La Semana Nacional de los Derechos de la Infancia ofreció un espacio fundamental para la reflexión sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los niños y adolescentes, a través de una mesa redonda celebrada en la Casa de Cultura Jurídica de Zacatecas.
En este evento participaron destacados ponentes como el Lic. José Cipriano Castro Lugo, defensor público federal especializado en justicia para adolescentes de la Defensoría Pública Federal; la Lic. Cristela Isabel Trejo Ortiz, catedrática de la Universidad Autónoma de Zacatecas; y el Mtro. Allan Oliver López Badillo, Fiscal Especializado en Derechos Humanos y Tortura y otros tratos o penas crueles de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
La mesa redonda abordó la interrelación entre los derechos humanos de los niños y niñas y los derechos al medio ambiente, en un contexto en el que los derechos sociales y ambientales juegan un papel crucial para el bienestar integral de las futuras generaciones.
El evento comenzó con una introducción al tema central: los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y su aplicación en el contexto de los derechos de la infancia.
En particular, se profundizó en el derecho de acceso a un medio ambiente sano, que fue analizado desde diversas perspectivas legales y sociales. Se discutió que este derecho no solo implica la protección del entorno natural, sino también una obligación de los Estados para garantizar políticas que preserven el ecosistema, minimizando los riesgos y daños a la salud de las personas y otras especies que comparten el planeta.
A través de esta reflexión, se estableció que el derecho a un medio ambiente sano está intrínsecamente vinculado con la protección de otros derechos humanos, especialmente los derechos de los niños.
La intervención de la Lic. Cristela Isabel Trejo fue particularmente reveladora, ya que abordó la discusión desde su experiencia como abogada feminista y defensora de los derechos de la infancia en la sociedad civil.
Trejo hizo una crítica contundente al enfoque tradicional de los derechos humanos, el cual, según ella, ha sido históricamente adulto-céntrico y no ha considerado adecuadamente las necesidades y derechos de los niños y adolescentes.
Señaló que los derechos de la infancia, a menudo contemplados desde una mirada asistencialista, requieren un enfoque más integral, en el que se garantice el ejercicio de estos derechos no solo en el ámbito de la supervivencia básica, sino también en la promoción de su desarrollo pleno y la protección contra las diversas formas de violencia y discriminación.
Desde la perspectiva de la sociedad civil, Trejo resaltó la importancia de trabajar para cambiar el enfoque de las políticas públicas hacia una perspectiva que realmente considere a los niños como sujetos plenos de derechos, y no como objetos de beneficencia.
Para ello, subrayó la necesidad de una reforma estructural en la forma en que se gestionan los presupuestos públicos destinados a la infancia, ya que, como señaló, «política pública sin presupuestos es solo un discurso vacío».
En este sentido, destacó que, aunque se han dado avances, como la implementación de la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, todavía existe un largo camino por recorrer.
Reflexiono sobre la situación de los derechos de la infancia y las dificultades que enfrenta su defensa en México. Explicó que, a nivel nacional, no existen más de 20 organizaciones que conformen la Red de Derechos de la Infancia, lo que contrasta con la amplia presencia de organizaciones dedicadas a otro tema.
Comentó sobre la importancia de no politizar a los niños y niñas, pero también destacó que son sujetos políticos con derecho a participar y ser escuchados. Hizo referencia a la experiencia de niños trabajadores en Perú que lograron formar el primer sindicato de trabajadores de la calle en los años 90, como un ejemplo de cómo los niños pueden ejercer sus derechos si se les da la oportunidad.
López Badillo ofreció una visión del trabajo de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Hablo sobre un programa de prevención del delito impulsado por la Fiscalía, que abarca temas como la violencia digital. En este sentido, destacó la formación y las conferencias que se realizan para sensibilizar a los adolescentes sobre las violencias digitales y su prevención.
El enfoque preventivo es un aspecto importante según destacó, aunque se reconoció que aún queda mucho por hacer para abarcar todo el estado.
Por su parte, Castro Lugo intervino con un análisis más institucional sobre los problemas de opacidad y falta de rendición de cuentas dentro de las políticas públicas en México. Destacó cómo la falta de transparencia y evaluación de los recursos públicos afecta la capacidad del gobierno para satisfacer los derechos de la ciudadanía, especialmente en áreas críticas como la atención a la violencia y la discapacidad.
Resalta que el problema no es solo la falta de presupuesto, sino también la negligencia de las autoridades y la falta de un sistema de control adecuado.
La opacidad en el ejercicio del gasto público impide que los ciudadanos puedan evaluar si las políticas públicas están siendo efectivas. Incluso mencionó el retroceso que implica la eliminación del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), que fue un avance importante para la política de transparencia en el país.
