■ Sugieren planes de retorno, estrategias de salud binacionales y crear un fondo de apoyo
■ “La indiferencia del gobierno marca una ruptura histórica del Estado con este sector”
■ Exigen su inclusión en plataformas y toma de decisiones por el hecho de ser mexicanos
Para combatir la crisis sanitaria y económica que viven más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos y más 127 millones en el territorio nacional, derivado de la pandemia de Covid-19, las Federaciones y Organizaciones de migrantes, entre las que destacan los clubes zacatecanos, lanzaron un Manifiesto a la Nación con una serie de acciones inmediatas y otras a mediano plazo entre las que sobresalen planes de retorno, estrategias de salud binacional y fondo de apoyo a migrantes y sus familias.
Dirigido al Gobierno de México y los tres niveles, a los Poderes, al sector empresarial, los partidos políticos y la sociedad civil, el documento sostiene que a pesar de que los migrantes mexicanos contribuyen con las remesas al sostén de las familias, comunidades y el funcionamiento del país, sus necesidades no forman parte de la Agenda Nacional como lo demuestran los presupuestos que excluyeron partidas para fondos y programas importantes como el de Apoyo Migrante y el 3×1, entre otros.
Con ello, sentencia el manifiesto, se ratificó que este sector no es prioridad de ningún gobierno ni del Poder Legislativo, además de que marca una ruptura “histórica” del Estado con la comunidad mexicana residente en Estados Unidos, por lo que proponen que se haga un cambio a fondo en el que se reconozca el aporte económico, financiero, social y cultural que han venido haciendo por más de 40 años, ya que al ser mexicanos también, merecen formar parte integral en la elaboración y diseño de propuestas de apoyo a todos los sectores frente a los impactos de la doble crisis, la sanitaria y económica.
“Más allá de programas emergentes para superar esta crisis sanitaria, planteamos que la ‘economía de guerra’ que requiere actualmente el país para fortalecer el empleo, la micro, pequeña y mediana empresa, el mercado interno, el consumo y bienestar popular, además de incluir a las comunidades mexicanas migrantes con sus necesidades y demandas específicas, debe formar parte del cimiento de la construcción de un Proyecto de Nación con visión transnacional, que nos integre con necesidades, con demandas, con propuestas y potencialidades que hasta ahora no se han aprovechado”, escriben.
Por lo expuesto, los migrantes mexicanos exigen su inclusión en las plataformas y toma de decisiones por el hecho de ser personas mexicanas “con derechos plenos en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía que viven en México”. Y es que consideran que no pueden seguir apoyando “unilateralmente” al país enviando remesas cuando ante el impacto que están sufriendo como comunidad en Estados Unidos, no hay ninguna propuesta de política pública del gobierno mexicano hacia ellos.
Acciones inmediatas
y a mediano plazo
En tal sentido, los clubes y federaciones plantean algunas propuestas programas y políticas públicas, así como acciones inmediatas y a mediano plazo para contener el impacto de la doble contingencia, entre las que destacan: la constitución de un grupo multidisciplinario, intersectorial y transnacional que analice los impactos de la crisis sanitaria y económica en la comunidad mexicana migrante para construir una estrategia de apoyo y colaboración de manera integral durante la etapa Covid-19 y después de ella.
Que se establezca también una plataforma virtual que atienda necesidades específicas de la comunidad en esta contingencia, como información accesible sobre Covid-19, su prevención, contención y manejo, que prevea consultas médicas, apoyo psicológico, de prevención de violencia familiar y de género y asesoría legal, en la que participen en coordinación la Secretaría de Salud, la UNAM, el Politécnico, la UAM, la Anuies, Conacyt y otras instituciones y actores.
Asimismo proponen generar un fondo de apoyo para la comunidad mexicana en Estados Unidos con la colaboración de la iniciativa privada, empresas mexicanas trasnacionales, sociedad civil organizada, gobierno mexicano y otros actores interesados para poder ayudar a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, como aquellas que no cuentan con un documento migratorio, madres o padres solteros que se quedaron con sus familias ante la deportación de su pareja, quienes no califican para los paquetes de rescate económico en Estados Unidos y quienes están en los grupos de riesgo del Covid-19.
Destaca también la creación de una campaña informativa sobre la importancia del ahorro y del cuidado de las remesas familiares, así como la promoción de medidas que mejoren la administración de su economía y el consumo familiar frente al Covid 19 y sus secuelas en 2021, en comunidades de origen y destino de migrantes, ya que con los impactos de la doble contingencia de salud y económica, Estados Unidos tiene ya 26 millones de personas desempleadas al 15 de abril y son previsibles mayores deportaciones y migración de retorno que las sucedidas durante la crisis económica de 2007-2018.
Derivado de este último punto, plantean por lo tanto la necesidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador priorice su atención hacia la migración de retorno bajo cinco ejes centrales que son: la atención de salud física y mental, y condiciones sanitarias; la vivienda o albergue para población deportada que no tiene familia o redes de apoyo en México; empleo; coinversión migrante 1×1, 2×1, 3×1 y educación, integración familiar e inclusión comunitaria, generando facilidades para obtener documentos de identidad requeridos para acceso a servicios y programas.
En las propuestas a mediano plazo destacan el establecimiento de un Fondo de Apoyo a la Inversión Migrante Familiar, aprovechando los programas actuales de la Secretaría de Economía y Secretaría del Bienestar y que se restablezca el Fondo de Apoyo Migrante (FAM) adecuado a las nuevas condiciones del país y a los impactos de la doble contingencia.
Y finalmente solicitan que se analicen, valoren y actualicen las propuestas que han hecho en los últimos diez años en materia de desarrollo económico, migración, derechos humanos y empleo, mediante presupuestos necesarios para incidir en las causas estructurales de la migración forzada, para lo cual consideran necesario que la Secretaría de Hacienda (SHCP) considere las variables de “intensidad migratoria internacional y recepción de remesas” como nuevos criterios de asignación presupuestal a los estados y otorgamiento de trato fiscal preferente, para lo cual urgen a que haya en México una Reforma Fiscal Integral para superar la confrontación, la desigualdad y la inequidad.
