Guadalajara, Jal. Los tres hermanos privados de la libertad frente a sus familiares en su domicilio de la colonia San Andrés, la noche del viernes pasado, fueron encontrados sin vida el domingo por la mañana, pero la Fiscalía del Estado lo dio a conocer casi 24 horas después y afirmó que el crimen pudo deberse a una confusión.
Ana Karen, de 24 años; José Alberto, de 29, y Luis Ángel, de 32, de apellidos González Moreno, fueron sacados de su hogar a golpes, empellones y amenazas por unos ocho sujetos con armas largas, uniformes color caqui y encapuchados, cerca de las 11 de la noche. Por lo menos uno de los agresores portaba en su chaleco antibalas las siglas del cártel Jalisco Nueva generación.
Los cadáveres fueron encontrados la mañana del domingo en el kilómetro 27 de la carretera Guadalajara-Colotlán, cerca de la comunidad El Pueblito, municipio San Cristóbal de la Barranca; sin embargo, inicialmente no se reveló que se trataba de los tres hermanos, uno de ellos (José Alberto) estudiante de la carrera de Geografía en la Universidad de Guadalajara.
La hipótesis de la confusión, presentada por el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, se basa en que el mismo viernes, media hora después de que los hermanos fueron secuestrados por el comando, en Tlaquepaque fue atacado un vehículo en el que viajaba un civil custodiado por personal de la Fiscalía General de la República, persona que el funcionario evitó identificar, pero dijo que vivía en la misma calle que las víctimas.
“Al parecer los jóvenes llevaban una vida aparte. No sé si podrían tener una relación vecinal (con el hombre que custodiaban los agentes de la FGR). Siempre existe la posibilidad (de una confusión), nunca la dejamos de lado. Sabemos que estos grupos del crimen organizado tienen que actuar de manera rápida y es posible que hayan cometido un error”, expuso Solís en rueda de prensa virtual.
La agresión en Tlaquepaque contra el hombre sin identificar y sus custodios de la FGR no dejó víctimas debido a que el vehículo en que viajaban es blindado.
Junto a los cuerpos de los hermanos las autoridades encontraron una manta con un mensaje contra el gobierno, el cual señalaba que los policías deben evitar andar vestidos de civil y en vehículos sin rotular, de lo contrario les pasará lo mismo que a los muchachos.
El gobernador Enrique Alfaro no se había manifestado luego de darse a conocer la desaparición de los tres jóvenes. Este lunes lamentó lo ocurrido y se comprometió a detener a los responsables; pidió a los ciudadanos unidad “sin mezquindades ni politiquería. La amenaza no nos va a intimidar. Es evidente que con estos ataques quieren someter al gobierno. No lo van a lograr”, advirtió el mandatario de Movimiento Ciudadano en sus redes sociales.
Ese mensaje de inmediato generó reacciones de numerosos usuarios, quienes criticaron que el gobernador no se refiriera durante tres días al tema y cuando finalmente lo hizo tuviera “el cinismo” de querer transformar esa tragedia en una victimización de él y su gobierno.
En Twitter, con las etiquetas #Alfaro y #Jalisco, lo ocurrido se convirtió en tendencia nacional durante todo el lunes.
Jalisco, primer lugar en desapariciones: 12 mil 631
La Comisión Estatal de Derechos Humanos calificó de “desesperante” la situación que se vive en Jalisco a causa de las desapariciones forzadas, las ejecuciones, los feminicidios y otros homicidios dolosos, la cual “ha rebasado la capacidad de las autoridades municipales, estatales y federales”.
Recordó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, este lunes había 12 mil 631 reportes correspondientes al estado, mientras el Sistema de Información sobre las Víctimas de Desaparición señala que al 31 de marzo de 2021 eran 10 mil 247, lo cual coloca a Jalisco en primer lugar nacional.
Pidió que, ante una situación “que ha alcanzado niveles alarmantes de sufrimiento colectivo”, se convoque a una reunión urgente de autoridades de los tres niveles de gobierno para elaborar un plan focalizado, eficaz, con acciones y medidas contundentes e información oportuna para la sociedad, y que se salvaguarden vidas y bienes de los jaliscienses.
El organismo demandó además la inmediata reparación integral del daño a cientos de familias de víctimas que siguen esperando resultados y saber si sus seres queridos continúan vivos.
