Una familia recibe una multa de tránsito en Fresnillo. Otra, en la capital, vive semanas sin agua mientras el ayuntamiento y la Junta Intermunicipal se lanzan acusaciones públicas. En Río Grande, los operativos viales cambian de reglas de un día para otro. Lo que para las autoridades puede ser una discusión sobre jurisdicciones, para la ciudadanía se vuelve confusión, desamparo y desconfianza.
En los últimos meses, municipios zacatecanos encabezados por presidentes municipales de oposición han comenzado a articularse en un frente informal de resistencia política ante el gobierno estatal. Zacatecas, Fresnillo y Río Grande han optado por una estrategia de confrontación institucional, ya sea por la municipalización de la seguridad vial o por el rechazo al aumento tarifario aprobado en la JIAPAZ. El conflicto no parece tener como prioridad mejorar los servicios públicos, sino desgastar al adversario.
Estas tensiones no serían, por sí mismas, extrañas. Las pugnas son parte de los sistemas federales. Pero cuando el conflicto entre órdenes de gobierno no se traduce en soluciones políticas sino en parálisis operativa, quien paga los platos rotos es el ciudadano.
En la teoría, el federalismo permite acercar el poder a la ciudadanía, diversificar las decisiones públicas y promover un equilibrio de contrapesos. En la práctica, sin mecanismos eficaces de coordinación, degenera en lo que William Riker llamaba “federalismo contingente” o, mejor dicho, una asociación inestable entre actores que sólo cooperan cuando les conviene electoralmente.
En Zacatecas, esta lógica ha ganado terreno. El deslinde y crítica del ayuntamiento capitalino al ajuste tarifario propuesto por la Junta Intermunicipal de Agua Potable no es un acto de defensa popular, sino una maniobra predecible de oposición activa: Zacatecas forma parte de la JIAPAZ, conoce sus finanzas, sus deficiencias y sus márgenes de operación. Pero en lugar de proponer una salida alternativa, el municipio optó por enrollarse en una bandera populista y poner en entredicho la viabilidad técnica de un organismo metropolitano que requiere gobernanza compartida, no polarización.
Algo similar ocurre con la apuesta por la municipalización de la seguridad vial en Fresnillo y Río Grande. En lugar de poner atención a otras prioridades en materia de seguridad y el fortalecimiento de las policías municipales, los ayuntamientos emprenden una cruzada de soberanía mal entendida. El riesgo es claro: lejos de resolver la inseguridad, se debilita la capacidad de articular una política estatal integral.
La defensa de la autonomía municipal es legítima, pero se vuelve nociva cuando se utiliza como pretexto para frenar proyectos estratégicos bajo argumentos disfrazados de legalismo o participación ciudadana.
Ahí van dos ejemplos contundentes: el primero, la suspensión del proyecto del viaducto elevado en el Boulevard Metropolitano —el famoso segundo piso—, una obra diseñada para resolver el colapso vial en la zona conurbada, que fue detenida por jueces federales tras amparos promovidos por un puñado de ciudadanos, respaldadas a veces sí y a veces no por el ayuntamiento de Zacatecas. La decisión no se discutió en términos técnicos, sino en términos ideológicos.
El segundo es la presa de Milpillas. Desde hace más de una década, este proyecto clave para garantizar el abasto y la calidad del agua en el corredor urbano de Fresnillo a Guadalupe ha sido saboteado por un mosaico de actores: grupos ejidales con legítimas demandas, organizaciones sociales politizadas y ayuntamientos que optaron por el cálculo electoral. La región seguirá dependiendo de fuentes sobreexplotadas y de calidad deficiente, mientras se aplaza una solución estructural. En ambos casos, el ciudadano queda atrapado en medio del fuego cruzado.
La politóloga Elinor Ostrom, primera mujer en ganar el Nobel de Economía, insistía en que la gobernanza de recursos compartidos —como el agua o la seguridad— no depende exclusivamente del diseño institucional formal. Requiere arreglos de confianza, buena intención, cooperación y reciprocidad. En otras palabras: no fueron las atribuciones las que lograron disminuir la violencia en Zacatecas, sino la voluntad política entre gobiernos para coordinarse.
Pero eso es precisamente lo que hoy escasea. El nuevo bloque municipal opositor no construye una alternativa de gobierno, sino una plataforma de confrontación. La descoordinación, en este contexto, no es una falla del sistema: es una estrategia. Y cuando la descoordinación se convierte en táctica, el pueblo queda atrapado entre niveles de gobierno que se acusan mutuamente, pero no resuelven nada.
El resultado es una forma de violencia administrativa sutíl, pero muy grave para Zacatecas, con decisiones fragmentadas, servicios interrumpidos, derechos sin garante. El federalismo no puede ser excusa para el desgobierno ni refugio para la omisión.
(Primeros) dos centavos
Con esta entrega inicio una colaboración semanal en La Jornada Zacatecas como politólogo y analista. No escribo desde el porrilismo oficialista, sino desde la convicción de que el pensamiento crítico y el análisis riguroso pueden elevar el debate público. Nuestro estado y nuestro país lo necesitan.
