La publicitada “preocupación” que expresa el Presidente AMLO de manera recurrente, para presentar una iniciativa de ley que tenga por objeto reformar el sistema electoral en México, tiene de antemano un tinte subjetivo. Nunca ha planteado que tanto el órgano electoral como la autoridad especializada en la materia, requieren cambios en su estructura que se adecuen a las funciones que actualmente desempeñan, como las consultas populares y, lo que viene sobre la revocación del mandato por citar dos ejemplos. Por el contrario, arremete de manera agresiva y machacona en contra de magistrados y consejeros, amenazando a todos con destituirlos porque como indica, esas instituciones están “podridas y no hacen las cosas bien. Ya no es como antes, nosotros no somos iguales”. De todo esto, responsabiliza al consejero presidente del INE Lorenzo Córdova y al también consejero Ciro Murayama.
Mucho se ha comentado que una reforma como la que anuncia el Presidente, implica un retroceso histórico para la democracia electoral.
Opino que así es.
¿Qué desea el Jefe del Ejecutivo Federal? ¿La existencia de un INE que sea extensión de la Presidencia de la República? ¿Sin autonomía, cómo cuando el consejero presidente lo era el Secretario de Gobernación? No se puede explicar de otra manera su repudio hacia el sistema electoral actual.
Tanto las elecciones de 2018 como las del pasado 6 de junio del año actual, fueron organizadas y vigiladas por los consejeros del actual INE que tanta incomodidad le representan a AMLO. Los mismo magistrados en funciones del TEPJF a su vez, fueron los encargados de calificar esos comicios. En ambos casos, los resultados le fueron favorables a AMLO. La primera elección, de manera arrolladora lo llevó a a ocupar la Presidencia de la República, mientras que en las de junio pasado, obtuvo la mayoría de las gubernaturas de las 16 en contienda.
Sin embargo, el Presidente López Obrador hasta donde se conoce y se le ha escuchado, no incluye a los partidos políticos en su reforma que prete3nde. No ha tomado en cuenta que precisamente los partidos políticos, son entidades de interés público; que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir en la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacen posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marcan la Ley Electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. No obstante, han quedado al margen de su plan de reforma electoral, puedan participar activamente en la reforma electoral.
Una reforma electoral, necesariamente debe ser resultado de acuerdos, de consenso entre esas organizaciones políticas y de ninguna manera voluntad de una sola persona.
Así ocurrió en la reforma electoral de mediados de la década de los noventa: Santiago Creel refiere:
Con el objeto de dar contenido a los temas contemplados en la agenta de reforma propuesta por los consejeros ciudadanos, a finales del mes de enero de 1995, el consejero ciudadano José Ortiz Pinchetti, el consejero ciudadano suplente Jaime González Graf y Santiago Creel, decidieron iniciar lo que se denomijnó El Seminario del Castillo de Chapultepec. El objeto de este ejercicio fue desarrollar cada uno de los temas de la reforma electoral, a fin de apoyar los esfuerzos que en ese momento se estaban realizando en el marco de los Compromisos por un Acuerdo Político Nacional.
Al iniciar el análisis de esos temas, se percataron de qué, además de abordar su parte teórica, era necesario conocer las posiciones de los partidos políticos, respecto de cada uno de los asuntos que se irían revisando, por lo que convinieron invitar al Seminario a todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Igualmente, se invitaron a académicos y a diversas organizaciones ciudadanas.
El Seminario del Castillo de Chapultepec, trabajó durante casi un año. En él, la propuesta de la agenta de los consejeros ciudadanos, se estructuró alrededor de cuatro grandes apartados: 1.- Principios rectores, órganos y procedimientos electorales. 2.- Condiciones de la competencia. 3.- Democratización de la representación y 4.- Partidos, asociaciones políticas y coaliciones. La propuesta plantea una serie de enunciados referentes a cada uno de los principales temas.
Desde finales de 1994, hasta abril de 1996, se vinieron realizando asimismo múltiples investigaciones, foros de debate, publicaciones y propuestas de agenda, que han enriquecido la discusión en torno a la reforma electoral. Los partidos políticos, el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y lo que fue el IFE, múltiples organizaciones cívicas regionales y nacionales, funcionarios electorales, académicos, periodistas, y, en fin, un sinnúmero de mexicanos, participaron de manera activa en aquellos trabajos, aunque, ciertamente hubo opiniones encontradas respecto al tratamiento respecto de cada uno de los temas específicos, en lo fundamental se coincidió sobre todo, por lo que respecta a la consolidación de la autonomía e independencia de la autoridad electoral.
