Con la aprobación de dos nuevas leyes, concluyó el sexto y último periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura.
La primera de ellas tiene como propósito fundamental fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad, las cuales son generadoras del 80 por ciento de los empleos en el estado.
En la “Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” se contemplan los apoyos que debe otorgar el Estado, sobre todo en tiempos de emergencia como la vivida con el Covid-19, a fin de contribuir a la reactivación económica.
La otra norma avalada fue la nueva Ley de Cultura. Su construcción se concretó luego de la realización de tres foros con los involucrados en el desarrollo cultural de la entidad.
Una modificación sustantiva realizada en la elaboración de esta ley radica en que a partir de ahora esta legislación regirá la operación del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, reorganizando su estructura y normatividad interna. Se abre además la oportunidad de usar las nuevas tecnologías para difundir la cultura y lograr la cobertura en todo el territorio estatal.
Garantizar la participación de las personas en la vida cultural es un elemento sustancial de esta ley.
Mención especial merece también el trabajo legislativo realizado para reformar el Código Familiar con el objetivo, entre otros, de crear un Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Esta acción se impulsó derivado de que algunos deudores alimentarios, de manera intencional, dejan de cumplir con su obligación incurriendo en prácticas inconcebibles como el dejar de prestar sus servicios en la empresa que retiene de su salario la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia, cambiar de residencia o ponerse en una situación de ilocalizable.
Por lo anterior, las y los diputados determinaron que debía eliminarse la posibilidad de no pagar pensión alimenticia por argumentar el no tener medios económicos para cumplir con esa obligación. La única excepción que se establece es por incapacidad física o mental que le impida obtener los recursos necesarios.
Por otra parte, siguiendo con la lucha por una igualdad sustantiva, se estableció en la norma que ya no es obligación, al momento de registrar a un recién nacido, colocar el apellido del padre en primer lugar; esa será una decisión que deberán tomar los padres o tutores.
También se decretó que en adelante no se otorgará la patria potestad de manera automática a la mujer. Los jueces encargados de llevar un caso de estas características deberán privilegiar el interés superior del menor y revisar las circunstancias particulares de cada progenitor antes de tomar una determinación.
Dentro de estas mismas modificaciones está la que se hizo para que en los casos de declaración de ausencia por desaparición forzada o secuestro se reduzca de dos a un año el plazo para que los deudos puedan ejercer derechos en materia de salud, seguridad social, cobro de seguros y otros más que les permitan garantizar su sustento.
Además, en esta serie de reformas se contempla ya lo referente a la alienación parental y se eliminan todos los elementos que posibilitaban los matrimonios infantiles. De igual forma, ahora es obligatorio informar, antes de contraer matrimonio, si se ha sido condenado previamente por el delito de violencia familiar.
Esta serie de reformas tuvo un broche de oro al concretarse una propuesta que se hizo desde el inicio de la actual legislatura y que busca dar un rostro, sacar de la oscuridad y del anonimato a nuestros paisanos que radican sobre todo en el vecino país del norte. Las y los legisladores avalaron la posibilidad de expedir cartas de identidad como documentos de identificación personal dirigidos a los migrantes zacatecanos y, con ello, se les garantiza el ejercicio de otros derechos como el de la educación, la salud y la vivienda.
Otro logro en materia de migración es la reforma por la que desde ahora todos los ayuntamientos deberán de contar con una Dirección de Atención a Migrantes.
En este cierre de legislatura se avalaron además modificaciones para la protección a niñas, niños y adolescentes, así como en materia de salud mental. También se hicieron cambios a la Ley de Desarrollo Social para agregar criterios como el de vivienda digna y decorosa y alimentación nutritiva y de calidad en los lineamientos sobre la medición de la pobreza.
También se logró la regulación de las plataformas digitales que brindan hospedaje y se cumplió con una titánica tarea de fiscalización al aprobar 56 cuentas públicas cuyas observaciones superaron los 138 millones de pesos.
Aún hay pendientes que atender, por ello siguen los foros de parlamento abierto para analizar la propuesta de reformar la Ley del Issstezac y habrá de recibirse el último informe del mandatario estatal. La tarea legislativa concluye hasta el último minuto. ■
