Educación Superior

Educación Superior

Hablar de, y prometer, educación gratuita y de libre acceso para toda la población de un país es el santo y seña de muchas luchas sociales. ¿Buscan estas que la población se haga dueña del cúmulo de conocimientos forjados por la humanidad a través del tiempo? Sí, aunque no solo eso, y rara vez aparece en los discursos la idea de una educación valiosa por sí misma. Según la teoría funcionalista de la educación, y su gemela, la ideología funcionalista, educar a la población tiene por finalidad promover la movilidad social. En tanto se pueda demostrar que tal efecto ocurre con un alto grado de probabilidad, la afirmación se mantiene como una teoría, si no es posible demostrar la correlación planteada se construye una ideología. ¿Cuál es la sutil diferencia entre una y otra? La teoría parte de hipótesis que se pueden descartar, es decir: quizá no sea verdad que una mayor educación permite obtener mayores ingresos, pero tal vez sí, en todo caso se debe indagar empíricamente esa relación. Una ideología no sostiene hipótesis, postula verdades inconmovibles: se hace una marcha, se toma una avenida, se pegan carteles y se pide apoyo popular porque aquello por lo que se lucha no admite claudicación o relativismo. ¿Cómo se entienden la gratuidad y el libre acceso conceptualmente? En un extremo, la educación no es nunca gratuita porque los salarios de docentes, y el costo de las instalaciones y su mantenimiento, no es gratis, cuesta, así que “gratuidad” significa que ese costo lo pagan los contribuyentes porque el Estado financia la educación. A esta se le llama “educación pública”. Por el otro extremo, el libre acceso tampoco es nunca posible porque depende de dos factores condicionantes: el tamaño de las instalaciones y las capacidades cognitivas de los aspirantes. Hugo Aboites, en una serie muy interesante de artículos en La Jornada, ha discutido varios aspectos de la reciente Ley General de Educación Superior (LGES), decretada por el ciudadano presidente el día 20 de abril de 2021. Es el último de estos del que resulta importante partir, porque comienza de modo dramático: “En Colombia, los jóvenes desafían cada noche al mortífero gobierno de Duque gritando “nos quitaron la salud, nos quitaron la universidad, y ahora nos quitan el salario” (Hugo Aboites “Colombia y México: ley de por medio” La Jornada 08/05/2021). Así, en el discurso de Aboites, se ligan dos situaciones: la represión por parte del Estado colombiano de sus jóvenes, a los que les quitó el futuro, y una visión de lo que acontecerá en México debido a la LGES. Por supuesto, al colocar junto a su discusión de la LGES la imagen de las calles en llamas y la juventud zaherida algo se insinúa: en México no se está lejos de algo así. ¿Por qué? porque en la LGES la gratuidad no es tal, será gradual como lo afirman los artículos, 64, 65 y 66, y nunca comprometerá las finanzas de las instituciones de educación. Por ende, aparenta ser una promesa vacua, o muy conservadora. Tampoco habrá libre acceso, estará condicionado a evaluaciones realizadas por organismos evaluadores, como se estipula en los artículos 58 y 59. Esto es un escándalo para Aboites: “ahora se decide darle a la evaluación (y acreditación) lo que durante 30 años nunca tuvo: legalidad”. ¿Es la política educativa del obradorismo la continuación del neoliberalismo por otros medios? No lo afirma así Aboites, pero casi. Sin embargo, pese a toda la carga emotiva de las críticas de Aboites hay algo que se le escapa: ¿qué opinan y cuál es el modo de actuar de las instituciones públicas de educación superior? Difícil de saber sin una investigación empírica, pero se puede tomar el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas de ejemplo ilustrativo. El último intento que hizo de llevar la educación gratuita a todos los confines del Estado (no se piense en Mazapil o Melchor Ocampo), liderada por el rector Francisco Javier Domínguez Garay, concluyó en la impagable deuda del presente. ¿Y el libre acceso? Es una historia muy larga, empieza con las querellas alrededor del pase automático en la Facultad de Medicina y se liquida con la oprobiosa violación de la voluntad de los universitarios por la legislatura local, cuando los diputados modificaron el proyecto de Ley Orgánica para desvanecer cualquier vestigio de ingreso sin evaluación a las aulas de la UAZ. Los universitarios no se movilizaron porque estuvieron de acuerdo, no les importó o les pareció irrelevante alzar la voz. No pasó nada. Y tal situación permite especular que las esperanzas de Aboites respecto al futuro son baldías. Él cree que la LGES, como resultado de la soberbia, de la hibris, provocará una némesis bajo la forma de una mejor organización de los afectados: “Crear un sistema nacional abre el terreno a una unidad más amplia -con el tiempo hasta nacional-que recobre el esfuerzo de 1920-1930 de una Federación Nacional de Estudiantes y de 1979-1980 de un Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Educación Superior” Con el ejemplo de la UAZ no se demuestra que esta esperanza es falsa, pero sí que los procesos de autoorganización son más complejos, y exigen más esfuerzo de la razón. ■

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