Durante el panel “Retos y desafíos del derecho a estar informado”, realizado ayer en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado, el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo defendió que la eliminación de los órganos autónomos de transparencia impone más obligaciones a sindicatos, partidos y asociaciones civiles que manejan recursos públicos, mientras que otras voces advirtieron sobre la tentativa sobrecarga a los órganos internos de control en los municipios.
González Romo explicó que la Secretaría de la Función Pública será ahora responsable de promover el derecho a la información, mientras “Transparencia para el Pueblo” resolverá las solicitudes y recursos.
Criticó que actualmente la información pública está dispersa en conceptos como salario, subvenciones y viáticos, ubicados en distintas “bolsas presupuestales” que dificultan su interpretación. Señaló que esto se hace con la intención de que “nadie se entere” y propuso simplificar el lenguaje y los formatos para que cualquier ciudadano pueda entender con claridad cómo se utilizan los recursos públicos.
Añadió que la Secretaría adquirió un paquete tecnológico por 700 mil pesos para resguardar los archivos del extinto Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI), y que se contempla la integración del personal técnico que quiera sumarse para no desaprovechar la profesionalización alcanzada.
El funcionario también sostuvo que los sujetos obligados deberán responder a nuevas exigencias, y que se reforzará la transparencia en adquisiciones, contratos y percepciones de funcionarios públicos.
En contraste, Germán Morales Enríquez, técnico local en gobierno abierto, cuestionó que el nuevo modelo reduzca el papel de la ciudadanía y debilite la transparencia proactiva. Advirtió que la legislación federal abre causales ambiguas para reservar información, como la posibilidad de “afectar la paz social”.
Propuso avanzar hacia un modelo de “estado abierto”, que integre a todos los poderes y órganos del estado bajo principios comunes de gobernanza, con mecanismos de cocreación ciudadana, formatos de datos abiertos y obligaciones diferenciadas para municipios con menor capacidad administrativa.
Desde el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Karina García de la Torre advirtió que los órganos internos de control en los municipios están quebrados y que al sumarles nuevas atribuciones sin reformar su andamiaje legal ni fortalecerlos operativamente, probablemente colapsarán.
Preguntó quién presidirá el nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información, cómo se articulará con los estados y bajo qué dependencia operará, ya que —dijo— se requiere una coordinación clara como la que existe en el Sistema Estatal Anticorrupción.
La diputada Renata Ávila cuestionó si la Secretaría de la Función Pública cuenta con la capacidad técnica para manejar los sistemas de información que operaba el IZAI, y pidió explicaciones sobre el seguimiento a la denuncia por la llamada “estafa legislativa”, presentada por el propio González Romo cuando era diputado.
En respuesta, el funcionario confirmó que la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción validaron la denuncia, identificaron empresas fantasmas y rastros financieros anómalos, pero que la carpeta permanece detenida.
“A más de tres años de haberla presentado, ninguna autoridad ha podido desvirtuarla, pero tampoco ha querido proceder”, dijo.
Por su parte, el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero recordó que el acceso a la información fue una conquista ciudadana impulsada por organizaciones sociales, no una concesión del poder. Llamó a no confundir transparencia con gobierno abierto, al señalar que “la transparencia tiene que ver con una vitrina pública, mientras que el gobierno abierto tiene que ver con el diálogo”.
El emecista planteó que el reto no es solo publicar información, sino garantizar la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones. Criticó que aún existan instituciones donde los órganos de control no son autónomos, como en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), donde el rector nombra al titular del órgano interno de control. Propuso que la academia se interese en evaluar si la reforma mejora o empeora la calidad del acceso a la información.
