El sistema de justicia mexicano tiene grandes aciertos y avances en cuanto a la aplicación de la justicia, sin embargo, tiene sus vicios y defectos como toda institución cuya actividad es pública o política. La designación de jueces, magistrados y ministros mediante ternas propuestas por el Ejecutivo de los Estados y Federal a los Congresos Estatales y Federal, ha permitido que éstos sean electos por afinidad a los proyectos políticos y económicos de las elites política en el país.
El recinte caso del Tribunal Electoral en el que magistrados remueven mediante decisión del pleno al Magistrado Presidente del mismo, es muestra de que los intereses de los magistrados más allá de la justicia en el país, inmediatamente se vuelve público a través de los medios de comunicación, a qué grupo político o de interés pertenecen, algunos nombrados en la anterior Legislatura federal e incluso propuestos por ex Presidentes.
En este sentido, el Poder Judicial de la Federación y de los Estados, han sido coptados por nuestra clase política para asegurarse en muchos casos impunidad y protección para evitar pagar por sus actos de corrupción en los encargos, así mismo, asegurar protección a los demás miembros del grupo político y de todos aquellos cuyos intereses se pudieran ver en riesgo si la administración cambia de color.
En ese mismo sentido, las extintas Procuradurías de Justicia, ahora Fiscalías Generales de Justicia, fueron utilizadas y en muchos Estados, siguen siendo utilizadas con el mismo objetivo, incluso para evitar sean judicializados los asuntos y se evite llegar al tribunal. El fiscal es electo de igual forma que jueces y magistrados, de esta forma es posible presionar para que éste, baje indicaciones con fiscales especializados para que de ser necesario, se abstengan de continuar investigaciones por no encontrar mayores elementos.
Este método mediante el cual nuestra clase política ha operado para lograr impunidad frente a sus actos y delitos, ha sido también utilizado desde hace décadas para perseguir a los principales opositores, tratar de sacarlos de la jugada y sobreponerse a los mismos. En todos los Estados y en el país hay muestras de que muchos actores han sido víctimas de persecuciones políticas para callar sus críticas, deslegitimar sus reclamos, luchas movimientos y crear una imagen negativa de ellos frente a los mexicanos.
Es así que una gran cantidad de políticos, luchadores sociales, periodistas, empresarios, etc, han terminado privados de su libertar sin existir elemento alguno en su contra, muchos incluso, se encuentran pagando penas en cárceles desde hace años sin siquiera haber sido sancionados por una autoridad judicial. Olga Wormat, en su más reciente publicación “Felipe el Oscuro”, narra y expone testimonios de una gran cantidad de personas que pagan por delitos que no cometieron y que les fabricaron sembrándoles “evidencia”, torturándolos o presionándolos mediante amenazas hacia sus familiares, sin duda, desde el poder político se ha perseguido a muchos actores políticos o vinculados a asuntos de la vida pública y política de forma impune.
Andrés Manuel es otro ejemplo de persecución política, durante su encargo como Jefe de Gobierno del Distrito Federal y como principal opositor del régimen panista y priista en el país, se convirtió en una amenaza para los intereses de quienes buscaban la sucesión presidencial y de quienes buscaban sostener sus privilegios, es así que fue acusado y desaforado por el Congreso Federal, enfrentó el proceso y demostró su inocencia al grado de que no pudieron llevarlo ante la justicia, el respaldo que encontró fue el de millones de mexicanos que aún hoy lo acompañan.
Ricardo Anaya se presenta como un perseguido político tras la declaración de Lozoya en los tribunales al señalarlo como un receptor de millones de pesos para aprobar las reformas de Peña Nieto cuando era diputado federal, el único respaldo que ha encontrado es el de sus compañeros de partido, al menos de las cúpulas, y de otros actores políticos como Ricardo Monreal, Vicente Fox, Calderón, entre otros, pero ha encontrado la burla y la crítica por parte de los mexicanos que evidentemente lo encuentran probable responsable, capaz de haber recibido los pagos y de haber utilizado sus encargos para enriquecerse.
Las muestras de apoyo que recibe el ex candidato presidencial del PAN, dejan entrever que la clase política que ha utilizado la venta del voto legislativo, encargos para enriquecerse y cometer actos de corrupción, está muy nerviosa de enfrentarse pronto a la justicia.
