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jueves, 28 marzo, 2024
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Reabren instalaciones del IEEPO en Oaxaca

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Santa Lucía, Oax. Esta mañana fueron reabiertas las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), luego de permanecer ocho días cerradas tras el anuncio del gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, de reformar el decreto 02 publicado en el Diario Oficial del estado, el 23 de mayo de 1992 y mediante el cual se creó el instituto.

Desde temprana hora, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunieron en el exterior del instituto ubicado en Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca. A su vez, policías federales y estatales reforzaron el operativo de resguardo en el IEEPO.

En la puerta principal había vallas blancas rodeadas de uniformados y algunos trabajadores intentaron ingresar, pero sólo se permitió el acceso a mandos medios, primero, y posteriromente el jefe de comunicación social de la dependencia, Jorge Oropeza, tomó el micrófono y señaló que el acceso sería en orden y que los derechos de todos los empleados están garantizados.

Poco después, se comenzó a pasar lista a los empleados de las distintas áreas. En tanto, el secretario de Organización de la CNTE, Francisco Villalobos, acusó que no existen las condiciones para que los trabajadores de las tres delegaciones pertenecientes a la sección 22, y que laboran en el área administrativa del IEEPO, puedan acceder a sus instalaciones. Acusó la “militarización” del instituto.

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Acusan de homicidio a policía que disparó a afroamericano en Chicago

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Chicago. Un agente de la policía estadunidense que disparó en Ohio contra un hombre afroamericano durante un control de tránsito de rutina el pasado 19 de julio, fue acusado de homicidio el miércoles por lo que la fiscalía calificó como un acto «sin sentido» motivado por la ira.

«No estaba hablando con alguien buscado por asesinato, estaba hablando con alguien que no tenía matrícula» en el vehículo, contó a la prensa el fiscal Joseph Deters del condado de Hamilton.

Si el conductor empieza a andar y se aleja, «en serio, déjenlo ir. No es necesario dispararle en la cabeza» por este motivo. El caso se suma a una lista de hechos similares entre afroamericanos y agentes de las fuerzas del orden, en los que estos civiles pierden la vida.

«Lamento mucho por su familia y lamento mucho por la comunidad», dijo Deters, quien espera que con esta decisión se considere que se ha hecho justicia. «Es ridículo lo que ocurrió», añadió.

El autor del crimen, el oficial de la policía de la Universidad de Cincinnati Ray Tensing, dijo en un primer tiempo a los investigadores que le había disparado a la cabeza a Sam Dubose después de que éste intentara escapar llevándose consigo a rastras al oficial.

Pero al revisar la grabación que se obtuvo de la cámara que los policías llevan consigo, quedó en evidencia que la vida de Tensing no estuvo en peligro en ningún momento. «Es de no creer la velocidad con que saca su pistola y le dispara a la cabeza. Es quizá un segundo. Es increíble. Y no tiene sentido», expresó Deters quien se disponía a difundir el video. «Creo que perdió la paciencia porque Dubose no quería salir de su vehículo», añadió.

El video muestra cómo Tensing se acerca al vehículo y le pide a Dubose sus documentos. Dubose pregunta por qué lo hicieron estacionarse y señala que se dejó la licencia de conducir en casa. Entonces el vehículo empieza lentamente a alejarse pero la mano de Tensing alcanza a agarrar a Dubose. En un abrir y cerrar de ojos, la pistola aparece en el campo visual. La imagen se vuelve muy inestable al mostrar cómo Tensing corre detrás del vehículo, mientras éste sigue rodando. Dubose murió de inmediato, según Deters.

Tensing nunca tendría que haber sido autorizado a llevar una pistola ni una insignia, según Deters. La Universidad de Cincinnati cerró su campus el miércoles y colocó barricadas en los accesos para prevenir reacciones de protesta o violencia.

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Sigue el “hostigamiento”, dice OHL

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México, D.F. OHL México insistió en que las nuevas grabaciones difundidas ayer en las que se involucra a su presidente José Andrés de Oteyza, al director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya y al director de la Comisión Dederal de Electricidad, Héctor Ochoa Reza, son la continuación de “una campaña de hostigamiento”, pero en esta ocasión no rechazó de forma contundente algún contacto con ambos funcionarios como ocurrió cuando surgieron audios en los que se mencionaba al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza.

En un comunicado al mercado de valores OHL México dijo que “continúa una campaña de hostigamiento, una vez más, a través de comunicados y grabaciones ilegales y manipuladas que intentan desprestigiar el actuar de la compañía ante participantes del mercado, autoridades y público en general”.

La empresa reiteró que ninguno de sus directivos ha “autorizado pago alguno a algún funcionario público”, y dijo que mantendrá informado a los inversionistas sobre eventos relevantes.

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Denuncian a ex titular de Seguridad de Puebla por muerte de niño en protesta

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México, DF. El ex secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Facundo Rosas Rosas, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR), por la muerte del joven José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo, quien falleció a consecuencia de un impacto con bala de goma en julio del año pasado, durante una protesta que realizaron pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Pue., en la autopista Puebla-Atlixco.

Rosas Rosas renunció apenas ayer a su cargo, luego de que fue involucrado en el presunto robo de combustible, el pasado 15 de julio en el municipio poblano de Tepeaca. El ex funcionario aseguró que su decisión fue para no entorpecer las investigaciones que lleva a cabo la propia PGR.

La denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública fue presentada por Elia Tamayo Montes, madre de la víctima, y Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar de Chalchihuapan, quienes señalaron que a más de un año de que los habitantes de su localidad fueron agredidos por policías, bajo el mando de Rosas, la muerte de Luis Alberto, quien tenía 13 años, sigue impune.

Explicaron que la demanda está dirigida a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, para que ella tome directamente cartas en el asunto.

En entrevista, Bautista señaló que los hechos ocurrieron el nueve de julio de 2014, cuando los pobladores de San Bernardino protestaban, porque la legislación orgánica municipal fue modificada por el Congreso sin haber consultado a los municipios, lo que modificó la integración de 654 Juntas Auxiliares, las cuales pasaron ser órganos desconcentrados

La acción unilateral motivó una marcha de los pobladores sobre la autopista Puebla-Atlixco, la cual fue atacada por los granaderos, agregó que no contentos con eso, los policías entraron al pueblo y ahí dispararon “a quemarropa y es cuando lastiman a José Luis y a nueve personas más que resultaron heridas”.

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Pandillas salvadoreñas asesinan séptimo chofer por desafiar boicot

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San Salvador. Pandilleros asesinaron este miércoles a un séptimo chofer de un microbús por no atender un boicot que impusieron al transporte público desde el lunes y que continuaba este miércoles, según un reporte policial.

El conductor fue acribillado a balazos cuando se abastecía de combustible en una estación de servicio en la periferia noroeste de San Salvador.

Con esta víctima suman siete los choferes asesinados en diferentes puntos de San Salvador, luego de que el lunes murieron cinco y otro el domingo.

Los pandilleros mantienen el sabotaje al transporte público para presionar al gobierno a incluirlos en el Consejo de Seguridad, que preside junto a la sociedad civil en un diálogo que busca soluciones a la violencia criminal que golpea al país.

«En ningún momento nuestro gobierno está dispuesto a dialogar con los criminales, que les quede muy claro, no vamos a negociar y los vamos a perseguir, a capturar para ponerlos ante la justicia», les respondió el martes el presidente Salvador Sánchez Cerén.

El fiscal Luis Martínez, quien calificó a las pandillas de grupos «terroristas», pidió el martes «apoyo total» para la Fiscalía e instó a una comisión del Congreso a «revisar» la ley contra el terrorismo para evaluar modificaciones que garanticen su aplicación.

«No dejaremos impune las muertes de motoristas (choferes), policías, soldados y salvadoreños trabajadores», sentenció Martínez.

La noche del martes, en la colonia Valle del Sol -controlada por la pandilla Barrio 18-, 13 km al norte de San Salvador, la policía detuvo a César Vladimir Montano (el Seilor), acusado de ser uno de los principales cabecillas de ese grupo, de la facción Revolucionarios, que alentó el boicot al transporte público.

«Este sujeto ha ordenado homicidios, conspirado y realizado actos de terrorismo. Pido que los jueces sean duros aplicadores de la ley porque les vamos a mandar un mensaje de orden, de ley, de respeto a estos sujetos criminales que solo llevan dolor y luto a la población», aseguró Martínez.

En tanto, este miércoles, bajo intensa vigilancia de la Policía y el Ejército, miles de salvadoreños se desplazaban en camiones militares y transportes de entidades públicas para llegar a sus centros de trabajo o estudio.

 

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