El domingo 1 de junio tuvo lugar un hecho histórico —etiqueta ajena a juicios de valor—: la primera elección judicial, hecho ya suficientemente tratado por simpatizantes y detractores del régimen.
No deseo entonces profundizar ni en el origen ni el fin de ese proceso electoral, que en los primeros fue un acto más de la fe que profesan y en los segundos un motivo más para denostar al gobierno federal, incluso cuando en su momento recurrieron a la misma bandera manipulable de la “democracia”.
Trabajé más de 40 años para quienes querían construir con los votos de muchos los negocios de pocos. En esa labor, consciente o inconscientemente, alenté la fantasía que considera a la democracia como un sistema de gobierno en el que participan todos los ciudadanos, para decidir mediante el sufragio libre y mayoritario la formación y el actuar de sus gobiernos.
Este día, gracias a procesos como el de la elección judicial, entiendo que para que ese concepto sea realidad plena requeriría al menos: responsabilidad e interés de la mayoría de los ciudadanos en los asuntos públicos; educación y conocimientos para elegir racionalmente; y formación ética tan fuerte o condición económica suficientemente buena, para blindar al elector de ofertas que comprometan su libertad de elegir. Por supuesto, debería existir también la independencia de poderes que genere equilibrio entre ellos y defienda y respete a las minorías, que no por serlo quedan al margen de un verdadero sistema democrático.
La “democracia” tendría que dejar de ser una condecoración autoconcedida, de frente refulgente en el discurso y posterior opaco por sus resultados, vivo en el país por la necesidad de esperanza, deseo de castigar con sufragios a un gobernante y aspiración para salir del olvido suponiéndose momentáneamente presente en la cúpula del poder.
Mi carrera laboral estuvo durante la mayor parte del tiempo al servicio del sistema autonombrado “democrático”, lo mismo a la izquierda que a la derecha del “espectro” político. Con el paso de los años entendí que los mecanismos para arrebatar y mantener el poder son universales y que no existe expresión más demagógica que la de adjudicarse desde cualquier lado de la balanza política el título de “diferente”.
Con base en las experiencias que viví en cerca de 30 campañas para puestos de elección popular, puedo afirmar que en todas ellas el momento clave fue el “Día D”, es decir, el de la batalla definitiva a librar en la fecha de la elección para movilizar el mayor número posible de votantes afines, consciente el equipo promotor de que, salvo castigos monumentales como el dado al PRIAN a partir del 2018, era indispensable sumar los votos que muchos ciudadanos omitirían por falta de interés, ni siquiera por simpatías distintas.
Aunque entre las diversas responsabilidades que tuve en esas campañas nunca figuró la coordinación del “Día D”, me correspondió hacer ajustes al presupuesto de comunicación para destinar más recursos al operativo de movilización, reunirme con líderes religiosos para pactar sufragios a cambio de promover leyes acordes a su fe y recomendar a más de un candidato ingenuo que asegurara la promoción del voto el día de la elección, si es que de verdad quería asegurar y legitimar su triunfo.
Puedo afirmar entonces, a propósito de la inédita elección del poder judicial, que la movilización de votantes y orientación del sufragio no es nada nuevo, aunque en estos tiempos resulta un ejercicio desprovisto del lastre de la vergüenza, lo que ahora facilita salir del closet y dirigirse sin careta a las casillas.
Discutir si la reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un acto de venganza o de convicción democrática, es un asunto manido, tanto como escuchar al prianismo hablar sobre la “extinción” de la democracia.
En cambio, plantear la expulsión de lo democrático del terreno de la simulación, sería motivo de un debate productivo para que cada parte asuma en serio su papel y haga de la democracia una realidad ajena a “incentivos” que pretendan influir en la libre conducta del votante.
La educación del ciudadano para elegir de manera libre, informada, convencida y autónoma, así como la honestidad propia y respeto a la dignidad del otro como rasgos esenciales de las autoridades electorales y partidos políticos, son condiciones que en primer lugar deberían ser consideradas en el juicio de procesos como los del primer domingo del mes. Esto sería la diferencia entre la ilusión y realidad de un sistema democrático en serio.
Como siempre, opinión humana, ni por asomo verdad divina.
