La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) enfrenta una fuerte controversia política y académica tras la filtración de un documento judicial que confirma la existencia de una denuncia penal en contra de Jenny González Arenas, exsecretaria del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ) y actual candidata a la rectoría, por el presunto delito de administración fraudulenta relacionado con la compra de una bodega al ISSSTE. El documento, confirmado por autoridades del poder judicial, forma parte de la causa penal SIF: 959/2025 y fue difundido en un contexto altamente sensible, ya que coincide con el desarrollo de las elecciones internas que se celebran del 10 al 14 de mayo.
La denuncia señala que González Arenas habría incurrido en un manejo indebido de recursos pertenecientes a la Fundación para Mejorar la Vida de Docentes UAZ, A.C. Como parte del procedimiento legal, el 9 de mayo una actuaria del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Zacatecas intentó realizar una notificación formal en el domicilio registrado.
Sin embargo, se encontró con serias complicaciones logísticas que impidieron concretar la diligencia. Alrededor de las 19:53 horas, la funcionaria judicial acudió a la colonia indicada, donde encontró varios inmuebles que compartían el número 110, así como variantes como 110A y 110B, lo que dificultó ubicar el domicilio correcto. Pese a tocar reiteradamente en diferentes accesos, no fue atendida por ninguna persona. Uno de los inmuebles correspondía a un local comercial identificado como “Los Ositos”. Al dirigirse al domicilio marcado con el número 116, fue recibida por un hombre que se negó a identificarse y afirmó no conocer a la persona buscada.
Tras permanecer cerca de una hora en el lugar sin obtener información útil, la actuaria concluyó la imposibilidad de realizar la notificación y levantó el acta correspondiente para los efectos legales que correspondan.
Cabe la pena recordar que el pasado 9 de mayo, el Poder Judicial de la Federación concedió un amparo a favor de Jenny González Arenas bajo el expediente 790/2025.
Tal situación ha generado inquietudes dentro de la comunidad universitaria debido a la coincidencia del amparo con el intento fallido de notificación y la cercanía de estos hechos con el calendario electoral universitario. La simultaneidad de ambos acontecimientos ha dado pie a múltiples interpretaciones, particularmente en lo referente al uso del aparato judicial durante procesos políticos internos.
Ante esta situación, González Arenas rechazó públicamente, a través de un video, las acusaciones en su contra por presunta administración fraudulenta, argumentando que el proceso legal carece de fundamento y coincide de manera sospechosa con un momento político crucial para la universidad. Explicó que la compra de un inmueble realizada durante su gestión como secretaria general del sindicato fue legal, transparente y en beneficio del gremio académico, no personal. Aseguró que la adquisición se hizo mediante una subasta pública nacional, con supervisión de la Secretaría de Hacienda y con base en la normatividad vigente.
Denunció una posible intención política detrás del proceso judicial, vinculada a intereses que buscan debilitar la autonomía universitaria e imponer una rectoría subordinada. Como muestra de transparencia, propuso una auditoría integral al sindicato y a la fundación, incluyendo administraciones anteriores. Finalmente, hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantener la unidad, evitar la polarización y garantizar un proceso electoral pacífico, defendiendo la autonomía, la democracia y la legalidad dentro de la UAZ.
La situación provocó una respuesta inmediata por parte de la comunidad estudiantil. El colectivo Activismo Estudiantil Universitario, conformado por alumnos de la UAZ, emitió una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expresando su profunda preocupación por lo que consideran una persecución política contra Jenny González Arenas.
En el documento titulado “Solicitud urgente de intervención: Protección a Jenny González Arenas contra violencia política y manipulación mediática en la UAZ; garantía de elecciones seguras”, los estudiantes señalan que la candidata ha sido víctima de amenazas, difamación, calumnias y actos de intimidación, justo en el momento en que su candidatura ha cobrado fuerza dentro de la comunidad académica.
La carta denuncia que, mientras la detención del rector en funciones, acusado de un delito grave de naturaleza sexual contra una menor, ha sido tratada con cautela por algunos medios, el procedimiento contra Jenny González ha sido exageradamente amplificado, equiparando dos situaciones completamente distintas. Afirman que medios de comunicación locales, con línea editorial sesgada, han filtrado información confidencial y actas ministeriales, lo cual consideran una violación a su privacidad y una muestra clara de violencia política de género.
Por ello piden intervención urgente de la Presidencia de la República para proteger a Jenny González Arenas ante amenazas, intimidaciones y violencia política de género, exigir el cese inmediato de estas agresiones, garantizar un proceso electoral libre y seguro para toda la comunidad universitaria, e investigar la posible manipulación mediática por parte de medios locales y su relación con actores externos. Consideran que dicha intervención es fundamental para salvaguardar la integridad del proceso electoral en la UAZ y los derechos de quienes la integran.
Asimismo, en redes sociales, se han pronunciado en defensa de la autonomía institucional, señalando que la Fiscalía actuó de manera estratégica el mismo día en que se buscaba avanzar en la jornada electoral. Señalan que, mientras la denuncia contra el rector fue presentada en 2024, el Ministerio Público decidió actuar hasta el 9 de mayo de 2025, justo en el inicio del proceso de votaciones.
En el caso de González Arenas, la denuncia presenta fecha del 3 de abril de 2025, y ella dejó su cargo como secretaria del SPAUAZ el 10 de abril. No obstante, fue hasta el 9 de mayo cuando se intentó notificarle oficialmente, coincidiendo también con la fecha del amparo federal.
Frente a estos hechos, estudiantes y académicos han comenzado a cuestionar abiertamente la legitimidad del proceso electoral, el papel del Consejo Universitario y la pertinencia de continuar con las votaciones en este clima de tensión. Entre las reflexiones más compartidas se encuentran interrogantes como por qué actuó la Fiscalía justo en periodo de votaciones, quién o quiénes están detrás de estas decisiones, cómo defender la autonomía universitaria, si debe posponerse o continuar la jornada electoral prevista hasta el 14 de mayo, y cuándo se pronunciará el Consejo Universitario sobre estos acontecimientos.
También se ha planteado la necesidad de una reforma a la Ley Orgánica Universitaria para incluir figuras como la revocación de mandato y asegurar que quienes ostenten cargos directivos lo hagan bajo principios de ética, transparencia y rendición de cuentas.
