Con la determinación de la SCJN que declara inconstitucional las normas que criminalizan el aborto, la Legislatura de Zacatecas está obligada a entrar a un proceso legislativo para despenalizarlo. Eso significa que deberán trabajar en comisiones para armonizar la legislación local con los mandatos federales para reconstruir el código y eliminar ese tipo penal. Y no sólo eso, el resquicio que había quedado para evadir el pleno cumplimiento del derecho a decidir, la llamada ‘acción de conciencia’ de los médicos, quedó también resuelto: no hay tal resquicio y debe aplicarse el derecho en todos lo casos. En otras palabras, el derecho público no queda en manos de la moral privada de los médicos.
En Zacatecas la pelea por este derecho lo venía ganando la derecha conservadora, con presiones intensas sobre los legisladores locales por parte de las iglesias y asociaciones religiosas. Incluso al grado de llegar al chantaje de los diputados con sus familias. El enfrentamiento verbal entre las organizaciones feministas y las clericales han sido impetuosas y apasionadas. La violencia verbal y psicológica ha crispado los ánimos en centros de trabajo, escuelas y hogares. Es un tema que polariza. Los intentos de lograr en Zacatecas la despenalización del aborto habían fracasado. Pero la reunión de las luchas feministas de todos los rincones del país, tuvieron éxito en el supremo tribunal, y con ello, han ganado la pelea en el conjunto del país. Es un logro histórico del movimiento social de las mujeres por el derecho a decidir.
Ahora quedan dos tareas pendientes junto al proceso de armonización legislativa: uno es la excarcelación de aquellas mujeres que hubieran quedado presas por ese motivo, aunque no ha manifestado nadie en el estado que existan casos claros de este tipo; y dos, la puesta en marcha de la logística hospitalaria para la interrupción del embarazo de las mujeres que así decidan hacerlo. Ya se podrá hacer en el ámbito privado, pero falta programar el tema en los centros públicos, saber si en todos lo hospitales puede practicarse la intervención ambulatoria que se requiere o sólo se designarán algunos sitios para realizarlas. En otras palabras, falta saber cuál será el procedimiento para que las mujeres soliciten dicha atención sanitaria.
Es evidente que los grupos y diputados conservadores intentarán patear el bote lo más lejos posible, sin embargo, la mirada nacional estará puesta sobre cada una de las legislaturas y Zacatecas recibirá presión de la opinión pública nacional si retrasa la aplicación de las modificaciones a su código penal. Estaremos muy atentos en el seguimiento del cumplimiento de la modificación normativa aquí expuesta e informaremos con minucia sobre el comportamiento de los legisladores en torno a este tema, porque no es un caso menor; por el contrario, es el resultado de una lucha histórica de las mujeres mexicanas en pro de sus derechos. Como sociedad hemos pasado, en poco tiempo, de la sima a la cima en los derechos de género.
