Con mi aprecio perpetuo a Mariela Sánchez
Durante las últimas semanas hemos asistido con tristeza y preocupación a la terrible situación que enfrenta el país hermano de Colombia. Aquella, la nación soñada y fundada por el gran Bolívar, hoy se enfrenta al cansancio, el hartazgo de una ciudadanía que ha venido superando retos impresionantes de violencia, reconfiguración política y el arrebato del poder entre figurines que parecen no pasar de moda (léase Álvaro Uribe). En fin que, he dado con el extraordinario relato de la revista española Contexto, escrita por María Fernanda Valdés y Kristina Birke, titulado El estallido colombiano, en el que bien se describe cómo una sociedad, de por sí en plena lucha por lograr el desarrollo, se ha enfrentado a una clase política sin intención alguna de consultarla, ni realizar un esfuerzo deliberativo sobre temas de trascendencia en tiempos de crisis como nunca antes vista, motivada sí por la pandemia del Covid-19, pero cuya gota que ha derramado el vaso ha sido un esfuerzo no bien calculado de impulsar una reforma fiscal, que para variar, castiga a la clase media, no deja muy en claro como beneficia a la clase baja, pero sí es evidente, un beneficio amplio para la clase alta de aquella apreciada nación.
Como seguramente el lector ya sabe, el esfuerzo político para pasar la llamada Ley de Solidaridad Sustentable, iba por buen camino, el acostumbrado. Con el respaldo de Uribe, parecían tenerse los suficientes votos en el Congreso colombiano para su aprobación, como lo registran las autoras: Hasta ese momento, parecía tratarse de otra propuesta de reforma tributaria impopular que iba a ser aprobada en la sede parlamentaria. Y, sin embargo, algo pasó, según registra el artículo: el futuro de la reforma no se definió en el Congreso, como había sucedido siempre, sino en las calles, lo que marca un hecho inédito en Colombia (…) La ley dejó en evidencia la desconexión entre la tecnocracia colombiana y su pueblo.
Lo sucedido hoy entre la sociedad y el Estado colombiano, es un buen ejemplo práctico, de cómo, anteriores esquemas, como el de la gobernabilidad, han quedado superados por los de gobernanza, y más aún, los del gobierno abierto. En el primer caso, de lo que se trata es de lograr cierto grado de consenso en la pluralidad de la clase política o representante; en el segundo, de un esfuerzo por incluir en las tareas del estado, en sentido colaborativo y corresponsable, a la sociedad y sus sectores, pero el tercero, el del gobierno y aún más, el del Estado Abierto, significa no solo un esfuerzo por lograr incluir a la sociedad y todos sus actores, en la corresponsabilidad y la colaboración, sino también con información de calidad, con máxima transparencia, y lo que es más, con voluntad política, cierta y amplia, para convocar en todo momento a un ejercicio de deliberación democrática, en el que se explique con sencillez, pero sin simplificar, los problemas, las potenciales soluciones, se consulte y se aprecie la experiencia social, se ponga en práctica la capacidad política del diálogo, más allá del parlamento, el gabinete, o los centros del poder: en la calle, en la comunidad, en la plaza pública. Ese esfuerzo, en tiempos de redes sociales, fake news, exceso de información, crisis institucionales y todo lo que podamos sumarle, se vuelve inherente al ejercicio de gobernar.
Colombia hoy nos da una gran lección: más vale abrir el Estado, a que la sociedad rompa la puerta para entrar.
@CarlosETorres_
