Ciudad de México. Rogelio Franco Castán, preso por el delito de “ultrajes a la autoridad” en un penal de Veracruz, rindió protesta, por escrito, como diputado federal del Partido de la Revolución Democrática y la bancada perredista demandó su inmediata liberación.
En un hecho inédito, el ex secretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes envió una carta al presidente de la Mesa de Decanos, Augusto Gómez Villanueva (PRI), para solicitarle dictar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
“De enterado”, expresó el priísta. Luego, cuando se llamó a cada uno de los legisladores para elegir a la Mesa Directiva para el primer año de la 65 Legislatura, se cantó el nombre de Franco Castán para que votara.
El coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, dijo que la carta se leyó a partir de un acuerdo logrado anoche, en el que participó Morena.
Como parte de su carta, Franco Castán dijo que rendía protesta por escrito como diputado federal, “ante la imposibilidad material de hacerlo, al encontrarme privado injustamente de mi libertad por el gobierno de Veracruz, a pesar de que opera en mi beneficio la presunción de inocencia y tengo a salvo mis derechos políticos, tal como se manifiesta en la constancia de asignación de diputaciones electas plurinominales suscrita por el presidente y secretario del INE, que se adjunta en original”.
Espinoza Cházaro sostuvo que el Poder Judicial veracruzano no puede mantener preso a un diputado federal en funciones y con fuero. También planteó que, una vez electo como presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), tiene que velar por la inviolabilidad del fuero de todos los diputados.
A Franco Castán se le acusó primero de violencia familiar, por agresiones a su esposa. Cuando fue detenido, forcejeó con los policías y, según la versión de éstos, a uno le rompió la camisa. Ante ello, se le acusó de “ultraje a la autoridad” y a principios de agosto se le giró una nueva orden de aprehensión por supuesta extorsión, abuso de autoridad y actos en contra de la administración de justicia.
