Los posibles efectos de los dichos de la embajadora

Los posibles efectos de los dichos de la embajadora

Ayer nos amanecimos con la noticia de que la ex embajadora estadounidense, Roberta Jacobson, reveló a la revista Proceso que el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) contaba con información sobre la relación delictuosa entre Genaro García Luna y el narcotráfico; también le dijo que “la información que obteníamos–en el Departamento de Estado– era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero venía de parte de mexicanos, ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de García Luna”. Las nuevas revelaciones de Jacobson se refieren a hechos ocurridos durante los seis años que García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, aunque también participó en el gobierno de Vicente Fox.

El autor de la nota, el periodista Jesús Esquivel destaca también que “pocos funcionarios o ex funcionarios del Departamento de Estado conocen al detalle, como Jacobson, la relación con México, en especial la que hubo con Calderón, lo que le da autoridad a su voz”. Roberta Jacobson fue designada como embajadora de los Estados Unidos en México por el presidente Barack Obama, con lo que se convirtió en la primera mujer enviada como Embajadora. Como secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, había estado a cargo del trato cotidiano con México y de la implementación de la Iniciativa Mérida, a la que Washington consideraba prioritaria; conocía cabalmente los temas y a los interlocutores mexicanos. Lamentablemente, la elección de Donald Trump cambió la situación al grado de que, por un tiempo, Jacobson no tuvo interlocutores de alto nivel en Washington y terminó por renunciar.

Recordemos que la Fiscalía de Estados Unidos intenta someter a proceso al ex secretario de Seguridad Pública federal porque, según su criterio, en lugar de combatir a los cárteles de la droga, lo que él hizo en esos años fue favorecer al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas de todos los tiempos; también se cree que cuidó los intereses de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera; de Ismael “El Mayo” Zambada y de Héctor Beltrán Leyva. Por ello, hoy está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio. Hasta hoy se ha declarado inocente y le han rechazado dos intentos de obtener libertad bajo fianza.

Durante el juicio a “El Chapo” celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al ex miembro del Cártel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos 6 millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada. La declaración de la embajadora podría ser el factor desencadenante de un proceso mediante el cual Felipe Calderón sea involucrado en el proceso a que está sometido su ex colaborador, no obstante que ayer mismo se declaró inocente de los comentarios que lo involucran.

Recordemos que al asumir de facto el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal y con el ánimo de legitimarse, Calderón declaró la guerra al narcotráfico y ordenó al Ejército Mexicano que realizara labores policiacas. Hoy, la prisión de García Luna y los dichos de la embajadora Roberta Jacobson ha dejado más claro que nunca que el gobierno panista no lo combatió en serio, ni al lavado de dinero ni al contrabando, ni al enriquecimiento ilícito de muchas personas. Tampoco logró regenerar las corporaciones policiacas, y la Policía Federal terminó por desaparecer en medio de una nube de acusaciones de corrupción. Muy pronto se conocerá si a estas alturas el jurado también ha recibido otras declaraciones en el mismo sentido de las de la embajadora Roberta Jacobson.

Es pertinente intentar hacer un análisis prospectivo de los escenarios políticos que se generarían en México en caso de que el fiscal de los Estados Unidos decida acusar a Felipe Calderón y llevarlo a ese país para someterlo a proceso; hace pocas horas que no es una hipótesis descabellada. En primer lugar, habría que imaginar el desgranamiento de toda una red de complicidades tejida alrededor de distintas dependencias del Poder Ejecutivo federal, empezando por el círculo cercano a García Luna, mandos diversos de la Policía Federal y de las élites empresariales que pudieron participar en la operación de lavado de dinero. Podrían ser involucrados diversos integrantes de los gobiernos de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto por sus vínculos directos con García Luna, aunque hay que tener en cuenta que a lo largo de los pasados seis sexenios cientos de panistas y priistas no solo compartieron espacios de poder y colaboraron en la aplicación gradual de las reformas neoliberales, sino que tejieron redes más o menos complejas para llevar a cabo operaciones de corrupción política. Veamos.

A partir de las crisis económicas de 1976 y de 1982, los sucesivos gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aplicaron meticulosamente las medidas contenidas en el Consenso de Washington, liberalizando y privatizando sectores enteros para dejarlos en manos del sector privado. Es conocido el hecho de que el proceso privatizador mexicano, junto con el de Rusia, ha sido escandalosamente corrupto y fuente de asociaciones delictivas. El modelo económico puesto en práctica produjo un resultado inesperado y poco estudiado: el de la transferencia de poder de la clase política neoliberal a un puñado de grandes empresarios. Así, el Estado autoritario, corporativo y corrupto, fue sustituido por uno igualmente corrupto, antidemocrático y orientado por los grupos que lo han capturado para proteger únicamente sus intereses, lo que ha venido deteriorando dramáticamente la gobernabilidad democrática del país. ■

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