México, D.F. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, aseveró que es evidente que el gobierno federal ha abandonado su propuesta legislativa sobre seguridad pública, presentada por el propio presidente Enrique Peña Nieto el primero de diciembre de 2014.
Dijo que lo cierto es que después de la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, la propuesta de reforma policial local y municipal quedó rebasada por la urgente necesidad de incluir las reformas al sistema penitenciario, la restructuración del sistema policial federal, e incluso, al sistema de seguridad nacional.
En conferencia de prensa el perredista acusó que el gobierno federal no tiene interés en que avance su propuesta legislativa, el famoso decálogo. “Su decisión fue impulsar en todo el país, por la vía de los hechos el mando único, figura que por cierto, no les gustaba, ya que la propuesta del ejecutivo consistía en la formación de 32 policías únicas”, recordó.
El mando único, insistió Barbosa, “hoy no es una figura regulada en una ley general aplicable en todo el territorio nacional ni en leyes federales o estatales, se basa, fundamentalmente en convenios celebrados voluntariamente entre los gobiernos estatales y municipales”.
En ese marco, respaldó la decisión del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu de decretar la figura de mando único en quince municipios de ese estado “lo hizo con el fundamento que le da la fracción VII del artículo 115 constitucional, en donde se establece que los gobernadores podrán dar órdenes a las policías municipales solo en caso de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.
No obstante ello, llamó al mandatario local a promover a nivel estatal una ley que regule ese modelo policial, debido a que su decisión sólo se fundamentó en haber considerado la situación prevaleciente como de fuerza mayor o de alteración grave al orden público, pero es una atribución de carácter excepcional, limitada y estrictamente temporal, así lo consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 92/2010 resuelta el 12 de mayo de 2014.
El perredista emplazó al gobierno federal, a los partidos políticos y a sus bancadas en el Congreso de la Unión a discutir y aprobar la urgente reforma constitucional en materia de seguridad pública que permita el diseño de un nuevo sistema policial federal, estatal y municipal; un nuevo sistema penitenciario y la adecuación del modelo de seguridad nacional.
