desigualdades dificultan el acceso a la justicia y contribuyen a la invisibilidad del fenómeno. Finalmente, urgió a producir investigación desde la academia para dimensionar estas violencias y propuso construir políticas públicas específicas, validadas y eficaces, frente a una realidad que hasta ahora ha sido ignorada o minimizada.
Finalmente, en su intervención titulada “Diagnóstico de la Macrocriminalidad en Zacatecas”, Juan Luis Rivera Esparza ofreció una reflexión crítica sobre la expansión y complejidad del crimen organizado, al que calificó como un fenómeno global, transnacional y profundamente arraigado en las estructuras del Estado, la economía y la sociedad. A partir del marco jurídico internacional, como la Convención de Palermo (2000) y el Estatuto de Roma (2002), Rivera explicó cómo la criminalidad organizada ha dejado de limitarse al tráfico de drogas para integrarse en múltiples sectores económicos, mediante redes que operan a nivel internacional y con el respaldo de actores privados y públicos.
El concepto de macrocriminalidad (aún en construcción teórica) se plantea como una red delictiva compleja que incluye no sólo sicarios o traficantes, sino especialistas técnicos, empresarios, políticos y funcionarios de todos los niveles, lo cual evidencia una captura del Estado y la institucionalización de la impunidad. Ejemplificó esto con casos como el robo de combustibles, que requiere la participación de ingenieros y autoridades, y la penetración del crimen en actividades económicas formales, como el comercio local en municipios de Zacatecas, donde se venden productos ilegales con facturación legal y respaldo logístico.
Rivera destacó que estos fenómenos rebasan la capacidad de los sistemas de justicia convencionales y han provocado violaciones masivas a derechos humanos, debilitamiento del Estado de derecho y control territorial por parte del crimen. Subrayó que esta situación no es periférica ni marginal, sino estructural y cotidiana, evidenciada incluso en prácticas aparentemente menores como la venta informal de cigarros o la gestión de permisos para eventos sociales, donde el crimen establece sus propias reglas. Frente a este panorama, advirtió sobre la urgencia de estudiar y visibilizar la macrocriminalidad como una amenaza integral, y no sólo como un problema de violencia o inseguridad aislada.
