Para Asier y su generación, que se estrenan como ciudadanos pensantes, responsables y sabedores de su poder al votar.
Las cifras para la consolidación del poder unipersonal de Andrés Manuel López Obrador, hoy por hoy, ya no cuadran con el escenario electoral optimista de hace ocho semanas. A la luz de la abierta e ilegal injerencia electoral del presidente (y por lo que se juega en intereses facciosos), la variable militar tendrá un papel importante más allá de velar por la seguridad pública (responsabilidad que se le entregó indebidamente). Junto a la nueva pax-narca de AMLO, a partir de estas elecciones es previsible la aparición de prácticas renovadas de operación político-militar que concluyan la imposición autoritaria del populismo armado.
Unidad nacional y fracaso de la memoria
Más en tono de arenga que de conciliación social ante la polarización política que impulsa el presidente, el llamado a la “unidad nacional” del secretario de la Defensa (5 de mayo) revive la retórica de los años cincuenta del siglo pasado en que el autoritarismo priista se consolidaba luego del sometimiento civilista y político del Ejército. Un tiempo en que fue común ver a soldados y marinos desplegados en las llamadas “brigadas volantes de votantes” que, en “operación carrusel”, visitaban casillas para sufragar, una y otra vez, por el partido en el gobierno (es más conocida la versión civil de esta modalidad de fraude, pero se suele dejar de lado la actuación militar en la movilización electoral).
Esta práctica cayó en desuso con la lucha por la democracia electoral, por el respeto al voto en las calles en los años ochenta, y por la imposibilidad de votar más de una vez (gracias a un nuevo padrón ciudadano depurado, con la credencial electoral con foto como elemento antifraude). La presencia de observadores extranjeros junto con la sociedad civil organizada del país ayudó a inhibir prácticas fraudulentas o de intimidación de votantes. El incipiente sistema electoral y de partidos al final de esa década, confinaron el papel militar al transporte, vigilancia y resguardo de materiales electorales (tarea por la cual cobran e imponen condicionamientos diversos).
En la lógica castrense que identifica a la persona del presidente con el pueblo, en los tiempos actuales el discurso del general Sandoval anticipa y justifica su injerencia política (de respaldo al partido de Estado y al “ciudadano” presidente) con el pretexto del “deber patriótico”, tal como ocurría hace más de medio siglo. En esta óptica, no hay fraude ni ilegalidad alguna, sino la obligación moral indeclinable de preservar la “unidad nacional” así entendida… y complementada con la “fuerza de México”.
La diferencia con el pasado son los perversos incentivos, contantes y sonantes, con los que hoy cuentan militares y marinos, además de un creciente presupuesto público y financiamientos autónomos (fideicomisos), al acceder y administrar recursos sin control ni rendición de cuentas: al igual que el Ejército con el usufructo de aeropuertos y de parte del Tren Maya, se le dejará a la Marina la administración del Corredor Transístmico (9 de mayo). La conclusión es clara y hay que señalarla: un revés electoral también implica una amenaza real a los privilegios económicos (se estancarían) y garantías de impunidad (e inmunidad) que han acumulado los militares en el sistema político y que se han exacerbado en este sexenio.
“Inteligencia” militar-civil en clave electoral
Pese a ciertos y arduos esfuerzos por profesionalizar la función de inteligencia del Estado mexicano, el espionaje político-electoral (como práctica viciada de dicha función) no desapareció del todo como práctica del gobierno en turno. El uso faccioso de instituciones de justicia y de investigación que hace el presidente López Obrador tiene una faceta sórdida y oculta respecto de los órganos de “inteligencia” con los que cuenta: la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda, las subestructuras de investigación de la “autónoma” Fiscalía General de la República, las que dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana figuran en la Guardia Nacional y donde también se encuentra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las secciones y unidades de inteligencia que operan al interior de la Sedena y la Semar. Bajo el esquema propio de un país democrático y de leyes, este esquema debía orientarse a la protección institucional del Estado y de la sociedad. Por desgracia no es el caso de México.
En cuanto al antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y ahora su sucedáneo CNI en la SSPC, con el pretexto de evitar la infiltración del narcotráfico en la política, se fue más allá al generar múltiples fichas de políticos y de participantes en los procesos electorales. El contenido de dicha información (con datos no siempre confirmados) terminaba utilizándose en forma facciosa por los operadores políticos del presidente en turno, tanto para palomear o vetar candidaturas afines como para identificar vulnerabilidades (como elementos de chantaje) de adversarios políticos. Lo mismo ocurría por parte de los militares, en particular con la información en poder de los comandantes de zonas y regiones militares y navales.
La conducción contradictoria de un órgano de inteligencia civil que abandonó su carácter estratégico lo debilitó al grado de deformarlo ante los embates del sector militar que terminó engulléndolo. Inutilizado aun para la seguridad pública, se quedó con la peor herencia del uso ilegal de una función que se manifiesta en vulgar espionaje al servicio del presidente.
Voto verde olivo
En 1988 los militares se apartaron electoralmente del comportamiento corporativo respecto del partido oficial votando por el opositor Cuauhtémoc Cárdenas. Son prácticamente inexistentes los análisis sobre sus manifestaciones electorales, de tal modo que es difícil saber si el cardenismo opositor sentó bases de una cultura y pluralidad políticas al interior de los cuarteles. Sin embargo, el nuevo escenario de poder y privilegios de la institución militar hacen de su verticalidad orgánica la instrumentación electoral adecuada y funcional, sea por acción u omisión, a los deseos presidenciales.
Aunque cuantitativamente y en apariencia pudiera ser poco significativa (337 mil 860 efectivos distribuidos en 61 zonas militares y navales en el territorio nacional), la movilización corporativa y dirigida de soldados y marinos debe considerarse, junto a un comportamiento clientelar por extensión de miembros familiares o de dependientes económicos en edad de votar (con lo que se multiplicaría varias veces la cifra anterior), ubicados en los complejos habitacionales o fuera de sus instalaciones castrenses. La movilización directa de militares (que se encuentren fuera de su sección o distrito electoral, o bien, en otra entidad) tiene como escenario operativo las casillas especiales en distritos donde haya interés de incidir. Hay antecedentes (2018) de que el partido del presidente no es ajeno a tácticas de movilización para copar y saturar casillas especiales, agotando desde el inicio de la jornada el número limitado de boletas disponibles (mil) y generando presión a la autoridad electoral. El otro ámbito es el voto en las secciones electorales con instalaciones militares (del Ejército y la Marina). Los estrategas y operadores electorales tienen presente que en 2006 la cantidad por la que se adjudicó el triunfo al PAN fue por menos de 240 mil sufragios (apenas medio punto porcentual de la votación). Visto así, en los escenarios cerrados de elecciones en distritos (federales o locales) y de gubernaturas, el voto verde olivo (que no se limita a sus efectivos) se cuenta desde ahora en las estimaciones del voto duro de la 4T y podría ser determinante en una estrategia focalizada.
El factor miedo
En lo que va del proceso electoral la violencia política registra, hasta el 12 de mayo, 550 agresiones y 84 asesinatos, de los cuales 75% eran opositores a gobiernos estatales (ver Cuarto Informe de Violencia Política en México, Etellekt, Mayo 2021). Esto abona a la violencia criminal preexistente y que se destaca en las zonas de mayor incidencia y presencia de cárteles y organizaciones delincuenciales.
La deliberada inactividad de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas para contener la andanada de violencia entremezclada con factores electorales tiene un efecto paralizante y de abstención electoral, en particular en comunidades atrapadas que no pueden desplazarse para alejarse de esos focos de inseguridad. Este escenario no es sólo el resultado de la incapacidad de las instituciones de seguridad del presidente, la narrativa oficial deja entrever una perversa actitud a favor de los criminales de dejar hacer y dejar pasar en lugares donde la baja participación electoral beneficia los intereses electorales del presidente. Las novedades del cambio demuestran que el actual grupo en el poder, en efecto, no es igual a los del pasado. Los números electorales del 6 de junio nos dirán, entre otras cosas, en qué medida hay un ejército nacional… o de Andrés Manuel López Obrador. ■
