En el marco de la instalación de la Asamblea General, del Sistema Nacional Anticorrupción (AG-SNA), se pidió a los presidentes de los Comités de Participación Ciudadana (que presiden también los Comités Coordinadores) que estuvieran interesados en hacer una aportación, presentaran una propuesta para integrar a la agenda anticorrupción. La Asamblea General está constituida por los integrantes del Comité Coordinador del SNA y por los presidentes de los Comités Coordinadores. Después de que se procedió a la instalación formal de la Asamblea, quienes habíamos solicitado, una semana atrás, tomar la palabra, a plantear los puntos propuestos por cada uno, para integrar la agenda estratégica anticorrupción de la AG-SNA.
Comparto aquí, con los lectores de La Jornada Zacatecas los puntos presentados (por cuestiones de tiempo, solo se disponía de 3 minutos, se leyeron de forma resumida), con el texto (omitiendo la introducción y el párrafo final), donde se planteaban como puntos para la reflexión colectiva, los siguientes:
-Un primer punto central: el tema de la coordinación sistémica, en diferentes escalas. En primer lugar, entre el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales (SEAs); en segundo lugar, la coordinación dentro de los entes de cada Sistema Estatal (SEAs), incluyendo los actores municipales y los actores de la sociedad civil; en tercer lugar, la coordinación horizontal entre los SEAs de las distintas entidades federativas a nivel territorial (por regiones), sectorial -por comisiones temáticas, que se conformarán de manera plural-, y responsables por áreas de la implementación de los acuerdos y/o de la política pública en materia de anticorrupción.
-Un segundo punto es el de la articulación de la agenda anticorrupción, con el tema de la construcción de paz, (incorporando de manera transversal el enfoque de Derechos Humanos y la Perspectiva de Género). En este ámbito percibido, por la sociedad que somos, como uno de los problemas más graves y urgentes que enfrentamos (basta pensar en los 108,791 personas desaparecidas y no localizadas en México; sin mencionar a las víctimas de otros delitos de alto impacto). Cruzar estas agendas, la de las graves violaciones a los derechos humanos, y la del combate a la corrupción e impunidad, implicaría repensar -juntos- la contribución -en positivo- del SNA, para cortar el nudo generado por la confluencia perversa de las causas que generan y reproducen esta sangrante problemática.
-Vinculación de la agenda anticorrupción con la agenda medioambiental. Más allá de que alguien pudiera pensar que no se trata de un tema pertinente, por lo menos en lo inmediato, habría que recordar que la comunidad científica internacional ha establecido un consenso definitivo respecto a los daños ecosistémicos y a los impactos sociales previsibles y progresivos -en términos del presente y del futuro inmediato y mediato. La crisis climática y ecológica, y las situaciones derivadas de las mismas, son parte obligada del principio de responsabilidad, por ello, la agenda anticorrupción debe comenzar, desde ahora, a establecer las bases para incluir, de manera urgente e inmediata, estas cuestiones. Contamos con suficientes evidencias sobre los problemas crecientes que se están generando: eventos climáticos extremos… sequías cada vez más frecuentes, inundaciones, desplazados climáticos, al grado de que no actuar en este ámbito, raya a estas alturas, en un hecho de “corrupción global flagrante” (si se me permite la expresión), sabemos fehacientemente que, de no realizarse un cambio de rumbo, a nivel mundial, nacional y local, nos desbordará la catástrofe que se anuncia. Es importante retomar lo avanzado por los y las colegas de Quintana Roo y de Veracruz, y proceder a cruzar decididamente estas agendas.
-Como cuarto punto, propondría analizar, de manera más profunda, la situación mundial contemporánea y la inserción de México en el sistema-mundo, para no limitar la agenda anticorrupción a una axiomática de combate a la corrupción en clave neoliberal. Existen, más allá de los cuatro importantes y significativos ejes de la PNA, otros temas en torno los cuales requerimos generar un “conocimiento situado” que nos permita enriquecer el debate público y la reflexión colectiva. Temas de enorme trascendencia como el de las repercusiones de la carrera armamentista a escala global, como parte de la nueva fase de confrontación bélica que forma e informa la situación mundial contemporánea; cuyas consecuencias sobredeterminan los escenarios por venir a nivel global, nacional y local. Basta señalar dos aspectos para indicar los posibles impactos de esa dinámica geopolítica y económica, impactos modulados por las orientaciones políticas de cada gobierno dado. Consideremos la austeridad -y los recortes presupuestales-, así tenemos cómo en unos Gobiernos el presupuesto se dirige a las políticas sociales, mientras en otros, la austeridad está dirigida a transferir los costos de la crisis en los sectores más desfavorecidos; esta misma distinción es visible en la política fiscal, cuando en lugar de establecer una escala progresiva para los impuestos, paga más quienes más tienen, se decide quitar más y más impuestos a los más ricos, amparando esa política en explicaciones falaces, multiplicando de modo creciente y sistemático, las desigualdades sociales y la injusta distribución de la riqueza generada colectivamente. Sin que se definan esas orientaciones políticas generadoras de enormes injusticias como hechos de “corrupción”.
-Para terminar, señalaríamos como quinto punto la necesidad de -igualmente- profundizar y ampliar los procesos de empoderamiento y apropiación ciudadana de la agenda anticorrupción. Sabemos que el componente ciudadano -es un eje rector fundamental del SNA-, aquí es importante incorporar los resultados de recientes investigaciones, sobre el vínculo entre corrupción y participación ciudadana. Desde esta perspectiva debemos evitar que la corrupción sea percibida como “abstracta”, como una realidad invariante, intransformable. Ese tipo de percepción genera desaliento y desmoviliza al involucramiento ciudadano, provocando “perniciosas consecuencias sobre una democracia joven”. Debemos apostar por generar el efecto contrario mediante la creación política de catalizadores que detonen -de manera sostenible- la participación ciudadana, para lograrlo es importante ligar la percepción de la corrupción (las experiencias directas de la corrupción) a representaciones sociales capaces de poner de relieve los costos directos e inmediatos que la corrupción genera en la vida concreta de los sectores sociales afectados.
Se trata de cuestiones (entre otras), sin duda alguna -cruciales-, que permitirían contextualizar las coordenadas de la agenda anticorrupción bajo estándares orientados a impulsar una política propia de una democracia substantiva, contribuyendo -de ese modo-, a clarificar y tematizar el sentido y propósito de la agenda anticorrupción, cuyos objetivos -para ser comunes- deben incorporar -operativamente- el principio que debería ser la piedra angular de todo régimen verdaderamente democrático, a saber… “No habrá decisión sin participación en la decisión”.
