Académicos de la Unidad Académica de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) organizaron el foro titulado “¿Hay futuro sin derecho?”, donde convocaron a la reflexión crítica y al llamado a la acción ante los cambios constitucionales propuestos.
El foro, que contó con la participación de destacadas figuras del ámbito jurídico, entre ellas Félix Acuña Vázquez, María del Carmen Arellano, Silvia Rodarte Nava, José Mariano Bastida y Luis Omar Ramírez Ruiz, se centró en los riesgos y posibles implicaciones de la reforma, particularmente en lo referente a la elección popular de jueces, magistrados y ministros, así como la destitución de los actuales titulares del Poder Judicial.
Durante su intervención, Acuña Vázquez ofreció un análisis crítico sobre la reforma, afirmando que el debate ha caído en posturas maniqueas.
“El mundo no es blanco y negro”, comentó, al referirse a las posiciones extremas que se han generado en torno a la reforma. “Por un lado, los miembros del partido gobernante la exaltan sin reservas, mientras que la oposición la rechaza de manera categórica. Para Acuña Vázquez, esta polarización es comprensible, pero no contribuye a un análisis profundo de la reforma”.
Uno de los puntos que destacó fue la complejidad que enfrentaría el instituto encargado de organizar la elección popular de jueces en caso de que se apruebe la reforma.
“Será una elección con características distintas a las elecciones tradicionales”, advirtió.
Asimismo, mencionó que la estructura de las boletas, con múltiples candidatos especializados en diversas ramas del derecho, complicaría el proceso para los votantes, quienes probablemente no reconocerían a muchos de los postulantes.
Por otro lado, Rodarte Nava, compartió su experiencia personal y profesional para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema judicial. Proveniente de una familia humilde y siendo la primera en estudiar una carrera, destacó que todos, en algún momento, podríamos vernos involucrados en un juicio, ya sea de manera voluntaria o involuntaria.
Ante este escenario, subrayó la importancia de que los jueces cuenten con una sólida formación técnica y una gran sensibilidad humana. Para ella, la inminente reforma plantea una pregunta crucial: ¿realmente se necesita una reforma de este tipo y, de ser así, es esta la adecuada?
También abordó el problema de los bajos salarios que perciben los jueces y el personal judicial en Zacatecas, desmitificando la creencia de que los altos sueldos son una constante en el Poder Judicial. Además, recordó los sacrificios personales y familiares que ha enfrentado a lo largo de su carrera, señalando que la labor judicial implica riesgos y amenazas que pocas veces son reconocidos por la sociedad.
Arellano, por su parte, enfatizó que la educación teórica no es suficiente para formar a un buen profesional del derecho sin la debida experiencia práctica. A lo largo de su intervención, narró cómo, al inicio de su carrera, sus tareas simples le permitieron aprender y observar el funcionamiento del sistema judicial.
A partir de esta experiencia, expresó dudas sobre la reforma que propone la elección popular de jueces, cuestionando si los ciudadanos tendrían el conocimiento necesario para elegir a los mejores candidatos para estos cargos tan complejos.
Por su parte Ramírez Ruiz, ofreció una visión crítica de la reforma, argumentando que, aunque se plantea como una democratización del Poder Judicial, en realidad podría derivar en su politización. Expresó su preocupación de que las cuotas de poder del Ejecutivo y el Legislativo terminen influyendo en el proceso de selección de jueces, lo que podría comprometer la independencia judicial.
Además, cuestionó la capacidad de los ciudadanos para elegir a jueces especializados en áreas como el derecho penal, civil o administrativo, dado el nivel de tecnicismo que implica el sistema judicial.
En cuanto a la propuesta de destituir a los actuales jueces y magistrados, defendió el sistema de carrera judicial como un mecanismo basado en el mérito, argumentando que los jueces son seleccionados a través de procedimientos rigurosos y exámenes de conocimiento. Al respecto, advirtió que la reforma amenaza con desmantelar esta estructura, poniendo en peligro el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial en México.
