El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela Pinedo, alista una estrategia legal y social para revertir el aumento del 12 % en la tarifa del agua potable aprobado por JIAPAZ, que incluye una consulta pública y la recolección de firmas para una iniciativa de ley. Acusa al secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, de emitir declaraciones ofensivas en lugar de fomentar la conciliación. Además, Varela respaldó la municipalización del servicio de tránsito de algunos municipios.
Varela Pinedo informó que prepara una serie de acciones legales y sociales para frenar el reciente aumento en la tarifa del agua potable, aprobado por la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (JIAPAZ). Como parte de la estrategia, el gobierno municipal iniciará una consulta pública entre los habitantes de la capital.
Se contempla visitar los domicilios de los usuarios para reunir firmas que respalden una iniciativa de ley orientada a reducir el costo del servicio, aprovechando el ahorro energético que generará la nueva planta fotovoltaica instalada en el municipio. Según proyecciones del Ayuntamiento, este ahorro permitiría una disminución de hasta un 33 % en el monto que actualmente pagan los usuarios.
El equipo jurídico del municipio ya se encuentra analizando los mecanismos legales disponibles para revertir la decisión de JIAPAZ, al considerar que representa una carga injustificada para la ciudadanía. Además, se trabaja de manera coordinada con organizaciones sociales que anteriormente han respaldado otras causas ciudadanas.
Asimismo, expresó su molestia ante la postura del secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien propuso que el municipio asuma el costo del subsidio del 12 % en el servicio, lo cual consideró inviable. Según explicó, cubrir el subsidio implicaría atender a más de cien mil usuarios y requeriría un monto que podría llegar hasta los 20 millones de pesos mensuales, cantidad que supera la capacidad financiera del ayuntamiento.
En paralelo, expresó su respaldo a la municipalización del servicio de tránsito en distintos municipios del estado, ante las críticas emitidas por el gobierno estatal. Desde la administración capitalina se destacó que los ayuntamientos cuentan con facultades constitucionales para asumir esta función, siempre que cuenten con la capacidad operativa necesaria y se vio la posibilidad de aplicarlo al municipio de Zacatecas.
También se recordó que existen antecedentes en municipios como Tlaltenango, donde el tránsito se mantiene bajo control local desde hace más de una década. Por ende, consideró injustificados los señalamientos en contra de esta medida y defendió la autonomía de los municipios para adaptar sus servicios conforme a sus propias condiciones.
