El sindicalismo tiene dos grandes objetivos: 1) reclamar el justo valor del trabajo y 2) vigilar y defender los derechos de los trabajadores. Desgraciadamente, desde de la década de los 70, silenciosamente se han ido implantando estrategias de Estado para limitar las funciones de los sindicatos y maniatarlos en el ejercicio de esas dos funciones.
Particularmente, cuestionar el papel de la educación superior y el reclamar el justo valor del trabajo, han sido cosas erradicadas o perdidas de vista de los objetivos sindicales. ¡No!, el trabajo académico no es homogéneo ni bien remunerado ni en el país ni en la universidad. Pero nadie se interroga si está bien remunerado o no.
Una primera causa de diferenciación salarial la constituyen los aumentos salariales, los cuales se reducen a un porcentaje minúsculo, que no contemplan crecimiento de la población universitaria y se reparte en la misma forma porcentual, porque esa es la operación más simple. Pero esa forma de repartición es justamente una causa de estratificación salarial abismal, puesto que un porciento de poquito –un bajo salario- es poquito, mientras que ese mismo porcentaje aplicado a las categorías más altas, es mucho. Y como siempre, como los aumentos salariales son exiguos, siempre queda el sabor amargo de la ineficiencia sindical. No pocas veces hay ineficiencia y entreguismo, pero otras, por más que se han intensificado los movimientos, y prolongado las huelgas, las conquistas son limitadas.
La estrategia Central del Estado, desde los 70, para sofocar a los sindicatos universitarios, fue el impedir la constitución de un sindicato nacional que estableciera, en todo el país, salarios y condiciones de trabajo iguales para las mismas calificaciones académicas, categorías y niveles. Para ello se alentó la disgregación de los sindicatos y dentro de ellos una silenciosa estratificación de los ingresos; de tal manera que solo los académicos de la época más gloriosa del sindicalismo – a los que se odian- lograron condiciones laborales y salariales especiales: jubilación dinámica, movilidad en el tabulador por antigüedad y no por formación académica, años sabáticos, acceso a los programas de formación de profesores…
Se tiene que reconocer que la actual generación de profesores está mejor formada, ha multiplicado el número de profesores PROMEP y miembros del SNI, ha participado o aportado más trabajo académico para las acreditaciones de programas académicos y, con honrosas excepciones, la generación actual ha sido más determinante en aumentar los indicadores institucionales que la generación anterior. Y todo esto es una deuda pendiente, que primeramente había que visualizar.
Otro mecanismo de diferenciación en los ingresos de los académicos fue la instauración del Sistema de Estímulos a la Productividad, que tienen reglas de juego muy diferentes entre universidades, dejando ver que este programa no tuvo la intención de fortalecer el nivel de la educación superior del país, en forma integral, sino que tiene el objetivo de controlar y/o someter a los profesores. El sistema de estímulos es propiamente carcelario, donde en un año se les pone a los presos a cavar hoyos; al año siguiente, a taparlos, porque la prioridad es otra, y el siguiente, a volverlos a abrir. Así, a los profesores y a las direcciones se les tiene entretenidos, llenando papeles y realizando muchas actividades no propiamente académicas y científicas, con reglas de juego o ponderación que cambian una o más veces en cada periodo rectoral y entre periodo y periodo.
Por supuesto, a quien diseñó el sistema no le importó si esto fortalecería o no la educación superior y si significaba o no una distorsión del papel de los académicos y un despilfarro de recurso. Quien diseñó el sistema lo hizo con la intención deliberada de demostrar que, poniendo a competir a los profesores por migajas de diferente tamaño, se demostraría que son controlables o dóciles y en definitiva no son lo críticos que podrían ser. Lo dijo siendo Rector de la UAZ el Ing. Rogelio Cárdenas Hernández, “los estímulos son para que nos peleemos entre nosotros”. Habría que agregar que el Sistema de Estímulos también tuvo el objetivo de, que una buena parte de los ingresos de los académicos, fueran volátiles o indefinidos y no impactaran en forma definitiva en el salario. De paso, no pocas veces los estímulos han servido para premiar gente en forma discrecional.
El tercer mecanismo de diferenciación lo hizo el SNI, pero a nivel nacional. Eso justamente tuvo la misma intención: que no nos reconozcamos como integrantes de un mismo gremio, que se arraigara el individualismo, que no nos unieran las mismas demandas ni nos pudiéramos defender en forma colectiva. Triple golpe al sindicalismo.
El cuarto elemento de fragmentación de los académicos radica en haber constreñido el presupuesto para las universidades, tratándolas con la receta, “según el sapo la pedrada” y de esta manera no solo se controló a los académicos, también a las universidades. Y poco importó si las universidades cumplían plenamente con sus funciones, y mucho menos si las universidades tenían movilidad. El objetivo fue controlar.
Obviamente una de las razones por las cuales el Estado, desde los 70, fue ganando terreno en el control de las universidades, se debe también al uso político de las universidades. Y eso que se hizo con los académicos, también se hizo con las universidades. A las autoridades que controlaban bien a las universidades y eran dóciles con el gobierno, como la UDG o la UANL, se le soltó presupuesto a granel, mientras que a las no dóciles se les fue, y se les sigue, castigando sin recato. Desgraciadamente, el gran presupuesto destinado a las universidades dóciles al gobierno no se tradujo en fortalecimiento académico, sino que tuvo destino incierto y, entre otras cosas, sirvió para alimentar élites con fines políticos externos. La estafa maestra viene a ser la más reciente evidencia del manejo político y de corrupción en algunas universidades.
Regresando al tema de la nivelación salarial, lo ideal sería, que, como sucede en algunos países de primer mundo, hubiera una ley nacional de educación superior, con un tabulador nacional, y con categorías, salarios y condiciones de trabajo iguales para las mismas calificaciones académicas y categorías o niveles.
El SITUAM, hará unos 5 años, reconoció el problema de la disparidad salarios, y resolvió solicitar que, en subsiguientes revisiones salariales, el monto del aumento destinado a salarios se repartiera en forma diferencial, de tal manera que año con año se fuera protegiendo a los profesores de bajos salarios, y no hubiera aumento para los de altos salarios. Esa fue una muestra excepcional de solidaridad gremial y eso es un buen gesto y un buen reconocimiento para las nuevas generaciones.
Una propuesta, en el mismo sentido, podría ser el negociar que el presupuesto etiquetado para Estímulos se destinara a aumento salarial y se repartiera entre las categorías, tratando de disminuir las diferencias salariales entre niveles. Alguien podría argumentar que, en aras de la búsqueda de incentivos, el Sistema de Estímulos impulsa la productividad, y que, si desapareciera, disminuiría la productividad. Pero no, el nuevo incentivo sería subir de categoría y nivel para obtener un mejor estatus y mayores ingresos.
Debería ser atractivo, como lo es en otros países, el llegar a ser maestro de conferencia, profesor y profesor emérito. Esto no es otra cosa que institucionalizar la carrera académica. Esta propuesta no es mía, se la he oído en reiteradas ocasiones el Dr. Pedro Martínez Arteaga. Cierto, una idea como esta, que tiene la intención de que la universidad dé un siguiente paso, puede chocar en nuestro medio, porque pocos han visto cómo funcionan las universidades en otros países y porque, en general, aquí la universidad se ve como un feudo que aporta dividendos de diferente índole, y renunciar a esos dividendos no va a ser voluntario.
Pero tarde que temprano se puede pensar en ser un poquito más justos con las nuevas generaciones, las que tiene sobre sí retos más grandes que la generación anterior. De cualquier manera, el estado actual de las cosas no es nada justo y algún día habrá que ponerlo en cuestionamiento.
*Ex secretario general del SPAUAZ (1987-1989)
