Lavado de manos

Lavado de manos

Ingresamos a la Fase 3 de la contingencia sanitaria con las mismas medidas preventivas de la Fase 2. De centenas de casos positivos pasamos a contabilizar miles diariamente en todo el país, pero actuamos con las disposiciones de una fase menos crítica. Y el debate público no es menos ocioso, pues el Gobierno de México se enfoca en minimizar la gravedad de la crisis a como dé lugar.
Lo previmos aquí el pasado martes: “Pasamos de valorar un comportamiento como país, a un comportamiento regionalizado, o casi municipalizado. Distribuir los costos políticos de la epidemia entre todas las autoridades, y ayudar a despresurizar al gobierno federal”. En política no hay sorpresas, sólo sorprendidos.

En vez de medir los vectores poblacionales a los que se invitaba “voluntariamente” a asumir la cuarentena, en Palacio Nacional inauguraron el “quién es quién” de los estados que han respetado las previsiones de distanciamiento social. Y en Zacatecas hablamos de que el 56.7% de la población económicamente activa se desempeña en la informalidad.

El pasado 24 de abril, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dijo a La Jornada Zacatecas que, “voluntariamente”, entre los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Calera, 2 mil 100 comercios no esenciales cerraron sus puertas en la última semana. Habían pasado 4 días desde el inicio de la Fase 3 “regionalizada” en todo el país.

En Fresnillo, el padrón de microempresarios informales ronda los 5 mil registros. Sin embargo, la meta estatal que propuso la Secretaría de Bienestar para ofrecer préstamos por 25 mil pesos llegará únicamente a 7 mil 900 comerciantes (censados) en Zacatecas. No sin dejar de observar que tenemos un gobierno que convierte la política social en empréstitos.

Los comerciantes que accedan a los créditos deberán abonar mensualmente 850 pesos a la federación, durante dos años y dos meses. Es una política que, además, no tiene posibilidad de fiscalizarse antes de la elección del 2021 para saber en realidad cuántos miles de pesos regresaron a las arcas públicas en este sistema de financiamiento.

Cuántos comerciantes informales y que pertenecen al Censo de Bienestar, pudieron pagar a tiempo los impuestos convertidos en préstamos, no en apoyos sociales. Cuántos de ellos concluirán en fondos perdidos, como lo advirtió en 2019 el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutierrez, al referirse a los créditos a la palabra, como el caso del que se destinó a repoblar hatos ganaderos.

Del total de los 25 mil pesos de crédito, cuánto de ese dinero tendrá como destino el pago de servicios básicos (agua, luz, telefonía), rentas, deudas y otros compromisos financieros. Y qué porcentaje ayudará a resguardarse “voluntariamente”, si al siguiente mes ya hay un adeudo por 850 pesos de su acreedor. Suena a clientelismo cicatero.

Se entiende la actitud proactiva del edil Saúl Monreal Ávila para endurecer las medidas de acatamiento social. Al mismo tiempo, las autoridades municipales se enfrentan con los llamados de Hugo López-Gatell Ramírez, Ricardo Monreal Ávila y Olga Sánchez Cordero, a no limitar los derechos de tránsito y asociación. Si la disuasión no progresa por la vía “voluntaria”, el uso de la fuerza pública no tendría por qué descartarse.

No se trata de infringir derechos o de imponer un estado de excepción, se trata de una crisis sanitaria a la que se le mira como un problema meramente pasajero, sin importar sus consecuencias. Ahora bien, en el uso de la fuerza pública la adopción de criterios que además empobrecen el bolsillo familiar, como los del edil Julio César Chávez Padilla, quedan completamente fuera de lugar.

Por decisión unilateral, el Gobierno de México empuja a las autoridades locales a “establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación, de acuerdo con los criterios que disponga la Secretaría de Salud Federal”.

Fueron los gobiernos estatales y municipales los que anticiparon las cuarentenas y el ejercicio del distanciamiento social, así como la difusión publicitaria para capacitar a la ciudadanía, mientras el presidente de la república mantenía su agenda abierta. ¿Cuál es la responsabilidad en concreto de la federación? ¿Constantemente lavarse las manos del desastre?

¿Dictar lineamientos donde lo “voluntario” fue rebasado, y vigilar su “cumplimiento”? ¿Generar un sistema de vigilancia epidemiológica que subestima la profundidad de la emergencia sanitaria? En un mes la tasa de letalidad del virus en México pasó del 1.2% al 6.9%, la más alta en América Latina, y de las más pronunciadas a nivel global (por encima de China y Estados Unidos).

Con esos números, en un par de semanas el deficiente “sistema de vigilancia” de López-Gatell intentará abrir la actividad económica en municipios con menor desarrollo de infecciones. Sin posibilidad de rastrear contagios por el uso limitado de pruebas, la apertura indefectiblemente producirá un nuevo repunte de infecciones. La convocatoria de la SEDENA para reclutar personal médico por los próximos seis meses apunta en ese sentido. ■

Twitter: @GabrielConV

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