El Partido Verde Ecologista de México promovió hace unos días en el Congreso del estado de Zacatecas, una iniciativa cuya medida más trascendente fue la prohibición de la “realización de espectáculos circenses fijos o itinerantes, públicos o privados en los cuales se utilicen animales con fines de diversión, exhibición, explotación, exposición, adiestramiento o entretenimiento en toda la entidad, sancionándose a quien no atienda la ley con multas desde 100 a 500 días de salario mínimo vigente”.
Ignoro si la prohibición de utilizar animales “con fines de diversión, exhibición, explotación, exposición, adiestramiento” sea únicamente para los actos circenses, o sí también se sujetarán a ella zoológicos, charreadas, jaripeos, carreras de caballos, exhibiciones y concursos de perros y demás prácticas no circenses donde se llevan a cabo acciones como las mencionadas.
En las que sí estamos seguros que no se aplicarán es en las peleas de gallos y en las corridas de toros, pues éstas fueron declaradas Patrimonio Cultural inmaterial del estado de Zacatecas por su “valor histórico, sociológico, filosófico o antropológico” en la Legislatura pasada.
Esta paradoja se repite a nivel nacional. Zacatecas se suma a los estados que prohíben el uso de animales en los circos, además de Morelos, Querétaro, Guerrero y Chiapas, y hace un año, se sumó también a los que declararon patrimonio cultural las corridas de toros: Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.
Probablemente la diferencia se deba a que el circo es una actividad itinerante, y a que sus empresarios, si bien adinerados muchos de ellos, carecen del poder que sí tienen los ganaderos en los estados citados. O quizá se deba a que la clase política prefiere el espectáculo taurino sobre el circense, visto está que es su escenario favorito para dejar ver amiguismos, para demostrar la popularidad de un candidato, o para homenajear al gobernador.
Quizá sea también porque el sector taurino en alguna medida ha sabido responder al debate generado por quienes se oponen a esta actividad con cabildeos a su favor, mientras el sector circense a pesar del amplio apoyo popular que puede deducirse de los llenos en sus funciones, no difunden sus argumentos con fuerza suficiente. Apenas puede conocerse sus puntos de vista en esporádicas entrevistas, donde casi a título personal los empresarios cirqueros manifiestan que antes de la prohibición, estarían de acuerdo con la regulación del uso de animales en los circos, que el adiestramiento se basa en recompensas y no en castigos, que los animales que usan en sus espectáculos son criados en cautiverio por lo que ninguno es sacado de su hábitat, que se les deja descansar en ranchos cada tres meses por un periodo similar, que contratan veterinarios en cada ciudad para el cuidado de los animales, y que para poder viajar, responden a todas las regulaciones sanitarias de las instancias federales (y a veces internacionales) lo que certificaría el buen estado de salud de los animales.
Independientemente de la opinión que se tenga en el tema, es de reconocerse que la iniciativa por un circo sin animales y contra el maltrato animal, aún con todas sus limitaciones, logró meterse a la agenda pública y ser aprobado como ley por el esfuerzo de las organizaciones sociales que desde hace tiempo se han movilizado por ello. Esta causa ha sido recientemente adoptada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a nivel nacional, en cuya página de Internet puede leerse una iniciativa al respecto promovida por el senador Jorge Emilio González Martínez, eterno Niño verde, y eterno legislador conocido ampliamente por sus escándalos, que van desde sobornos por gestionar hoteles en Cancún, hasta la sospechosa muerte de una mujer búlgara en un lujosísimo departamento del que se le adjudica la propiedad, etcétera.
El partido como institución no se defiende mejor, pues mientras hace iniciativas en contra del maltrato animal, hace campaña a favor del reestablecimiento de la pena de muerte en el país (lo que le valió el repudio de los partidos ecologistas de Europa). Evidenciando así, el populismo con el que acoge demandas populares así sean inconsistentes una con la otra.
Pero en una lucha social se requiere de la suma y no de la resta, si se tiene el apoyo del PVEM y la energía de los animalistas, es un buen momento de ponerle atención al que muchos consideramos, (entre ellos Salvador Castorena, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Ambientales), el mayor problema ecológico en Zacatecas: las mineras, cuyos efectos en la tierra, fauna, agua y personas de nuestra entidad han sido cosa menor ante los ojos deslumbrados por el dinero que se mueve en esa industria.
No sería difícil, son muchos los activistas que ya tienen encaminada esa lucha. Ojalá se sumen a ella quienes se preocupan por este planeta, incluyendo a los 27 diputados que votaron a favor de la ley de protección ambiental. ■
@luciamedinas
