A través del foro “Análisis de la propuesta de Reforma Judicial” en Zacatecas, organizado por el Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública (UADGP), se ha discutido las implicaciones y controversias de la reforma judicial.
Los ponentes coincidieron en que, “estamos a favor de una reforma, pero no así”. Defendieron la integridad del sistema y cuestionaron la idea de que el voto popular resolverá problemas como el nepotismo y la corrupción.
La reforma sugiere una reestructuración profunda: reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, elección popular de jueces y magistrados, tanto federales como estatales.
Entre los ponentes se destacaron la Jueza María Citlalli Vizcalla Zamudio, el Juez Andrés Muñoz Ochoa, el secretario de Tribunal Juan José Castruita Flores y la doctora Ma. de la Luz Domínguez Campos; de igual forma estuvieron presentes estudiantes y ciudadanos.
Vizcalla Zamudio señaló que el objetivo de la reforma es combatir problemas persistentes como el nepotismo, la impunidad y la corrupción dentro del Poder Judicial, sin embargo, cuestionó la efectividad de la reforma para resolver estos problemas.
Expuso que el rezago judicial se debe en parte a la falta de recursos y la insuficiencia en la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Criticó la premisa de que la elección popular de jueces solucionará problemas estructurales y abogó por una reforma que se enfoque en mejorar las fiscalías, defensorías públicas y la creación de más juzgados.
Por su parte Muñoz Ochoa ofreció una perspectiva crítica y comparativa, advirtiendo sobre los riesgos de politizar el sistema judicial. Comparó la reforma propuesta con reformas judiciales en otros países, como Venezuela, donde cambios similares llevaron a una crisis en la independencia judicial.
Enfatizó que la independencia judicial es esencial para asegurar decisiones imparciales y basadas en la ley, no en intereses políticos.
El juez también expuso que reformas anteriores bajo la administración del ministro Zaldívar habían logrado avances importantes, como la reducción del nepotismo y la implementación de un sistema judicial digital. Sin embargo, señaló que la nueva reforma parece tener motivaciones políticas en lugar de judiciales.
Expuso varios puntos problemáticos de la reforma propuesta, incluyendo la eliminación de la edad mínima para jueces y magistrados, la selección de candidatos por tómbola, y la figura de jueces sin rostro. Estos aspectos, argumentó, podrían comprometer la imparcialidad del sistema judicial y afectar la calidad y experiencia de los jueces.
Castruita Flores subrayó el compromiso y la dedicación de los trabajadores del Poder Judicial, enfatizando que no forman parte de una «burocracia dorada». Castruita Flores destacó la alta carga de trabajo en los tribunales y la importancia de mantener un sistema judicial capacitado y bien estructurado. Expresó preocupación por la reforma propuesta, especialmente en lo que respecta a la selección de jueces por tómbola y la potencial politización del sistema. También cuestionó si el nuevo modelo garantizará la imparcialidad y la calidad del servicio judicial.
Domínguez Campos criticó varios aspectos de la reforma, incluyendo la afectación potencial a los derechos laborales de los jueces actuales y la posible destrucción del sistema de carrera judicial. Advirtió que la reforma podría perjudicar la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial, y resaltó que la tradición presidencialista en México podría estar influyendo negativamente en la propuesta.
