Los tres municipios más grandes e importantes de Zacatecas se encuentran entre los 50 con más homicidios dolosos en todo el país, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A nivel local, Fresnillo encabeza el deshonroso primer lugar, con una tasa de homicidio de 44.97 por cada 100 mil habitantes, lo que pone a El Mineral en el lugar número 14 a nivel nacional, por encima de Tijuana, Baja California, o de Culiacán, Sinaloa.
Le sigue la capital del estado, con un índice de 39.06 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; es decir, en el lugar número 21 a nivel nacional, apenas seguido por Mazatlán, Sinaloa, que a su vez se encuentra a un peldaño de diferencia de Guadalupe, Zacatecas, el municipio número 23 con más homicidios dolosos entre los cerca de 2 mil 500 que integran a todo el país.
Las noticias de ejecuciones y de cuerpos que “aparecen” se leen -gracias a su cotidianidad- en páginas interiores que reciben poca atención. A veces son sólo un renglón en una nota que resume el día.
Pocos, y si se me permite la expresión “privilegiados” casos son los que escapan de la abominable indiferencia social y se cuelan a las preocupaciones colectivas. Pocos, muy pocos, en comparación con los que ocurren en el estado.
Es el caso del homicidio del maestro universitario Armando Haro, quien aparentemente fue robado en su casa y asesinado. Hasta ahora, se sabe que hay ex alumnos suyos detenidos y procesados por el caso, aunque no se nos han ofrecido elementos que nos hagan confiar en que el asunto se resuelve con verdad, y no sólo con las prisas de ofrecer chivos expiatorios.
En alguna medida esta situación es comprensible, pues es preferible que se resguarden con bien los datos de la investigación para no entorpecer el proceso legal y no que se hagan públicos por la necesidad de aliviar las presiones mediáticas y ciudadanas al respecto.
No obstante, no puede pasar desapercibido que en otras entidades, como en la Ciudad de México, encuentran la manera de cumplir con ambas cosas: con el procedimiento legal y también con la demanda de información que hace la sociedad. Para muestra, la investigación del homicidio del cineasta Leon Serment y de la muerte de su esposa; los dos presuntamente víctimas de su propio hijo y la novia de éste.
De la misma manera que el caso de Haro, en agosto sacudió a la opinión pública la muerte de Víctor Manuel Castro, egresado del Doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien murió en un asalto a su negocio. Hasta ahora, nada más sabemos.
Recientemente nos enteramos que Javier Díaz, estudiante de Economía en la UAZ, fue sustraído de su domicilio en Fresnillo, en presencia de su cuñado, que con tan sólo 13 años de edad resultó herido en una pierna. Nada se sabe de él.
Casos como los mencionados se cuentan por miles, entre todas las clases sociales, en diversos municipios.
La “ventaja” de los tres casos mencionados en medio de la desgracia que enfrentan, es la de que las víctimas estaban rodeados de personas con las condiciones necesarias para hacer llamados sonoros en la exigencia de justicia; y también la de pertenecer a contextos tan conocidos y acreditados, que difícilmente las autoridades se atreverían a sugerir que las tragedias que viven son productos de sus “malos pasos”.
No fue así el caso de Toñito, el pequeño de unos cuatro o cinco años que murió víctima de los disparos que algún grupo delictivo soltó contra la camioneta en la que viajaba en compañía de su hermana, y sus padres.
En este caso, las autoridades de seguridad y procuración de justicia no tuvieron empacho en difundir que su padre tenía en su historial dos órdenes de aprehensión; una de ellas cancelada sin que se sepa por qué, y la otra cumplimentada.
Para Toñito sólo hubo homenajes populares, la solidaridad de un pueblo que no pudo permanecer indiferente ante la muerte de un niño en edad preescolar derivó en actos de apoyo a sus padres y exigencia de justicia.
Mientras tanto, las autoridades apostaban porque este fuera un caso más de esos que se cierran con un levantamiento de hombros y la frase “se matan entre ellos”.
Sin embargo, el cuestionamiento periodístico evidenció que a diferencia lo que decía el boletín, el padre iba desarmado, y por tanto, cuando se dice que “repelió” la agresión, se debía entender únicamente que intentó evadirla con maniobras de manejo. ¿Quién podría culparlo por eso?
El comienzo del sexenio ofrece la posibilidad de que, tal cual como afirman, hagan las cosas diferentes. Tienen a su favor que las expectativas con las que llegaron al poder sean bajas.
Para logarlo tendrán que dejar de apostar por la revictimización, pues cada vez hay más conciencia de que todos los delitos, todos los crímenes, merecen una investigación seria.
También implica reconocer que la otrora tranquila Zacatecas se nos fue de las manos. La presencia de tres municipios en la estadística más vergonzosa obliga a reconocer que la inseguridad está aquí y es una realidad. Así como no llegó por arte de magia, tampoco se irá de la misma manera. ■
