Detrás del acoso escolar (bullying) y otras manifestaciones que atentan contra la protección, seguridad y atención a la población menor de 18 años en México se encuentra un problema mayor, el incumplimiento desde el Estado para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. En Zacatecas 36.7 por ciento de su población total pertenece a este sector.
“La violencia en la familia y la que se produce debido a condiciones como pobreza y trabajo infantil, uniones tempranas, consumo de drogas y alcohol, así como la exclusión escolar y un ambiente hostil en la escuela, están impactando negativamente en la vida de miles de niños y adolescentes zacatecanos. Los más vulnerables sufren una amplia violación de derechos, debido a que se producen y se reproducen al encontrar condiciones para realimentarse en el contexto social, la escuela y la familia”, esto según el informe realizado por la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, Odisea, A.C, y la Unicef México denominado Los derechos de la infancia y la adolescencia en Zacatecas.
En el país, el estado de Zacatecas y por ende los municipios no se han construido para este sector de la población políticas públicas integrales que atiendan la violencia, y la violencia entre pares no es la excepción, expone Cristela Trejo Ortiz, abogada y defensora de los derechos de la infancia en Zacatecas, actualmente vinculada a la organización Zacatecanos por la Paz, filial del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien también tiene experiencia de colaboración con Odisea.
El pasado 20 de mayo, Héctor Alejandro Méndez de 12 años de edad murió víctima de las lesiones, que cuatro de sus compañeros le infligieron. El hecho se dio en el estado de Tamaulipas, el que sólo entre marzo y abril de este año subió su registro de homicidios dolosos en 110 por ciento y que tuvo reciente visita del Presidente de la República para poner en marcha un operativo de seguridad ante un escenario de creciente violencia en espiral ascendente.
En Zacatecas días después, un video tomado por testigos de la agresión, exhibió la conducta de una alumna del Colegio de Bachilleres golpeando y denostando a una menor de 13 años de edad.
Ambos hechos derivaron en la focalización mediática primero, y luego de autoridades de diversos ámbitos y latitudes del país para hablar nuevamente sobre el acoso escolar (bullying).
Pocos días después parecía haber un consenso entre autoridades, “la violencia está en los hogares”, así lo expresó Emilio Chuayfett, secretario de Educación Pública, y similarmente lo asentaría la directora del Sistema Nacional Dif, Laura Vargas Carrillo durante su participación en la 29 Conferencia Nacional de Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia, entre otros funcionarios y actores públicos que se pronunciaron sobre el asunto.
En Zacatecas Miguel Alonso Reyes, gobernador del estado, expuso el tema como un asunto que pudiera subsanarse mediante el fomento de “valores” que debieran fortalecerse en instituciones educativas y la familia. Y el director del Cobaez, Felipe Ramírez Chávez, dijo no minimizar el problema y reconocerlo en toda su dimensión como responsabilidad de “los padres de familia, directivos y maestros”.
Ante estas expresiones acerca del fenómeno que se ha minimizado en el discurso público como uno ya existente en generaciones anteriores y en el que se ha particularizado la responsabilidad de manera que recaiga solamente en la familia y la educación que ofrecen los padres, Trejo Ortiz afirma que “no podemos seguir menospreciando a los niños, niñas y adolescentes porque los problemas que se están generando en torno a ellos son gravísimos y tenemos que atenderlos con prontitud. Ya no pueden esperar más”.
Si bien es cierto que existía la agresión entre pares, esta raya en la actualidad en el delito o tiene consecuencias fatales como el suicidio, señala.
La pobreza y el entorno de violencia que vive el país es un detonante de una serie de eslabones de una cadena de violencia y omisión de cuidados cuyos sujetos son precisamente los más vulnerables, física, económica y socialmente. A la problemática de los niños, las niñas y los adolescentes se le ofrecen “aspirinas” con tallercitos sobre valores que si no son malos tampoco están funcionando, dice, además de obedecer a las coyunturas mediáticas como la actual.
Lo que se requiere son políticas públicas de mediano y largo plazo, y trascender la visión que desde hace 50 o 40 años las ha puesto en la perspectiva del asistencialismo, cuya responsabilidad se deja recaer en personajes: las “primeras damas”, esposas o parientes de los titulares del poder Ejecutivo, nacional, estatal o municipal, pues de esta manera objeta, la atención obedecen a políticas y propuestas de 3 o 6 años y visiones parciales de la problemática.
En oposición propone deben darse desde una política de restitución de derechos. La manera de atender el problema de la desatención a la población infantil y juvenil es evitar que los recursos se dirijan a objetivos no prioritarios.
Para el caso de la solución de los conflictos, se hace necesario, agrega, que este sector de la población, que ha aprendido a solucionarlos mediante el uso de la fuerza y la violencia como percibe se hace socialmente, se le enseñe a hacerlo a través de una “cultura de la paz”, que incluye la mediación, de la conciliación y el arbitraje.
Esta culturización añade, no se sustenta en el simple discurso sino en la existencia de un sistema de justicia creíble donde se garantice que quien delinca sea responsabilizado de su conducta y mediante instituciones confiables en las que los apoyos se distribuyan de manera amplia y transparente, todo ello para generar credibilidad.
Institucionalmente debe ir dirigido a construir un “verdadero sistema de justicia en la protección de niños y adolescentes” que entre otras cosas sume una estrategia preventiva que active el sistema con cualquier reporte de maltrato o agresión ocurrido en la escuela o la casa contra un menor y derive en un registro del que luego se obtengan datos medibles y confiables.
En las escuelas y otros entornos debe de haber reglas claras y sanciones que no contravengan la dignidad de estas personas, es decir que no se etiquete a los niños, niñas y adolescentes, y sus familias, como “malos” o se les rechace. No puede enseñárseles a cumplir las leyes violando los derechos que garantiza la Constitución.
En países con menos recursos económicos y humanos que México como Colombia, la atención de este sector poblacional hubo de sacarse de la esfera del asistencialismo y proponerse mediante un sistema de Defensorías de la infancia, “verdaderas redes” de protección de sus derechos, en estas experiencias se están obteniendo buenos resultados, expuso.
Reclusión o contención
Por otro lado la contención ante conductas antisociales o parasociales como se las define jurídicamente, o perturbadoras del entorno escolar, familiar o social que todavía no llegan a la comisión de delitos o que significan un riesgo para los propios menores, quedó sin sustento jurídico con la reforma constitucional al artículo 18 ocurrida en 2006, que paradójicamente se sustenta en garantizar para esta población lo que se define como el Interés Superior del Menor, es decir, la garantía de sus derechos plenos.
La modificación legal significó en México prácticamente la desaparición de la estructura gubernamental para la atención de niños, niñas y adolescentes con conductas de riesgo para sí y para otros, pues implicó la desaparición del sistema tutelar, agregó por su parte María Flor Morales Duke, titular de la Dirección de Orientación Ciudadana contra el Delito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de gobierno del estado.
De esta manera, los menores agresores, cuyas conductas no significan lesiones graves para otros, los que reiteradamente se fugan de sus hogares o la escuela, se vinculan con “malas compañías”, consumen drogas lícitas e ilícitas y cuyos padres han sido rebasados en su autoridad para contenerlos, no tienen un espacio para ello.
También se encuentran aquí al haberse transitado de un sistema tutelar a uno de garantías, aquellos que sí cometen delitos como robo, secuestro, violación u homicidio, pero se encuentran en un rango de edad menor a los 14 años, mismos que no pueden sujetarse a proceso en los tribunales especiales para adolescentes.
Morales Duke quien estuvo al frente del Tutelar para menores, como se le conocía coloquialmente al sistema agrega que “lo más triste fue ver como nuestro universo de menores con conductas irregulares se diluía, porque nosotros conocíamos a los chavos que ya estaban por ahí teniendo problemas. Sabíamos que fulano lavaba carros, que sutano estaba faltando a la escuela porque era el hijo de la señora que vendía los dulces en tal parte, total teníamos ubicados los menores desde esa estructura tutelar”
La plantilla de atención sumaba 40 personas que trabajaban de manera multidisciplinaria, entre ellos trabajadores sociales, psicólogos, maestros, odontóloga.
Agrega que en estas condiciones los niños y jóvenes eran ocasionalmente llevados a paseos, “íbamos a (Paraíso) Caxcán)…era otro ambiente, tutelar, ‘era la casa de todos”, en la que a veces los mismos jóvenes solicitaban el ingreso pues sabían había comida, sábanas limpias donde dormir y servicios de atención.
“Hay una parte que defiende a estos niños que estaban privados de su libertad entre comillas porque el tutelar era un lugar, por lo menos los 8 años que yo trabajé (en él), era un lugar de contención, que les brindaba protección, era una figura que representaba autoridad y cuidado en términos generales.
Actualmente dice en los Centro de Internamiento para adolescentes se contrata para seguridad de los menores a seguridad penitenciaria, “los custodios famosos, pues a policías”.
En el momento en les sorprendió la reforma constitucional el Tutelar contaba con poco más de 60 menores internos. Debido a sus efectos legales se hubo de entregar y “soltar” a todos ellos, quedándose desde septiembre de 2006 a febrero de 2007, sólo tres, que sí habían cometido delitos graves.
Durante 2007 a 2008, mientras se hacían las adaptaciones al nuevo sistema, el número de menores internos osciló entre 4 a 20 menores, de los 60 que había. Desde entonces se generó una “cifra negra” compuesta de aquellas personas que ya no pueden atenderse por el impedimento legal que derivó en la falta de estructura que albergue a aquellos que se encuentran realizando conductas de riesgo.
Esta reforma no tuvo hasta 2011 una ley federal de tal manera que para el tratamiento de los delitos cometidos por menores que se vinculaban al crimen organizado, los jueces se declaraban incompetentes, dejándolos en libertad.
En 2009 en Zacatecas se dio seguimiento a la atención de menores en situación de riesgo ya sin internamiento mediante el Programa de Intervención Restaurativa Infanto Juvenil que tuvo un albergue de puertas abiertas, para no contravenir el marco legal, denominado Espacio de Contención Restaurativa para Niños, Niñas y Adolescentes, mismo que permaneció en operación entre 2010 y hasta marzo de 2012.
En este lugar se tuvieron albergados a alrededor de 12 menores, pero la cifra de solicitudes de padres, madres y autoridades para la atención de ellos se disparó a 270.
El albergue de Santa Mónica como se le conoció por su ubicación al encontrarse en Tacoaleche, fue cerrado señala Morales Duke, por decisión de un funcionario de mando medio que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública opinó que el costo beneficio no era adecuado.
En este espacio entre otros, estuvo albergado Jorge Armando Moreno, a quien etiquetaron autoridades y medios de comunicación como “el niño sicario”, apelativo que sumado al habérsele señalado como autor de 10 asesinatos, cosa que después se aclararía no era exacta, derivó en su asesinato a manos del crimen organizado el año de 2013.
Recientemente Lucía Alonso Reyes, directora honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ha propuesto la reapertura de un albergue para niños, niñas y adolescentes, en situación de riesgo, según informó la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia.
Este espacio para el que ya se tienen tres opciones de educación y que espera por la liberación de recursos tendrá detrás el modelo de intervención restaurativa infanto juvenil, agregó Flor Morales Duke, quien expuso que tras haberse perdido el registro de la ubicación, historial familiar y conductual y otras características que antes se tenían sobre los menores en situación de riesgo, se hace necesario, reiteró la directora del Orientación Ciudadana Contra el Delito (DOCCD), un diagnóstico amplio para todo el estado de Zacatecas, territorio que actualmente se atiende mediante la instancia que encabeza con apenas 12 elementos.
El pasado 2 de junio la DOCCD, firmó un convenio de colaboración con el Cobaez mediante el cual se busca generar un grupo de facilitadores para la solución de conflictos entre pares de acoso escolar, también bajo este mismo modelo, mismo en que deberán colaborar y capacitarse toda la comunidad de sus 10 planteles.
