La cita con las urnas del pasado 6 de junio, si bien para el asediado y hostigado sistema electoral mexicano arroja un saldo no sólo positivo, sino saludable en términos de eficiencia para la mayoría de sus instituciones (además del ahorcamiento presupuestal), tiene un signo ominoso y de grave preocupación: la coexistencia con la violencia del crimen organizado, del narcotráfico y de la delincuencia común. Otro elemento adicional en el escenario es la violencia delincuencial que vota o intimida, distorsionando la participación política y que, cuando menos desde las pasadas elecciones intermedias (2015), ha adquirido carta de naturalización en nuestro contexto de “convivencia” democrática.
Felicidad presidencial y “Pax Narca”
Las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador –quien enrareció y entorpeció ilegalmente la contienda electoral del país con todos los recursos del poder a su alcance– sobre su satisfacción general con los resultados electorales no son una anécdota de sus conferencias mañaneras, sino una verdadera confesión que debe tener consecuencias jurídicas en un estado de derecho: reconocer desde la alta investidura de gobierno un “buen” comportamiento delincuencial (con base en simplificaciones numéricas de homicidios) confirma un pacto no escrito con organizaciones criminales en el que las fuerzas de seguridad, militares y civiles, son copartícipes o cómplices al renunciar a sus obligaciones constitucionales.
La novedad de este esquema, a diferencia de la Pax Narca del pasado, es que no era posible deducir un pacto general, sino acuerdos regionales y/o estatales entre diversos actores (federales, estatales y municipales) y de distinta naturaleza (civil y/o militar), según fuese el grado de influencia en las acciones o misiones de contención o represión definida en la estrategia de seguridad, tanto en el nivel nacional como en las jurisdicciones locales. Esta dispersión y diversidad de autoridades y alcances operativos hacía difícil establecer en forma directa el contorno exacto de los arreglos de la narcopolítica mexicana. Sólo se deducían a partir de datos relativos sobre los “ataques” o acciones punitivas que se enfocaban hacia ciertas organizaciones o grupos. Las hipótesis en este sentido no se explicaban por completo con base en datos insuficientes de detenciones de figuras intermedias o de algunos capos de cárteles, y tampoco por las omisiones de los supuestos criminales favorecidos por el poder.
Seguridad e “Inteligencia”, la caja negra de la 4T
Uno de los graves retrocesos en los cambios institucionales en la seguridad nacional del país fue la degradación administrativo-política del Cisen (Centro de Información y Seguridad Nacional), en hacerlo apéndice militar-policial (junto con la naciente Guardia Nacional) como CNI (Centro Nacional de Inteligencia), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Anteriormente, con la irrupción e influencia creciente de la narcopolítica (reconocida oficialmente en la segunda mitad de la década anterior), el Cisen reforzó una práctica de involucramiento de carácter preventivo en los procesos electorales tanto en el ámbito federal como en las elecciones locales. Fungía como articulador de estrategias de grupos de coordinación (federal y estatales, según fuese el caso) interinstitucional tanto con organismos civiles y militares de seguridad, administración de justicia y electorales (incluyendo los jurisdiccionales), con el objetivo de establecer actividades conjuntas y específicas para asegurar la celebración de comicios (la denominación cuyo origen data desde finales de los años noventa apuntaba hacia la coordinación federal propiamente dicha y el nombre de cada entidad –p.ej., “grupo Oaxaca”– y que desde 2012 simplemente fueron conocidos como grupos de “coordinación local en materia de seguridad”). Con el gobierno de la 4T se deforma y modifica el enfoque y tratamiento de esta estrategia desde la creación del CNI (que no mereció reformulación normativa y sigue regulándose con un marco legal que no le corresponde en términos estratégicos y de seguridad nacional). Si bien antes de 2018 el esquema se manejaba en los límites regulatorios de las instituciones y organismos involucrados, pero con un manejo tal que permitiese que las definiciones y decisiones técnico-administrativas no se burocratizaran, en el presente proceso se convirtió en una caja negra donde los militares (Sedena-Marina y Guardia Nacional) actuaron con secrecía y sin tomar en cuenta las dinámicas y visiones de las instituciones civiles involucradas. Se ha optado por un esquema compartimentalizado en el que sólo las estructuras de seguridad militar (Sedena-CNI, fiscalías y policías locales prácticamente no figuran) establecen demandas de información a instituciones civiles mediante un interlocutor designado. Las autoridades políticas de orden interno a nivel federal y local se han reducido a simples intermediarios o mandaderos de los militares.
