Control de políticas de ciencia, fondo del conflicto en Conacyt

Control de políticas de ciencia, fondo del conflicto en Conacyt
Las investigadoras Julia Tagüeña, de la UNAM, y Gabriela Dutrénit, de la UAM, durante la entrevista con La Jornada indicaron que la insistencia de la FGR de judicializar el expediente las llena de preocupación y temor. Foto: La Jornada

Ciudad de México. Integrantes del grupo de 31 científicos de gran prestigio nacional e internacional, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) inició una causa penal, Julia Tagüeña Parga y Gabriela Dutrénit Bielous señalaron que están dispuestas a que se les investigue, pero con transparencia, dentro del marco jurídico vigente, ya que no han incurrido en ningún ilícito y menos en delincuencia organizada, pero sus derechos han sido violentados, ya que ni siquiera conocen de qué se les acusa exactamente.

En entrevista con La Jornada, las investigadoras, doctoras en Ciencias y Economía, catedráticas de la UNAM y la UAM, respectivamente, rechazaron haber incurrido en hechos de corrupción durante su paso por el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico AC (FCCT), en el que se desempeñaron como coordinadoras. Además, dijeron que se han difundido datos erróneos y confiaron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador detenga la confrontación con la comunidad científica que se ha generado y que a nadie beneficia.

A su juicio, el tema de fondo es la decisión de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, de acabar con el foro para definir la política de ciencia y tecnología del país sin la participación de la comunidad científica, tecnológica y empresarial.

“No somos parte de una élite intelectual, como se ha señalado a partir de la polémica desatada”, comentó Tagüeña Parga, quien desde hace 50 años se dedica a la academia. Reconoce que es una “privilegiada”, porque pudo terminar una carrera en la UNAM y con una beca del Conacyt estudiar un doctorado en la Universidad de Oxford”, pero, agrega, ello lo ha retribuido al formar a nuevas generaciones en la máxima casa de estudios del país en las últimas décadas.

Igualmente, Dutrénit Bielous indicó que es un privilegio haber recibido educación de alto nivel y dedicar toda su vida a la ciencia y la formación de estudiantes para bien del país; por ello, están desconcertadas y dolidas por esa investigación penal que la FGR inició desde junio pasado, cuando todos fueron notificados en sus domicilios particulares que recibirían un citatorio.

Al final, lo que resultó, dijeron, fue una orden de aprehensión, solicitada ante un juez del penal de máxima seguridad del Altiplano por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, “lo que nos parece desmesurado y hasta fantasioso, porque en el foro los únicos recursos que se manejaban eran públicos, de dónde le viene lo ilegal”, resaltó Dutrénit Bielous, quien ha sido investigadora invitada de diversas universidades extranjeras de prestigio.

Aunque el juez de la causa rechazó ya en dos ocasiones girar la orden de aprehensión solicitada por la FGR, el titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada advirtió que insistirá y ello “nos llena de temor y preocupación”, sobre todo porque ni siquiera han querido entregarnos la carpeta de investigación para que podamos conocer con exactitud de qué se nos acusa y defendernos”, agregó Tagüeña Parga, quien coordinó el foro de 2019 a 2020.

Origen legal

Explicaron que el FCCT comenzó a operar en 2002, por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobada ese mismo año, como un órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo y como respuesta a una demanda histórica de la comunidad científica y empresarial para participar en la política en esa materia.

Por esa misma ley, se obligó al Conacyt a proporcionar a ese foro el presupuesto necesario para su funcionamiento, lo que operó hasta mediados de 2019, cuando Álvarez-Buylla decidió no aportar más recursos, lo que motivó un litigio que llegó hasta la Suprema Corte.

Las catedráticas, quienes tienen el nivel más alto en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI 3), comentaron que la causa penal se centra en la actuación del FCCT durante el sexenio de Enrique Peña Nieto e imputa a 31 personas, de las que seis fueron coordinadores y los demás secretarios técnicos, que en realidad eran “empleados” de la mesa directiva de ese foro.

En ella están representados los titulares de las principales instituciones educativas del país, como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Cinvestav, la Anuies, así como las academias de Ciencias, Medicina, de la Lengua e Ingeniería y los organismos empresariales, en total 17 organizaciones que recibían los informes financieros.

Éstos habían sido auditados por una firma externa y eran nuevamente auditados por el Órgano de Control Interno, por el propio Conacyt y, finalmente, en algunos años, por la Auditoría Superior de la Federación.

Incluso, recalcó Dutrénit Bielous, en la gestión de Álvarez-Buylla se certificó el buen manejo de los recursos del foro en el primer semestre de 2019, pero ahora se imputa a científicos prestigiados en el país y el extranjero –otro de ellos es el astrónomo José Franco– y jóvenes de gran prestigio.

Ambas resaltaron en la entrevista conjunta que al presidente López Obrador le han dado datos inexactos, ya que no es verdad que la mayor parte de los recursos del FCCT se dedicaran a servicios personales y hubiera derroche. El 89 por ciento se destinó a programas relevantes. “Quizá un error ha sido no destacar los trabajos que se realizaron en los 18 años de vida del foro, que no eran frívolos, sino de gran relevancia para el país”.

Lamentaron que la directora del Conacyt trate de evadir su responsabilidad en la persecución penal en su contra y señalaron que Álvarez-Buylla decidió desaparecer el FCCT porque no quiere escuchar la voz de la comunidad científica e incluso en ese sentido va el anteproyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación, en el que concentra facultades.

Para ellas, el escenario actual “es como una pesadilla”, con un fiscal que quiere encarcelarlas en una prisión femenina de máxima seguridad y a los hombres en el penal del Altiplano, pero las anima “la gran solidaridad y apoyo” que han encontrado de la comunidad científica, otros sectores de la sociedad y organizaciones científicas de otros países.

Esperan, insistieron, que se respete la decisión del Poder Judicial, que ya determinó que no hay causa penal que perseguir y que “el presidente López Obrador, quien encabeza el primer gobierno de izquierda en el país, asuma el problema e impida esa injusticia de considerarnos parte del crimen organizado”, indicó Dutrénit Bielous.

“Todos estamos comprometidos con México, todos queremos lo mejor para el país, hay que pedir que las comunidades académica, científica y tecnológica participen del desarrollo de este país, no hay que confrontarnos. A lo mejor esto es una coyuntura que nos permita un acuerdo, porque hay temas que son comunes, por ejemplo, promover la ciencia de calidad”, resaltó a su vez Tagüeña Parga.

“La ciencia no se puede hacer de la cabeza de una sola persona, sea la que sea, tiene que haber una discusión plural”, concluyó.

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